Jorge Radice estuvo en dos lugares claves de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): en los grupos que salían a secuestrar y en el área que se ocupaba de hacer negocios con lo que les robaban a quienes secuestraban y desaparecían. Con los años se ocupó también de administrar esos bienes, integrarlos a su patrimonio familiar y tratar, de esta forma, de borrar el origen espurio de esos activos. Tuvo para ello la ayuda de su hermana menor, Norma Berta Radice, que también es contadora como él. Así lo entendió la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento por lavado de activos que había dictado en diciembre pasado el juez federal Ariel Lijo contra los dos hermanos Radice.

Dentro del campo de concentración de la Armada, Radice era “Ruger” o “Gabriel”, un contador especializado en el uso de armas --según surge de su legajo y como él mismo se jactó ante la justicia cuando le tocó declarar en el Juicio a las Juntas. Afuera de la ESMA, era Juan Héctor Ríos. Con esa identidad falsa se dedicaba a los negocios del grupo de tareas mientras se seguía construyendo como el hombre de confianza del mandamás de la Armada, Emilio Eduardo Massera. Así fue que el 14 de junio de 1978 adquirió una propiedad en Besares 2019 (unidad funcional 1) y en octubre otra (unidad funcional 2). En Besares, por ejemplo, la Armada montó una productora de contenidos audiovisuales llamada Chroma SA, en la que eran empleadas personas que estaban secuestradas en la ESMA y sometidas al régimen de trabajo esclavo.

Los dos inmuebles de Besares como el que estaba ubicado en la calle Warnes 350/52 pertenecían a personas detenidas ilegalmente en la ESMA. En Warnes funcionó una de las tres inmobiliarias del grupo de tareas en las que vendían las propiedades de los desaparecidos. Otra de las inmobiliarias estaba ubicada en Jaramillo 3083/87, un inmueble que había comprado el padre de los Radice en octubre de 1978.

Esas son algunas de las nueve propiedades que pasaron por manos de los Radice y que tuvo en cuenta el juez Lijo para dictar el procesamiento. Además de los inmuebles, la familia Radice tuvo once vehículos, cinco caballos de carrera --apropiados aparentemente a otro detenido-desaparecido-- y tres embarcaciones. Los Radice también crearon un entramado de sociedades radicadas en el exterior para alejar a los bienes de su origen espurio.

Los Radice buscaron la nulidad del procesamiento de Lijo. Dijeron que la causa se había iniciado con información de inteligencia, algo que los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah descalificaron. Norma Radice buscó también decir que, al momento en que empezó la compra de propiedades, ella era menor de edad. Sin embargo, la Cámara recordó que el robo de bienes ya estaba acreditado; lo que se está investigando es cómo la familia Radice hizo después para esconder de dónde salían esos bienes – y en ese entramado Norma Berta Radice jugó un rol importante.

“Con todo, este cuadro de relaciones (no únicamente personales, sino comerciales), repetidas, contemporáneas y de negociaciones cruzadas entre quienes, según distintos pronunciamientos judiciales, participaron en la apropiación de bienes a personas desaparecidas con un resultado económico relevante a partir de ello y otros involucrados (familiares en algunos casos), es suficiente prueba de la conexión ilícita entre los delitos precedentes, su producido y la posterior inserción de aquellos (parte al menos) en el mercado, constituyendo un entramado que razonablemente puede vincularse al fin de disimular ese origen”, sostuvieron Farah e Irurzun. “Se buscó ocultar dinero cuyo ingreso no estaba justificado y que provenía de un delito con contenido económico, porque generó beneficios dinerarios para los involucrados que aún continúan con su administración”, añadieron.

El único logro que alcanzaron los Radice es que la Cámara les anuló el embargo por 200 millones de pesos. Los camaristas sostuvieron que no estaba fundado por qué el juez había determinado esa suma y le ordenaron a Lijo que dicte una nueva resolución. La Cámara también anuló la prohibición de salida del país de Norma Berta Radice. En nada impacta esa resolución en su hermano porque está detenido en el penal de Ezeiza por los crímenes cometidos en la ESMA.

La pesquisa sobre el robo de bienes a los detenidos-desaparecidos de la ESMA se inició en 2007. Radice está procesado en otro tramo junto con Jorge "Tigre" Acosta. En éste, fue el juez Sebastián Casanello quien decidió llamarlo a indagatoria junto con su hermana. Después, fue Lijo quien los indagó y los procesó.

En la investigación sobre el lavado de activos intervinieron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –convocada por el fiscal Eduardo Taiano–, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. La Unidad de Información Financiera (UIF) es también querellante en la causa.