El senador por Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, quien renovó en agosto del año pasado su banca legislativa acompañando listas saencistas, volvió por estos días a ser noticia del ámbito judicial ya que, según el asesor legal de la intendencia de esa localidad del Valle de Lerma, Mauro Martina, sus compañeros en el Senado deberán definir por estos días si dan curso al pedido de la Justicia para quitarle sus fueros “o se demuestra que tiene protección política”.

Según el abogado que escogió el intendente, Enrique Martínez, el Tribunal de Impugnación de la Sala IV, le solicitó al Juzgado de Garantías de Segunda Nominación, que insista ante la Cámara de Senadores de la provincia para que la causa por delitos de corrupción siga su trámite. Para ello necesitan al legislador sin la inmunidad que le otorga el cargo.

Martina afirmó que el 2 de marzo el Juzgado emitió una resolución en la que dispone la continuidad del proceso contra Ramos. 

Sin embargo, tanto desde las autoridades administrativas del cuerpo como todos los senadores consultados por este medio, negaron la existencia de esa resolución, o al menos que haya sido presentada hasta el momento en ese recinto.

“Cuando entre, si es que entra finalmente, tendremos que discutirlo”, contestó el representante por La Caldera, Miguel Calabró, que considera que es un tema fundamentalmente político entre la gestión de Enrique Martínez y Ramos. Además señaló que está al tanto de la causa que pesa contra su par de Rosario de Lerma ya que estuvo trabajando varios meses como asesor del intendente Martínez, y dijo que ya le adelantó su parecer al legislador investigado.

Ramos no quiso explayarse en sus declaraciones, aunque aclaró que el pedido de desafuero ya se había resuelto durante 2021, y afirmó que ahora la intendencia de Rosario de Lerma es la que agita esta noticia “para tapar algunos temas municipales y otras cuitas internas que tienen, y que el día que se destapen van a dar mucho que hablar”.

“El pedido existe, se hizo de manera electrónica y es para poder continuar con la causa” insistió Martina. Y añadió que esa comunicación electrónica ya llegó al Senado aunque lo nieguen, y que próximamente llegará la notificación en papel “porque al municipio ya nos notificaron como querellantes y tenemos el escrito en mano”.

“Van a tener que tratar el desafuero del senador porque lo único que falta es fijar la fecha del juicio oral y público”, añadió el abogado quien explicó que hasta que el Senado no se expida “el juez no puede poner una fecha porque no sabe si podrá avanzar con su sentencia o no”.

“Él (por Ramos) tiene que decir a dónde fue a parar ese dinero del que se lo acusa, porque se retiró el cheque pero no está hecha la obra”, indicó Martina quien negó rotundamente que haya una intención política de desviar la atención, porque “esa denuncia viene de la gestión anterior”. El municipio se constituyó en querellante desde 2017 cuando era conducido en aquel entonces por Ignacio Jarsún, que sucedió a Ramos en la intendencia.

“Siempre tuvo apoyo político para zafar de las como 80 denuncias que tiene, incluso una de ellas prescribió por eso mismo, pero parece que en esta oportunidad no le va a ser fácil”, manifestó el abogado, a la vez que subrayó que “no se le inventó ninguna causa, es todo consecuencia de lo que él se mandó”.

En junio del año pasado los fueros de Ramos ya estuvieron en riesgo cuando el juez de Garantías Ignacio Colombo le solicitó a la Cámara Alta que le retire sus poderes al legislador debido a que se negaba a presentarse en el juzgado a dejar sus huellas dactilares. Según la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, eso entorpecía la causa y para llevarlo compulsivamente necesitaban previamente su desafuero.

Finalmente, tras algunas semanas en las que, como en esta ocasión, desde el Senado sostenían que no habían recibido el pedido y desde el juzgado aseveraban que se había enviado de manera digital, fue el mismo “Topo” Ramos quien desactivó la bomba presentándose en el juzgado a que le tomen el registro dactilar de huellas digitales.

La causa que se le sigue a Ramos data de 2013 cuando era intendente de Rosario de Lerma y se lo acusa de peculado por el desvío de poco más de $340 mil que la provincia había enviado en el marco de un Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas. El dinero era para emplazar un galpón donde las cooperativas conformadas a tal fin pudieran trabajar. Los $341.715 fueron liquidados a la Municipalidad de Rosario de Lerma a través de la cuenta corriente bancaria que ese municipio tiene en el Banco Macro.

Pero la Unidad de Delitos Económicos Complejos verificó que la obra nunca se hizo, e informó que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra y tampoco pudo comprobarse que se haya realizado en otro sitio.

Posteriormente una auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto, estableció que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada. Por tanto se desconoce el destino final de los otros $311.715.

Los fueros de los legisladores provinciales están establecidos en la Constitución y le otorgan solo inmunidad de arresto, pero no de proceso, ya que se pueden desarrollar todos los actos jurisdiccionales indispensables para averiguar la existencia de delitos, siempre que no se afecte la libertad ambulatoria de los legisladores. Para retirárselos, debe haber acuerdo de los dos tercios de los integrantes del cuerpo.