Reflexivo, claro y haciendo uso de una memoria histórica que enlaza los procesos Marcos Barraza, convencional por el distrito 13, psicólogo, docente universitario y ex ministro de Desarrollo Social y Familia entre 2015 y 2018 -último gobierno de Michelle Bachelet- relató la agresión que vivió este lunes por parte de grupos conservadores. “En un receso sanitario del funcionamiento de la convención, salí a tomar un café y fui agredido por un grupo de derecha denominado Pro vida, que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, como derecho de autonomía de las mujeres. En particular una mujer fue incitada por unos hombres que buscaban que reaccionara violentamente. Me pusieron una bandera de Chile en la cabeza, me zamarrearon, trataron con la bandera de asfixiarme y botarme al suelo; ese mismo grupo había intentado agredirme a mí y a otros constituyentes y agredieron a un fotógrafo".
Barraza agregó sobre lo ocurrido en un audio, este lunes: "Son grupos de ultraderecha que están agudizando las manifestaciones de odio y de violencia. La señora está presa, detenida, Carabineros en un primer momento no me defendió pese a que estaba presente pero luego la tomó detenida y vamos a presentar una querella por la agresión que sufrí. Espero que esto no quede impune porque sería una mala señal".
La entrevista al exministro se realizó en Santiago el día previo a la asunción presidencial de Gabriel Boric, cuando en la convención se trataban derechos reproductivos, entre ellos la interrupción legal del embarazo, con un escenario montado por espacios feministas en la puerta del recinto.
--Estamos ante una convención constituyente paritaria, la primera en el mundo con estas características. ¿Cómo se expresa esta singularidad?
-- Sí, un rasgo de esta convención es su carácter paritario que se ha dejado sentir en la formulación de los reglamentos de convivencia al interior de la misma. Esta es la oportunidad de consagrar derechos de autonomía de las mujeres que históricamente han sido negados. Hoy se va a votar la norma de aborto como un derecho de autonomía de las mujeres, derechos reproductivos, educación sexual, interrupción legal del embarazo. Es también fundamental avanzar en derechos económicos que permita la emancipación plena de las mujeres; todo esto encuentra resistencias, es un debate abierto. Tengo la convicción de que esta constitución va a consagrar derechos feministas como ninguna otra.
-Dentro de los derechos sociales está en debate el acceso universal a la vivienda y otros derechos económicos, sociales y culturales ¿Cómo se van a garantizar?
- Es un tema central. Justamente lo que movilizó a vastos sectores que se manifestaron del 18 de octubre de 2019 en adelante, luego votaron en el plebiscito por si existía Convención o no y luego votaron por convencionales, es la urgencia de una redefinición del contrato social. Los derechos sociales están capturados en la mercancía transable y su universalización no existe. Una de las discusiones fundamentales es consagrar estos derechos y asegurar su financiamiento y un punto clave es la nacionalización del cobre. Sin ir más lejos solo las mineras privadas anualmente generan cerca de treinta mil millones de dólares, la mitad del presupuesto del Estado. Las grandes corporaciones acumulan y se enriquecen y las privaciones las pagamos el pueblo. Existe un déficit de vivienda, listas de espera en salud enormes, las pensiones están por debajo de la línea de la pobreza, eso significa una reestructuración de muchas instituciones del Estado y el establecimiento de una garantía estatal que dé cobertura social. Es lo que estamos votando en el primer informe de derechos fundamentales.
--Se está planteando la concepción de un estado plurinacional y la autonomía en el caso de las comunidades de pueblos originarios: ¿Qué significa esto para Chile?.
- La consagración de un Estado Plurinacional es una de las principales transformaciones. Implica transversalizar los derechos de los pueblos originarios en toda la institucionalidad pública y con pluralismo jurídico, reconocimiento de territorios especiales, con estatuto propio resguardando la unidad del Estado. Esto es, naciones dentro de un mismo Estado. Es un dato de realidad que la constitución de la dictadura cívico militar es ilegitima, que niega, excluye la voluntad popular, constriñe la noción de democracia, que excluye y los pueblos originarios en todas las constituciones han sido negados; la dictadura fue particularmente violenta en su despojo a los derechos de tierra, pero esta constitución está abordando dimensiones más históricas que tienen que ver con el reconocimiento pleno de los pueblos originarios en términos de deliberación política, derechos económicos, sociales, culturales, esta constitución sería incompleta si los pueblos no quedaran debidamente representados en materia de derechos.
-¿Qué se propone en educación en vistas que los estudiantes han sido actores centrales en la historia desde la dictadura en adelante?.
- Se presentó una norma transversal desde distintos colectivos y constituyentes a la que suscribo que busca consagrar el derecho a la educación pública con un financiamiento del Estado, en todos los niveles con énfasis en el superior en las universidades del Estado asegurando la gratuidad. La reforma educacional realizada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet aseguró educación gratuita en la educación superior al 60% más vulnerable, queremos avanzar el 100%, consagrando un sistema educativo laico, pluralista, con deliberación de las comunidades, asegurando un currículum único, pero también estableciendo el carácter plurinacional y feminista o sea los parámetros de una sociedad plural.
- ¿Cuál es el debate en los temas ambientales?
-Hay una comisión de medio ambiente, modelo productivo y orden económico, ha sido probablemente la comisión que más agresiones ha recibido por parte del empresariado, las transnacionales, el establishment y de la elite; en Chile el agua es privada, el cobre una porción importante es privado, el litio se explota o se va a explotar de manera privada. Los debates sobre medio ambiente nosotros los entendemos correlacionados con los debates sobre modelo productivo. Esta constitución tiene que hacerse cargo en el país y como mandato para las relaciones internacionales de un modelo ecológico que asegure la existencia de la vida y la sostenibilidad del planeta, implica incorporar estándares de protección ambiental que hoy no existen, implica una economía circular, supone un rol del Estado que permita tener una participación activa sobre estándares medio ambientales, promover una industria de carácter verde, sin caer en nociones preservacionistas.
-¿Qué vínculo puede hacerse entre el proyecto de la Unidad Popular y el presente?.
-En el Partido Comunista vemos una continuidad histórica con el proyecto de la Unidad Popular. Hoy me tocó defender en la plenaria el financiamiento de los derechos sociales y ese financiamiento implica entre otras cosas reeditar una norma constitucional aprobada por el presidente Allende en el 72 que es la nacionalización del cobre, del litio y de otros bienes públicos estratégicos. Nosotros estamos planteando desde diversas fuerzas la renacionalización del cobre, la nacionalización del litio y del agua y de otros minerales. Eso es parte del ideario de soberanía de la unidad popular, del presidente Allende y lo entendemos como un proyecto inconcluso que en muchos sentidos se revitaliza con este proceso.
