Dos nuevas imputaciones se realizaron en el marco de la causa que se sigue contra la médica residente Miranda Ruiz, quien estuvo presa por unas horas y acusada por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el marco de la Ley 27.610. Las nuevas acusaciones son en relación a una irregularidad que aparece en un certificado que indicaba que el feto abortado estaba sin vida y a la vez, lo contrario.

Aunque ayer otra vez hubo medios de comunicación que insistieron en la versión de que en el momento del aborto se “escuchó” el llanto de una criatura, fuentes de la investigación judicial indicaron que en la causa no hay elemento alguno que corrobore esta afirmación.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia confirmaron a Salta/12 que los nuevos imputados son un “operador de identificación del Hospital (Juan Domingo) Perón” de Tartagal y un “médico ginecólogo que se encontraba de guardia al momento de extender el certificado”. La acusación en contra de ambos es por “falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”.

El ginecólogo imputado es Marcelo Cornejo, quien había estado de guardia el día que la joven embarazada abortó tras tomar pastillas sublinguales.

Hasta donde se pudo conocer, en el certificado se indica que el feto nació muerto, pero a la vez se incluye un puntaje que daba a entender lo contrario. Se trata de establecer si ese puntaje fue plasmado en el certificado por decisión del técnico o si fue voluntad del médico. En principio, especialistas afirman que este puntaje debe ser determinado por un profesional de la salud.

Cornejo es el mismo médico que en 2020 fue denunciado penalmente por Miranda Ruiz por abuso en perjuicio de una menor de edad. A esta acusación se sumaba una presentación administrativa ante el Hospital. Las denuncias indicaban que el médico habría solicitado sexo o dinero a pacientes gestantes que querían realizarse el aborto. La práctica se habría realizado de manera clandestina.

Tras la denuncia penal que realizó Ruiz luego de que se enterara de los hechos de boca de una adolescente, y solo después de la publicación mediática de esa denuncia, la fiscala de Violencia Familiar y de Género de la ciudad norteña, Lorena Martínez, imputó a Cornejo, en mayo de 2021, por el delito de abuso.

La hipótesis de una vendetta

El 24 de agosto, tras una revisión por parte de un equipo interdisciplinario del Hospital tartagalense, Ruiz dio el tratamiento de interrupción del embarazo con pastillas sublinguales a una joven de 21 años que había solicitado esta práctica legal. Las pastillas las debía tomar la propia embarazada y la defensa de Ruiz afirmó que no había manera de obligarla a hacerlo, por lo que no entienden como pudo configurarse el delito de “obligar” a realizarse un aborto sin consentimiento. Ruiz dejó a la joven con el tratamiento y quien había quedado en la guardia ginecológica y debía atenderla era Cornejo.

Los familiares de la joven, que no compartían su decisión, se enteraron de que había pedido la práctica. Además de la oposición familiar, la joven tuvo también una fuerte presión pública, impulsada por la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, quien mediatizó el caso difundiendo los datos de la joven gestante. 

Los familiares hicieron la denuncia penal y desde ese momento, el fiscal penal Gonzalo Vega imputó solamente a Ruiz, a pesar de que la médico actuó junto a un equipo interdisciplinario, y el juez de Garantías de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, dispuso su detención por algunas horas el 3 de septiembre del año pasado.

La sospecha es que hubo dos intereses claros al apuntar contra Ruiz: por un lado, una presunta venganza de Cornejo por haber quedado imputado en la causa por abuso y, por el otro, un interés más compartido por parte del sector de representantes antiderechos que van en contra la ley que legaliza el aborto. Allí se sumaría además la intención de disciplinar a quienes quieran garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.