En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados de Salta fue votada en forma unánime la media sanción para el proyecto de ley que establece una licencia de hasta cinco días hábiles a las empleadas del Estado provincial que hayan sufrido violencia de género.
La autora del proyecto, Patricia Hucena, explicó que la iniciativa solo se refiere al ámbito público porque modificar las relaciones laborales privadas es competencia del Congreso de la Nación. Después advirtió que el alcance del concepto de violencia de género tomado para esta normativa surge de la Ley nacional 26.485, en cuanto a que define concretamente los casos de violencia física, sexual y psicológica.
Además señaló que cuando se registre violencia en el ámbito laboral, cada dependencia deberá establecer un procedimiento específico para abordarla en protección a la víctima. Finalmente, indicó que al incluir como requisito para acceder a la licencia que se presente una copia de la denuncia, se busca que el agresor deba comparecer a la Justicia y no permanezca impune por falta de una presentación judicial.
Si bien aclaró que acompañaba al proyecto con su voto positivo, Franco Hernández, advirtió que se necesita trabajar sobre leyes para prevenir la violencia de género “y no como en este caso que ya es para mitigar los efectos”.
Esa afirmación motivó la respuesta de la represente de Orán, Gloria Seco, que reconoció que efectivamente no es una medida que actúe como preventiva, pero brinda acompañamiento y apoyo a la mujer, además de otorgarle tranquilidad en cuanto a que no tenga problemas en el trabajo y funcione como un incentivo para que las mujeres hagan las denuncias.
El proyecto fue votado en forma positiva por todos los legisladores y ahora pasó al Senado para su revisión.
Ley de endometriosis
También de forma unánime se convirtió en ley el proyecto que obliga al Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS) a cubrir de manera integral todas las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que demande el tratamiento de la Endometriosis.
De esta manera quedarán incluidas las terapias médicas, psicológicas, farmacológicas, quirúrgicas y todas aquellas que resulten necesarias para el control de la enfermedad y la mitigación del dolor, ya que la enfermedad carece de una cura, pero existen formas de sobrellevarla con mejor calidad de vida.
La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica de tipo benigno, que afecta a mujeres sobre todo en la etapa reproductiva, que al tener síntomas que se confunden con el periodo menstrual, muchas veces es diagnosticada de manera errada o tardía, lo que puede provocar consecuencias graves en las mujeres que la padecen, que se estima en Argentina son alrededor de un millón.
También prevé que el Estado provincial deberá organizar anualmente en marzo una campaña de información, tratamiento, concientización y difusión sobre la endometriosis y la importancia de un diagnóstico precoz.
Actualmente en el ámbito provincial, la endometriosis se atiende en el Hospital público Materno Infantil y en servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública que cuentan con consultorio de ginecología.
El proyecto votado llegaba con media sanción desde el Senado, autoría de Carlos Rosso, y en su paso por Diputados se le acumuló una iniciativa similar presentada por Esteban Amat y Laura Cartuccia.
Polémica por la Auditoría
En el momento de las manifestaciones, se dio un cruce entre diputados del oficialismo y la oposición por las postulaciones pendientes para ocupar dos cargos vacantes de directores en la Auditoría de la provincia, que actualmente se encuentran en el Senado.
El diputado Roque Cornejo calificó que el proceso que postula a Elsa Pereyra Maidana y a Marcos Segura Alzogaray para esos cargos “ha quedado caduco por la reforma de la Constitución”.
Por ello reiteró el pedido de los bloques de la oposición para que se constituya la comisión de Auditoría de la Cámara Baja y se vuelva a iniciar el proceso “que eleve una nueva terna con nombres que efectivamente sean a propuesta de espacios opositores”.
La respuesta llegó de parte de la oficialista Socorro Villamayor, que arrancó indicando que “quieren crear un manto de sospecha sobre el proceso”, y señaló que “no existe una situación de caduco, sino de intereses mezquinos”, porque Pereyra Maidana es del Partido Renovador, y Segura Alzogarary, del Partido de la Victoria, “ambos opositores al gobierno”.
Además, calificó de “aberración” decir que el proceso es caduco, “porque fue iniciado con la Constitución vigente en ese entonces que era la del 2003, después si el Senado deja dormir lo pliegos, los está haciendo descansar, los está calentando, no sé, no significa que aquello que se hizo de manera correcta se considere caduco”.
Finalmente Cornejo pidió nuevamente la palabra, e insistió en que el proceso quedó caduco luego de la reforma de la Constitución, pero pidió no olvidar que “ya el primer proceso fue irregular porque se nombraron entre gallos y medianoche a dos personas que no integran la oposición”.
