La muerte de una mujer que cayó de un colectivo en marcha de la línea 7B la semana pasada, abrió una serie de protestas. Estas comenzaron con un grupo de usuarios reclamando mejoras en el servicio, para que no los lleven como “ganado”, pidiendo hasta la cabeza del titular de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA), y culminó ayer con una treintena de choferes en las puertas de la empresa apuntando contras las condiciones laborales, que provoca, según indicaron, que se produzcan muchos de los accidentes de tránsito que ellos protagonizan.
El delegado de la línea 6A, Diego Corvalán, dijo a Salta/12 que el principal motivo de la manifestación es que ya no pueden seguir soportando horarios “casi sin descanso” en puntas de línea, en los que el tiempo que tienen para realizar todo el recorrido no es suficiente, obligándolos muchas veces “a romper las leyes de tránsito por ir a velocidades no permitidas” para evitar sanciones patronales y descuentos.
También denunciaron que la nueva disposición de las máquinas que cobran el pasaje les tapa mucha visibilidad y deja al pasajero entre las escaleras y la puerta “al borde del abismo”, que es lo que suponen sucedió con el fatal accidente de la semana pasada en el que una mujer perdió la vida.
“Todo eso hace un combo muy peligroso y genera que el trabajador no pueda realizar su tarea tranquilo”, explicó Corvalán. “Siempre trabajamos bajo presión, entre la que nos impone la empresa y los prejuicios de los pasajeros que nos insultan y maltratan”, añadió.
Para el colectivero, la muerte de la mujer tras golpear su cabeza en el asfalto “fue el detonante” y aclaró que los pedidos de mejoras laborales ya llevan al menos dos o tres años, durante los cuales "presentamos distintos petitorios a SAETA y al gremio”, pero sin respuestas.
Los conductores de los colectivos de transporte de pasajeros reclamaron a su vez que desde la firma estatal les siguen imponiendo un horario acotado para cumplir el recorrido de cada línea, pero con menos unidades.
“Reducen unidades y acortan el tiempo por vuelta, obligándonos a andar un poco más rápido y con más gente, así el empresario cobra los mismos valores de kilometraje a costa de nuestras vidas y la de los usuarios”, expresó Corvalán, quien detalló que en 2019, en la línea para la que presta servicios, tenían 24 unidades, mientras hoy tienen solo 20. Aseguró que en todas las líneas sufren la misma problemática.
Contó que quienes tienen que hacer el recorrido a Campo Quijano deben hacerlo en 2 horas, con un descanso de 7 minutos por vuelta, “si no llegan a tiempo tienen que volver a salir sin descanso”, por lo que a veces están cuatro horas sin parar un momento. "Dos horas para ir y volver a Quijano es muy poco tiempo”, resaltó.
“Nos exponen a riesgos muy grandes cuando podrían tomar medidas muy fáciles”, agregó. Entre ellas mencionó que las máquinas expendedoras deberían volver al lugar donde estaban antes, detrás del chofer, y no a un costado sobre el ascenso al colectivo, ya que ahí se genera “un punto ciego” que les tapa la visión hacia el costado pero también para atrás a través del espejo retrovisor. Y “el usuario tiene que estar parado en el último escalón, sobre la puerta de ingreso, para poder marcar, a 20 centímetros del cordón”. “No es una locura lo que estamos planteando”, añadió.
También se quejaron por la falta de representatividad del sindicato. Quienes ayer se manifestaron en la puerta de SAETA sostuvieron que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) a nivel local “no hace nada”, y que cada vez que le acercan sus inquietudes, los conducidos por José Barrera les contestan siempre lo mismo “hay que esperar”, “¿esperar qué? ¿otro accidente? ¿otra fatalidad?”, se preguntó Corvalán.
“Nosotros solo queremos que nos atienda alguna autoridad de SAETA para dialogar y que nos contesten si pueden o no tomar medidas”, culminó el delegado de los colectiveros de la línea 6A, quien espera que esta vez sí sean atendidos sus reclamos a pesar de no contar con la representatividad ni el respaldo gremial de la UTA.
Búsqueda de personas
Por otro lado, SAETA informó que contribuirá con el Ministerio Público Fiscal proporcionando información sobre los viajes que realizan en el transporte urbano de pasajeros personas que están bajo investigación.
A la vez, la vicepresidenta de SAETA, Laura Montarcé, acordó con la auxiliar fiscal Roxana Gual, en representación del Ministerio Público fiscal federal, la concreción de un ciclo de capacitación para conductores sobre cómo actuar frente a casos de trata y desaparición de personas. Entre otros objetivos, buscan que los trabajadores del transporte de pasajeros incorporen un protocolo de actuación frente a posibles casos de trata.