Doce instituciones de Nivel Inicial, 6 de educación primaria, 8 de secundaria y 8 de técnica ubicadas en Salta Capital, el Valle de Lerma y la localidad de La Caldera, suspendieron las clases el jueves último debido a la lluvia que azotó la zona.
Este detalle fue informado por el Ministerio de Educación de Salta tras insistentes consultas. La cartera mencionó que las causas de la falta de clases fueron varias: anegamiento de los caminos, falta de energía eléctrica y, por lo tanto, de agua, “y las menos, por problemas edilicios”.
En aquellos lugares en donde la infraestructura siguió (y sigue) siendo un problema, las clases ayer no se reiniciaron. Se esperaba conocer qué podía suceder la otra semana, dado que todo depende de las lluvias. El pronóstico indica que se extenderian durante la otra semana también.
“Hicimos una presentación de los distintos establecimientos con dificultades”, contó a Salta/12 Victoria Cervera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA). Las observaciones de la docencia se hicieron desde el día en que comenzaron las clases, y hasta ahora se dieron a conocer las situaciones de al menos 15 establecimientos, la mayoría de la ciudad de Salta y la Escuela de Educación Técnica (EET) 3010 de Metán, en el sur de la provincia. En este caso en particular, también cuestionado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Ténica (AMET) en un acta presentada ante el Ministerio de Educación, el problema es que la obra de refacción del edificio durará un año, y por ahora las clases son virtuales.
Cervera dijo que en las últimas negociaciones paritarias el tema edilicio no fue abordado. Pero sí se comprometió un trabajo sobre el tema en las mesas técnicas “y lo vamos a hacer el resto del año”, agregó.
Ayer desde el gobierno provincial se indicó que para la semana que viene “está previsto el inicio de obras en la escuela N° 4643 ‘Joaquín Castellanos’, de la ciudad de Salta. Los trabajos se realizarán en los sectores del establecimiento educativo que requieren intervención”.
Se añadió que “de acuerdo al proyecto, está prevista la refacción de techos, el reemplazo de cubiertas en el sector galería, acceso, aulas y cocina, trabajos en canaletas y caños de desagües pluviales en el sector de galería y la colocación de un sobretecho en el sector de las galerías – acceso a aulas”.
También se demolerá la losa afectada, además de disponer la ejecución de aislaciones y cerramientos, trabajos en cielorrasos y en desagües pluviale, así como también de pintura, entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas indicó que en las obras ”se invertirán $3.166.043,59 y el plazo de ejecución será de 60 días”.
Responsabilidad civil y penal
El 15 de junio de 2007, durante la hora de almuerzo, la directora y docente de pluriaño de la escuela del paraje San Isidro, en Iruya, perdió de vista a un nene de jardín. Horas después fue encontrado muerto en un barranco. El 10 de junio de 2013, un niño de 9 años perdió la vida por el derrumbe de una pared, mientras estaba en una clase de agronomía, dentro del predio del Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes, ubicada en Salta Capital.
Por el primer caso, se responsabilizó civilmente a la directora de la escuela, que tuvo que abonar 12.500 de los 250 mil pesos que debía pagar el Estado para resarcir a la familia del niño de Iruya. Ello pese a que la docente cumplía funciones de directora, maestra jardinera y de grado a la vez, y además debía dar el almuerzo a los alumnos.
Por el segundo caso, se condenó al jefe de Mantenimiento del Hogar Escuela por homicidio culposo a la pena de un año y seis meses de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer el cargo en cualquier institución pública. A ese juicio llegaron cinco agentes del Estado. Además se había imputado a un sexto docente a quien se declaró inimputable por haber sufrido problemas siquiátricos tras el deceso de la criatura. En aquel momento, el ministro de Educación era el actual titular del Ministerio de Economía, Roberto Dib Ashur. Cuando dejó su cargo en la cartera educativa, el funcionario afirmó que la muerte de este niño fue para él el momento más doloroso que tuvo que atravesar.
Frente a esa situación y la condición de la infraestructura, hubo más de un intento de los sindicatos docentes de determinar cláusulas que protejan a sus afiliados de estas responsabilidades. “Es algo que se debe trabajar a nivel de legislación nacional para reveer y determinar hasta donde alcanza la responsabilidad que tiene el Estado”, consideró Cervera. Afirmó que desde los gremios se interpreta que la responsabilidad no debe recaer en los agentes estatales cuando se trata de los problemas de infraestructura o falta de recursos. Sin embargo, al menos en estos dos casos, la Justicia dispuso responsabilidades civiles y condenas penales.
En paralelo, una de las preguntas que sobrevuela esta situación que existía desde antes pero se visibilizó por la lluvia del jueves último, es qué sucedió durante la etapa de la pandemia cuanado la suspensión de clases presenciales ofrecía una oportunidad para refaccionar los edificios escolares.
