La investigación sobre los incidentes en el Congreso y la pedrada dirigida al despacho de Cristina Fernández de Kirchner el día de la votación del acuerdo con el FMI es objeto de disputa entre la Justicia Federal de Comodoro Py y la porteña. Los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires se mostraron en acción, contabilizaron este martes cinco allanamientos, celulares, computadoras y cuadernos incautados, y anunciaron dos detenciones de militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), una de ellas ya convertida en prisión preventiva. Pero entrada la tarde la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió reclamarle a su par de la CABA, Norberto Circo, que se inhiba y la deje continuar con el caso. La magistrada sostiene que los hechos son parte de una "hipótesis amplia" que implica un intento de afectar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el legislativo, y que por las filmaciones analizadas podría haber existido una "conducta organizada previa". En este expediente fueron identificadas al menos ocho personas que lanzaban piedras, aunque se analizan más en la escena. 

El video que difundió el lunes la vicepresidenta daba cuenta de dos datos centrales del ataque: los agresores tiraron bombas de pintura hacia la ventana de su despacho privado, lo que podría ser el modo de señalar el objetivo; CFK también hizo hincapié en que la Policía de la Ciudad tardó cerca de veinte minutos en intervenir. Consideró que se trató de un ataque "que alguien planificó y mandó a ejecutar". El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la misma línea había señalado que los piedrazos fueron "deliberados". En el gobierno porteño creen que todos los que arrojaron piedras son militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Consideran que son grupos de agitadores que suelen causar disturbios y en ellos focalizan la responsabilidad. También defienden, como es esperable, el papel de su policía y explican la demora en que debían atravesar toda la movilización sin reprimir. Y subrayan que el gobierno nacional hace dos años que objeta la colocación de vallado en la Plaza de Mayo y el Congreso. En respuesta al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro, la secretaría administrativa del Senado desmintió "categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas". 

¿Por qué hay dos investigaciones judiciales en distinta jurisdicción y ahora en disputa? Analizadas con detalle las causas encuentran, en sus enfoques respectivos, ciertas correspondencias con las posturas políticas de CABA y Nación. La primera apunta a señalar a militantes sociales pero no apuntaría a la organización del ataque y no contemplaría si hubo inacción de la policía. La Justicia Federal busca a los autores del ataque pero plantea la hipótesis de un hecho premeditado, organizado y más amplio con un intento de afectar la actividad legislativa. 

La causa porteña 

En la Ciudad las acciones fueron iniciadas por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal y quedaron a cargo del juez Circo, que apunta a los delitos de atentado contra la autoridad agravado --por agresiones a policías porteños--, daño agravado contra elementos del patrimonio de la Ciudad, obstrucción de la vía pública y portación de armas no convencionales. Al primer detenido, Oscar Ramón Santillán, por todas esas imputaciones se le dictó prisión preventiva, como había solicitado el fiscal Mariano Camblong. Este martes el Ministerio Público difundió con énfasis el arresto de otra persona, un hombre de nacionalidad venezolana llamado Jaru Alexander Rodríguez Carrero, también militante del MTR, en medio de un despliegue de cinco allanamientos en San Isidro, Esteban Echeverría, Libertad y Quilmes. Hubo un procedimiento en la sede del MTR, una organización que, en rigor, tiene varias fragmentaciones. Se secuestraron, según informó el Ministerio Publicó Fiscal, tres CPU, una computadora "all in one", dos notebooks, un disco rígido, fotos de bombas molotov, documentación con panfletos, folletos de la organización y una lista de los asistentes a la movilización del 10 de marzo cuando se trató el acuerdo con el FMI en Diputados. También fueron detenidas otras cuatro personas, pero fue por la supuesta tenencia de 11 kilos de marihuana. Rodríguez Carrero será indagado este miércoles. 

La causa federal

La causa a cargo de Capuchetti se inició con una denuncia de la Policía Federal. La fuerza elabora un sumario en base a imágenes de cámaras callejeras en las que identificó hasta ahora a ocho personas en el grupo que arroja piedras, aunque se estudia la participación de muchas otras. La jueza por el momento no ordenó detenciones. Existe conexión obvia con la pesquisa porteña. Pero este expediente apunta a los delitos de intimidación pública y daño agravado, que son los de competencia federal. Algo curioso que ocurrió fue que la noticia de la detención de Rodríguez Carrero fue difundida desde la Ciudad como si estuviera vinculada al ataque a CFK. Según fuentes de la investigación, tanto a él como a Santillán no se los vincula hasta el momento con ese hecho sino con las lesiones a policías y algunos destrozos, por ejemplo, de un contenedor. El argumento de Capuchetti para reclamarle la causa al juez Circo se centra en que su hipótesis es más abarcativa y contempla el intento de afectar el "correcto funcionamiento de uno de los poderes de la Nación" cuando sesionaba el Congreso. Por las imágenes analizadas hasta ahora podría haber, según allegados a la causa, una "conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos". Otro planteo de la magistrada es que no se puede escindir la investigación y deben prevalecer los delitos que son de competencia federal. Incluso sobre las agresiones a policías porteños debe considerarse que estaban cumpliendo funciones relacionadas con lo que pasaba en el Congreso. También consideró que se usaron bombas incendiarias caseras, que atañen a la Justicia Federal. 

En la Ciudad dicen que no están dispuestos a desprenderse del grueso de las investigaciones, con lo cual se avecina un conflicto que posiblemente termine en manos de la Corte Suprema.