El director de la comunidad terapéutica San Fernando de Las Lonjas, donde murieron cuatro internos en el incendio ocurrido el 24 de febrero, fue detenido tras ser acusado por homicidio simple con dolo eventual. Alan Cambra Sarife fue encarcelado y en la instancia de indagatoria se negó a declarar. El lugar donde perdieron la vida los cuatro jóvenes internados para el tratamiento de su salud mental no estaba habilitado y las condiciones de vida, o más bien de encierro, eran deplorables. La detención fue solicitada por el fiscal a cargo de la causa, Germán Camafreita Steffich, quien consideró la magnitud de la pena en expectativa y también la posibilidad de que el responsable de esa "granja de rehabilitación" entorpezca el procedimiento, porque aún restan recabarse testimonios de los sobrevivientes. La orden de arresto fue emitida por Nicolás Ceballos, a cargo del Juzgado de Garantías 6 de Pilar.

Camafreita Steffich consideró que “el imputado no cumplió con los mínimos recaudos de seguridad e higiene previstos para una organización de tal envergadura, tales como: matafuegos, colchones ignífugos, plan de contingencia, personal terapéutico idóneo, médicos y enfermeros encargados para suministrar la medicación a los pacientes, accesos y salidas de emergencias del establecimiento, iluminación de emergencia, como así tampoco cumplió con lo recaudos administrativos al no contar con la debida autorización legal emitida por la autoridad competente, en rigor, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llevando con su accionar al resultado fatal".

La causa de muerte de las cuatro víctimas, según indicaron las autopsias, fue un paro cardiorespiratorio traumático como consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono. También se comprobó que la instalación eléctrica era “muy precaria, que había cables colgando por todos lados” y que los pacientes eran los encargados de la refacción y mantenimiento de la propiedad. La investigación reveló situaciones tales como la falta de camas, es decir que no todos los allí alojados poseían donde descansar, algunos debían hacerlo en colchones sobre el piso sucio. Además, sólo podían salir por unos minutos al patio aquellos que no se quejaban de las condiciones de internación.

Tras el incendio la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires, inspeccionó el lugar junto con el del Consejo municipal contra la violencia estatal de Ramallo, cuyo director es Luis Onofri, y se entrevistó con las personas allí alojadas y sobrevivientes. En esa intervención constataron la sobremedicación, las condiciones de reclusión extrema sin ninguna asistencia, nula atención psicológica incluso frente a intentos de suicidios, la carencia de actividades educativas o recreativas, como así también golpes, palazos, secuestros y condiciones inhumanas de detención en la comunidad terapéutica San Fernando y San José, que además no contaban con habilitación ni control estatal alguno. Así lo denunciaron en el habeas colectivo que se presentó en ese momento.

En noviembre de 2021 murió Ramón Ezequiel Ibarra en la otra sede del Centro Terapéutico del cual Cambra Safire también es el director. Para el fiscal esto da cuenta de que el hombre conocía "las consecuencias que pudo evitar con tan sólo haber cumplido los mínimos recaudos establecidos para un centro de ese tipo, sin embargo, y aún sabiendo el posible resultado fatal que en esta ocasión culminó con la vida de cuatro jóvenes, no adoptó medida alguna tendiente a evitar el mismos".

Al solicitar la detención --que se concretó el jueves pasado--, el fiscal afirmó que “la sumatoria de gravosas circunstancias relevadas a lo largo de la presente investigación, revela un grosero menoscabo por parte de Cambra Sarife a las leyes y consecuentemente a los bienes jurídicos de alto tenor (vida e integridad de las personas). No estamos ante un descuido mínimo y común. Tampoco estamos ante una conducta temeraria”. 

La CPM denunció que "el Estado tiene la responsabilidad de desempeñar el poder de policía al habilitar y fiscalizar estas instituciones privadas, sin embargo delega la atención de la salud mental y el abordaje de las personas con consumo problemático de sustancias y adicciones, permitiendo una total discrecionalidad”. Los jueces también son responsables porque "no conocen los lugares donde derivan a los jóvenes que deben ser tratados como pacientes, y no realizan un seguimiento de esas internaciones”.

Los fallecidos en la granja San Fernando tenían entre 20 y 30 años, estaban privados de su libertad en una celda, bajo llave y con barrotes. Según el periodista especializado Pablo Galfré, en medio de una crisis psiquiátrica, uno de los internos prendió fuego un colchón y ya nada apagó el fuego. Galfré, autor de La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Ed. Sudestada, 2017), lleva contadas 14 muertes en instituciones similares. Algunas de esas historias fueron contadas por Página/12.