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Desde Santa Fe
El caso del senador Armando Traferri no sólo ya escaló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que esta semana también lo tratará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. El viernes, la Asociación de Fiscales de Santa Fe denunciará ante la CIDH el “ataque sistemático” a la “independencia” del Ministerio Público de la provincia y uno de los dos casos “paradigmáticos” que expondrá su presidenta, Gisela Paolicelli, será la persecución de Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que lo investigan en una causa por corrupción. Será una de las veinte audiencias del período ordinario de la CIDH, pero la única que involucra a la Argentina, y por lo tanto, a Santa Fe y a sus tres poderes. Paolicelli revelará los operativos que afectaron la “independencia de la justicia y de las fiscalías para lograr el cierre” de investigaciones a los senadores, entre ellos a Traferri. Lo que generó en 2017 la sanción de la ley anti fiscales –y su reforma de 2018- que adjudicó a la Legislatura el control político de los fiscales de grado para disciplinarlos. La avanzada siguió en 2020 con la ley anti Sain, que después le aplicaron al ex ministro de Seguridad para echarlo de la dirección del Organismo de Investigaciones del MPA que había ganado por concurso, aunque este caso no fue incluido en la denuncia ante la CIDH.
“En una investigación del juego ilegal en la provincia”, Edery y Schiappa Pietra pidieron el desafuero de Traferri, en diciembre de 2020, para “imputarlo por actos de corrupción”, dice la denuncia ante la CIDH a la que tuvo acceso Rosario 12. Pero el Senado rechazó el requerimiento de los fiscales, lo que “impidió la imputación del senador”.
“Desde ese momento”, Edery y Schiappa Pietra “tuvieron que soportar todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión” en la causa, tanto por parte de Traferri como de uno de sus abogados, José Luis Vázquez, quien dijo “públicamente” que el gobernador Omar Perotti “no terminaría su mandato” en 2023 y que los fiscales que investigaban a su defendido hacían “inteligencia y no derecho procesal”.
“En diciembre de 2020, el abogado del senador (Traferri) solicitó el “apartamiento” de Edery y Schiappa Pietra de la causa, pero “la denuncia fue desestimada”.
A pesar de que el Senado rechazó el “desafuero” de Traferri, los fiscales cumplieron con “el deber de debida diligencia en la investigación y sanción de hechos que puedan constituir delitos de corrupción de funcionarios públicos, previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción” y continuaron la pesquisa. El 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los “fueros absolutos” de Traferri y su “inmunidad de proceso” que impide a los fiscales llevarlo a juicio y acusarlo ante un juez. La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En abril de 2021, Traferri denunció ante la Legislatura a Edery y Schiappa Pietra porque no archivaron la “investigación penal” contra él después de que sus colegas del Senado rechazaran su “desafuero”. “Esta denuncia fue desestimada en tres instancias”, recordó la Asociación de Fiscales.
“Por el mismo motivo", Edery y Schiappa Pietra fueron "denunciados" ante la auditora del MPA María Cecilia Vranicich, quien “desestimó la denuncia”. “Pero la persecución tampoco concluyó allí. El mismo senador (Traferri) denunció” ante Vranicich “a la fiscal que había desestimado la denuncia contra los fiscales, denuncia esta también desestimada”.
Incluso, Traferri “logró” que la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas “se presente en el expediente judicial solicitando el archivo de la causa”.
“En los medios de comunicación, los ataques” a Edery y Schiappa Pietra “fueron permanentes”, tanto de Traferri como del abogado Daniel Terani (defensor de otro imputado en la causa, el ex diputado Darío Scataglini), que “llegó al dislate de comparar el trabajo fiscal ‘¡con el accionar de los grupos de tareas de la dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)!”.
“Tras un procedimiento judicial”, en el que “uno de los procesados y luego condenado” el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad “involucró” a Traferri “en casos de corrupción, el senador denunció a la jueza interviniente” Isabel Más Varela ante la Corte Suprema de la provincia. “Esta denuncia fue presentada cuando la fiscalía estaba llevando adelante otro procedimiento que involucraba al senador”, agregó.
El 17 de noviembre, tras sostener que Edery y Schiappa Pietra “habían cometido ‘espionaje ilegal’ por haber solicitado -en la causa y en el marco de sus funciones- información asociada de tráfico de datos de una línea de teléfono”, Traferri “volvió a denunciarlos ante la Legislatura” para que sean sancionados. “Esa denuncia está pendiente aún hoy” ante la comisión de Acuerdos.
“Las presiones sobre los fiscales para que cesen con su investigación sobre actos graves de corrupción, resultan claras y demuestran los ataques a la independencia del Ministerio Público”, denunció la Asociación de Fiscales de Santa Fe. “Los hechos descriptos son de una inusitada gravedad y socavan la independencia judicial con la finalidad de beneficiar a diferentes funcionarios y ex funcionarios, en causas de corrupción”.
