Un hombre y dos mujeres policías de la provincia de Salta fueron imputados formalmente, y se dispuso su prisión preventiva, por el transporte de 19 kilos de marihuana que llevaban desde el fronterizo pueblo de Aguas Blancas a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, distante 47 kilómetros. 

El viernes último el fiscal federal de Tartagal Marcos Romero formalizó ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la imputación contra el hombre y las dos mujeres detenidas, integrantes de la Policía de la Provincia de Salta, por transporte de estupefacientes doblemente agravado por el número de intervinientes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de delitos. Además, el juez dispuso la prisión preventiva de los tres efectivos que prestaban funciones en la Comisaría N°26.

En la acusación se reseñó que, en la medianoche del jueves de la semana pasada, el suboficial principal Javier Granero, la cabo Mercedes Maraz y la agente Rocío Vera circulaban en un Renault Logan desde Aguas Blancas a Orán. Al llegar al puesto de control “28 de Julio”, sobre la ruta 50, personal de Gendarmería Nacional les solicitó la documentación del automóvil y luego les pidió que abrieran el baúl en la que llevaban una bolsa de arpillera que a simple vista tenía ropa. 

Los gendarmes sospecharon y, tras obtener la orden de requisa, encontraron que en el fondo tenía diez paquetes que contenían 19 kilos de marihuana los cuales fueron valuados en más de 5 millones de pesos.

En la audiencia de formalización de la acusación, el fiscal Romero sostuvo que las pruebas reunidas son suficientes para sustentar la imputación penal y el pedido de prisión preventiva, atendiendo a la naturaleza y gravedad del hecho. 

Dado que el trío cumplía funciones en la Comisaría N° 26, de Aguas Blancas, el fiscal también destacó el riesgo de fuga, dada la proximidad con la frontera y la facilidad de los policías, por su conocimiento de la zona y las funciones que desarrollaban, para acceder al Estado Plurinacional de Bolivia a través de pasos no habilitados.

También resaltó que hay riesgo de que los policías entorpezcan la investigación, ya que existen diligencias que están en trámite y que podrían frustrarse por su libertad, o que incluso podrían influir en posibles testigos. Además, Romero señaló que todavía no puede descartarse la posible participación de otros implicados.

Las dos mujeres policías accedieron a declarar y trataron de deslindar su responsabilidad, mientras que el oficial se abstuvo de dar testimonio. En cuanto a las prisiones preventivas, las defensas las objetaron respecto de esas mujeres, ya que ambas tienen hijos menores de edad a cargo, por lo que pidieron que la prisión preventiva se cumpla con la modalidad de arresto domiciliario.

La fiscalía compartió el criterio respecto a las dos mujeres, y el juez Montoya aceptó los argumentos del Ministerio Público y dio por formalizada la imputación penal, y también coincidió en las prisiones preventivas, que en el caso de las mujeres será en sus domicilios.