Sabían que las iban a matar. El fiscal federal Federico Zurueta destacó ese dato, en la continuidad del extenso alegato que vienen exponiendo junto a la auxiliar fiscal Marina Cura, al referirse a los secuestros y desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Alicia María del Valle Ranzoni y Juana Francisca Torres, que fueron investigados en la conocida como Causa Scurta, una de las 15 acumuladas en este juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Federal de Jujuy. Los alegatos seguirán el próximo miércoles. 

En la Causa Scurta también se investigan los secuestros y desapariciones de cuatro varones: Pedro Eduardo Torres (hermano de Juana), Jaime Lara Torres, Osvaldo Giribaldi y Jorge Ernesto Turk. Ellos también sabían que los iban a matar, Pedro, casi un niño de 16 años, se lo había dicho en dos oportunidades a su cuñado Mario López, pareja de Juana, que también estuvo detenido y sobrevivió para dar su testimonio, recordó el fiscal. 

La maestra Dominga  Scurta, asesinada a la edad de 37 años, fue detenida el 26 de mayo de 1976 por miembros de la Policía de la provincia que ingresaron a su casa en la ciudad de San Salvador cuando estaba solo su hija Claudia, que entonces tenía 15 años. Cuando llegó, tras ser interrogada, Dominga pidió permiso para entrar al baño e ingirió un frasco de pastillas, por eso la llevaron al Hospital Pablo Soria, de donde la sacaron ni bien recuperó la conciencia sin alta médica. Luego la llevaron al Comando Radioeléctrico, en la Central de Policía, donde fue torturada e interrogada. 

El 1 de junio fue llevada al penal de Villa Gorriti, donde fue alojada en el Pabellón 4 “en las mismas condiciones inhumanas de vida a las que ya hemos hecho mención”, subrayó el fiscal, que recordó que la llevaban a la Central para interrogarla bajo tortura. Sus captores “se ensañaron específicamente en la zona de sus genitales" un detalle no menor, señaló el fiscal, dado que se sabe que Dominga "había padecido un cáncer de útero" y es de suponer que los terroristas lo sabían.  

También Ranzoni, desaparecida a los 34 años, era llevada a la Central para ser interrogada y torturada; el mismo maltrato recibió Juana, que tenía 21 años. Alicia tenía el tímpano destrozado; Dominga, todo el cuerpo morado, y Juana “tenía todo el cuerpo morado, y especialmente una pierna”, recordó el fiscal. 

Alicia Ranzoni era maestra, enseñaba en El Talar, en Ledesma. Fue secuestrada el 28 de mayo de 1976. De Libertador General San Martín la llevaron a la comisaría de Yuto y de ahí al Comando, donde la torturaron y finalmente, la dejaron en el Pabellón 4 del penal de Villa Gorriti. “Estuvo en las mismas condiciones inhumanas”, destacó Zurueta.

Juana Torres, integrante de una familia oriunda de Metán, en Salta, fue secuestrada el 25 de junio de 1976, en San Salvador. Había ido a la casa de sus padres a buscar ropa, porque estaba en el hospital con su pequeña hijita internada. La incertidumbre sobre el destino de su hijita fue otra tortura que sufrió la joven madre. 

Las tres, junto a los cuatro varones compañeros de infortunio, fueron sacadas del penal el 10 de junio de 1976. Cinco siguen desaparecides. El cuerpo de Dominga fue encontrado, en un predio del Ejército en Alto Padilla. Había sido sepultado el 14 de julio de 1976 como NN en el cementerio de Yala, y recién en 1984 fue exhumado y se determinó como posible fecha de muerte el 12 de junio de 1976. En 2016 restos del cuerpo de Osvaldo Giribaldi, de 27 años, fueron identificados en el Pozo de Vargas en Tucumán, donde había sido visto en el centro clandestino de detención El Arsenal. 

El fiscal detalló que en el libro de seguridad externa n° 5 se hizo constar que a 1.10 del 10 de junio de 1976 el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del área 323, Juan Carlos Jones Tamayo, solicitó que se prepare a las 7 víctimas porque iban a ser retiradas. A las 8 de la mañana se asentó que fueron entregadas a Tamayo y al sargento del Ejército Darío Cesáreo Díaz "en perfecto estado de salud". Esta anotación, afirmó el fiscal, se debe a que “Las personas que estaban a cargo de las víctimas sabían cuál era el destino final que les esperaba” y “buscaron” cubrirse. 

Las mismas celadoras sabían que iban a matar a las tres mujeres detenidas, las testigos, recordó Zurueta, les decían que las habían sacado para matarlas, que no iban a volver, pasaban por el frente de esas celdas y se persignaban, incluso una celadora, de apellido Teme, “tenía cara de espanto”.

En este punto el fiscal citó el testimonio de la ex detenida Gladys Artunduaga, que relató que pidió a la celadora que permitiera "a Juanita", como la llamó, estar en su celda por unos minutos, entonces la joven le dijo “esta madrugada nos van a boletear”. El fiscal recordó que Artunduaga dijo que ella trataba de contener a Juana, le puso un abrigo y un pañuelo en el cuello porque hacía mucho frío y “Juanita parecía un niño dejándose arropar”. 

Esa misma noche Juana les dio a ella y a otra detenida, Martina Chávez, lo único que tenía, una cadenita, encargándole que le entregaran a su hijita, si “alguna vez la veían”. "Estaba plenamente consciente de que las iban a matar a las tres", contó Gladys.

Una familia perseguida 

Juana integraba una familia obrera de militancia política. Además de su hermanito Pedro Torres, también su hermana Hilda Ramona Argentina Torres fue secuestrada el 13 de febrero de 1976 en William Morris, Buenos Aires, y fue desaparecida cuando tenía 18 años junto a su marido, Roque Orlando Montenegro, de 20 años. Junto con la pareja fue secuestrada su hijita, Hilda Victoria Montenegro, quien fue apropiada y que pudo reencontrarse con su familia biológica en 2001. 

La desaparición de Pedro Torres se investiga también en este proceso. El adolescente fue secuestrado el 22 de junio de 1976 en Jujuy. Su cuñado, Mario López, pareja de Juana, contó en este proceso la tristeza que invadía a Pedro porque, además de que lo habían torturado hasta el hartazgo, le habían anticipado que ni él ni su hermana saldrían con vida. 

Es claro que esos "avisos" de muerte eran parte de la tortura. Lo contaron les sobrevivientes que declararon en este proceso. Gladys Artunduaga sostuvo que los carceleros Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz y Néstor Sing, a los que señaló como los responsables del pabellón de mujeres en el penal de Villa Gorriti, caminaban "metiendo mucho miedo y decían a las detenidas que les quedaba poco tiempo", relató. Dijo que mientras estuvo en esa cárcel sufrió "terror y angustia. Nos desesperábamos cuando abrían una celda, teníamos la idea de que nos sacaban para aniquilarnos".

Sobre las otras víctimas incluidas en esta causa, la fiscalía reseñó que en todos los casos fueron torturados e interrogados. Jaima Lara, que era profesor de arte, fue secuestrado 28 de mayo de 1976 en su casa de San Salvador por policías de civil, y finalmente fue alojado en el Pabellón 5 del penal de Villa Gorriti.

Entre las torturas, la fiscalía destacó la situación de Osvaldo Giribaldi, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de 27 años, que ingresó al penal con una herida "muy grave" en la pierna y no fue curado inmediatamente, aunque luego sí lo llevaron a enfermería, lo que la fiscalía interpretó como una acción con el único propósito de posibilitar su traslado a Tucumán, para seguir torturándolo e interrogándolo antes de la disposición final, que en este caso era el asesinato y la desaparición.

Sobre el abogado Jorge Ernesto Turk, de 32 años, la fiscalía refirió su sufrimiento preguntándose si iba a tener "la oportunidad" de ver a su hija y "Lloraba a gritos despidiéndose de su hijita y de su mujer". El nombre de Turk es muy conocido por los organismos de derechos humanos de Salta porque en su momento fue incluido entre las víctimas de la Masacre de Palomitas y se informó falsamente que había muerto en un enfrentamiento en Ticucho en Tucumán.

La ilusión de la libertad 

Fue parte de la tortura también ilusionar a las víctimas con que serían liberadas. Incluso les hacían firmar las actas de liberación, recordó la fiscala Cura. “Todo esto se aplicó como parte del plan sistemático criminal que tendía a lograr la despersonalización de las víctimas, a quebrar su voluntad” y “a obtener también nuevos objetivos de deserción” y “aniquilar también lo que se denominó el enemigo”, aseguró.

Cura también afirmó que el ensañamiento con estas víctimas tuvo que ver con que  pertenecían o tenían que ver con el ERP.