Desde Santa Fe

“¡No me diga Su Señoría ni Excelencia! ¡Esas son expresiones monárquicas y antirrepublicanas!”. La corrección del juez de Cámara, Sebastián Creus, a uno de los abogados que lo había llamado así, marcó ayer el arranque de una audiencia clave en la investigación al ex ministro Marcelo Sain y a su equipo. Lo que se discutía era el secreto del sumario, que el juez de primera instancia, Jorge Patrizi, ordenó levantar el 10 de febrero. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez no cumplieron la orden, pero un mes después, el 9 de marzo (24 horas antes de que el diputado radical Maximiliano Pullaro se convierta en querellante) habilitaron el acceso a la causa, sin siquiera informar del hecho a Creus, que recién se anotició ayer. La defensa ganó el debate porque demostró que el cepo de los fiscales existe y solicitó al tribunal que ordene “el acceso a la causa sin restricciones para ejercer el derecho de defensa”, dijo el abogado Juan Lewis, quien asiste a su colega Nadia Schujman. Creus resolverá en el plazo de ley, en los próximos días. Lewis advirtió también que la pesquisa de Hernández y Jiménez es una “excursión de pesca” para ver si encuentran algo contra sus defendidos, mientras que el abogado de Sain pidió una sanción para los fiscales por el supuesto “ocultamiento” de las actuaciones. "¿Usted me pide que el tribunal sancione lo que usted mencionó?”, le preguntó Creus. “Sí, señor juez”, ratificó Hernán Martínez.

En la audiencia, dos hechos remitieron al fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, uno de los viejos perseguidores de Sain. El primero quedó a la vista: el fiscal Jorge Nessier asumió el retruque a las defensas y dejó en un segundo plano a Hernández y Jiménez, que instruyen la causa. Nessier es coordinador de unidades fiscales, aunque ayer algunos medios lo llamaron “fiscal regional”. El otro, fue una cita del defensor de Sain, quien recordó que el 13 de diciembre, en un acto judicial, les pidieron a los fiscales una copia de la actuación. “Vamos a ver”, le dijeron. Pero después, Hernández y Jiménez se reunen con Arietti y vuelven con la respuesta: “Nos dijeron que no podían”, reveló Martínez.

El abogado de Sain dijo que -desde el allanamiento al Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre-, la causa tuvo una resonancia mediática, que operó en paralelo. “Existe una gravísima afectación” a la honra y el buen nombre de los señalados. Y citó algunos títulos periodísticos de la época que aludían a “escándalos” y a un supuesto “tembladeral” en el gobierno de Omar Perotti. El juez Creus le sugirió que cambie el enfoque. “Yo también leo y escucho lo que dicen los medios”. “El tribunal resolverá conforme a la Constitución y las leyes”, sentenció el magistrado.

*El ocultamiento. Martínez coincidió con Lewis que “no hay ninguna circunstancia que justifique mantener la reserva”. “Todos los plazos para que las defensas puedan acceder a la causa están vencidos”. Y denunció una supuesta maniobra de Hernández y Jiménez. “Acá hubo un ocultamiento de las actuaciones. El ocultamiento es una falta grave”. Con lo cual, le pidió al juez Creus que “corrija y sancione esa conducta” de los fiscales a la luz del artículo 132 del Código Procesal Penal de la provincia.

-Concretamente, ¿usted me pide que el tribunal imponga la sanción que mencionó?-le preguntó Creus.

-Si, señor juez –ratificó Martínez. El artículo 132 señala: “Es deber de las partes y de sus representantes comportarse en el curso del procedimiento penal de acuerdo a los principios de lealtad, probidad y buena fe, evitando incurrir en actitudes sorpresivas o en conductas que impliquen un abuso del derecho procesal”.

Después de la audiencia, Martínez explicó a Rosario 12 por qué solicitó la sanción. Los fiscales "levantaron la reserva de la causa, pero en los hechos impiden el acceso”. “No dar copia de la información digitalizada es lo mismo que rechazar el acceso”. “Entendemos que el ocultamiento es una falta grave que está prevista en el Código Procesal Penal y por eso solicitamos la sanción”. Ahora, resolverá el juez Creus.

*Excursión de pesca. El fiscal Nessier se encargó de agitar la trama del supuesto espionaje. Lewis lo retrucó, dijo que lo “único que había señalado” el enviado de Arietti eran “consultas a bases de datos públicas, como Google, que no son delitos”. “¡Esto es una excursión pesca! Lo único que señalan son entradas a esas bases de datos, mientras siguen ocultando las evidencias de la causa sin ningún argumento". “Acá hay un déficit de la investigación” de los fiscales Hernández y Jiménez y “eso se llama excursión de pesca”, pera ver si aparece algo contra Saín, advirtió Lewis.

*La sorpresa final. La ronda de intervenciones terminó con el fiscal de Estado, Rubén Weder, quien sorprendió: “La provincia no tiene ningún interés” en la causa abierta por una frustrada licitación para proveer de armas a la Policía de Santa Fe, cuando Sain era ministro de Seguridad. En su momento, el hecho fue agitado por Arietti en sus denuncias al ex ministro y también por Pullaro. El Poder Ejecutivo –dijo Weder- “no tiene interés” en este tema, porque “la propia administración dejó sin efecto el proceso licitatorio”, incluso antes de que lo ordenara un tribunal. “Los controles funcionaron”, subrayó.

Desplazado entonces el “interés” de la provincia en la fallida compra de armas que repiten los fiscales, Weder pidió “celeridad” para la otra causa contra Sain. Solicitó “rapidez” en la pesquisa, que el “proceso termine y se resuelva lo antes posible”. “Que la causa avance” y se deslinden las responsabilidades”, si las hubiera, concluyó.