La Justicia porteña hizo lugar a un amparo presentado por vecinos y vecinas de Parque Chacabuco y frenó la construcción de dos torres en Avenida Asamblea y Pumacahua, pleno barrio de casas bajas. La medida cautelar fue otorgada por la jueza Andrea Danas, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, luego de que la asamblea vecinal denunciara la ilegalidad del permiso de obra otorgado por el Gobierno porteño, con "un claro desconocimiento al derecho a la salud y al ambiente". "El fallo se considera un avance, pero se mantiene el estado de alerta en la continuidad de la causa judicial para llegar a una solución definitiva", advirtieron tras el fallo desde el colectivo "Parque Chacabuco No a las Torres".
"Hace un año, en el verano de 2021, empezamos a ver movimiento en una de las manzanas del barrio. Esta es una zona de casas bajas, con árboles, cielo despejado, en la que se escuchan los pajaritos, así que empezamos a preguntar y nos enteramos de que estaban empezando a hacer una serie de edificios sobre esa cuadra", contó a Página/12 Analí López Almeyda, integrante del colectivo que presentó el amparo ante la Justicia.
"En el predio más grande, en el que hay una mansión, colocaron un cartel que anunciaba que se estaba vendiendo el pozo para inversores: dos edificios descomunales, uno de 21 pisos y otro de 12", continuó López Almeyda. El emprendimiento en cuestión lleva el nombre de Alto Grande Asamblea, a desarrollar en más de 20 mil metros cuadrados del predio ubicado en Asamblea y Pumacahua. Lo particular es que en ese sitio hay una tradicional casona del barrio, que aún no fue demolida.
"Cuando empezamos a hacer pedidos de información, nos encontramos con que en los trámites del permiso de obra los desarrolladores presentaron una declaración jurada que dice que ya demolieron la casa y que no encontraron asbestos. A raíz de eso el GCBA consideró a la obra como de 'impacto ambiental sin relevante efecto' y otorgó el permiso", indicó la vecina de Parque Chacabuco, que señaló que "la casa está ahí, intacta, todavía se usa como set de filmación". De haber catalogado al impacto de las obras como de "relevante efecto", el proyecto debería haber pasado por audiencia pública, tal como lo establece la Ley 123 de CABA, que estipula los mecanismos de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos inmobiliarios.
"El objeto de la acción de amparo interpuesta es que se disponga la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se otorgaron los certificados de aptitud ambiental y los permisos de obra de este predio", explicó, en tanto, Jennifer Honeker, abogada del grupo de vecinos y vecinas. La jueza constató la ilegalidad de los documentos y decidió así suspender cautelarmente la ejecución de las obras.
"Básicamente el GCBA no constató la veracidad de la documentación presentada por las distintas empresas", precisó Honeker, que aseguró que el expediente administrativo está "plagado de irregularidades". "La última modificación del Código de Edificación limitó las alturas para la construcción de edificios. Frente a ello, muchas empresas constructoras como la demandada activaron expedientes administrativos anteriores falseando cierta documentación, a los efectos de quedar encuadrados en la normativa anterior y no encontrar limite a la altura", agregó.
"A diferencia del resto de la Ciudad, a nosotros la modificación del Código de 2019 nos benefició porque estableció un límite de 11 metros de altura, pero todas estas construcciones comenzaron a tramitar los permisos de obra antes", señaló López Almeyda sobre los edificios de gran altura que se proyectan en el barrio. "Pero ninguno de esos proyectos avanzó, las obras están paralizadas, y el Código establece que si una obra está paralizada por seis meses tiene que volver a tramitar los permisos y adecuarse a la normativa actualizada. El GCBA debería declararlas paralizadas y hacerlas adecuar a la altura que establece el nuevo Código", sostuvo.
La vecina aseguró que este tipo de edificios "no resuelve ninguna necesidad de la Ciudad. Benefician a especuladores que quieren hacer dinero, pero no resuelven problemas habitacionales, únicamente vienen a traer problemas a los vecinos y vecinas. Perdemos metros cuadrados verdes por habitante, la vista al cielo y también la identidad histórica del barrio, al que elegimos por esas características". López Almeyda precisó que el amparo es "contra el GCBA, por haber otorgado los permisos. Sabemos que van a apelar y la empresa también, esto recién empieza, pero el fallo nos parece muy auspicioso".
