En la tercera sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta bloques opositores al gobierno de Bettina Romero insistieron en la derogación del decreto 443/21, que delega a la Secretaría Legal y Técnica todo el procedimiento referido a las audiencias públicas. La iniciativa, que contó con la posterior aprobación del pedido, se suma a las denuncias por irregularidades que presentaron Juntos por el Cambio+ y la Unión Cívica Radical por la concesión de un crematorio que a la firma Pieve SA, realizada por el Ejecutivo a mediados de enero de este año. 

El presidente del bloque macrista, José Gauffín, aseguró que el pedido responde a que las decisión de Romero fue un "acto ilegal" porque "no se puede cambiar lo que dispone una ordenanza". El concejal indicó que el dictado del decreto habilita procesos irregulares porque "se concentra en una sola figura todas las audiencias públicas", desconociendo ordenanzas vigentes donde se establecen respectivos responsables.

A modo de ejemplo, nombró la ordenanza 12.745, que dicta el procedimiento de los estudios de impacto ambiental y social en la ciudad. Indicó que allí se sostiene la importancia de la realización de las audiencias públicas puesto que, más allá de no que sean vinculantes, el sentido de su puesta en marcha contribuye a enriquecer esa evaluación o estudio presentado. 

"Y quien tiene que hacer esa evaluación de tipo ambiental es el órgano de aplicación que establece la ordenanza, y que es la Secretaría que entiende del tema", en este caso, la Secretaría de Ambiente y Recursos Públicos, expresó Gauffín. 

En ese sentido, se manifestó nuevamente contra el decreto 443. En la cuestionada norma se sostiene que la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Daniel Nallar, será quien decida convocar y llamar a "la convocatoria, la realización y la adopción de las decisiones correspondientes en cada caso de todas las audiencias públicas", en el marco de la normativa vigente, "respondiendo en todos los casos a los pasos, condiciones, plazos y procedimientos establecidos en las ordenanza referidas al tema". 

La controversia por el decreto salió a flote cuando se conoció la resolución 3/22, por la que el Ejecutivo municipal otorgó la concesión a la firma Pieve SA para la prestación del "servicio funerario y crematorio" en el predio ubicado sobre la ruta nacional 9, a 16 kilómetros de la ciudad. Esta adjudicación es por el término de 35 años. 

Luego de la resolución, se conoció una nota presentada por Juntos por el Cambio+ y la UCR ante la Secretaría que dirige Nallar en la que se señaló que el funcionario concesionó un servicio público sin respetar el procedimiento dispuesto en la ordenanza 12745. Nallar dijo que se cumplieron todos los pasos establecidos ya que se trata de un pedido de habilitación por parte de un particular para un proyecto privado. 

Aún así, Gauffín insistió en que piden "que se cumpla con la legislación vigente" y también, "que se hagan las cosas bien" porque "la evaluación ambiental lo hacen los expertos y no, un secretario legal y técnico". Para el concejal, el decreto "desvirtúa muchas ordenanzas que establecen las audiencias públicas". 

Quien también se refirió al tema fue la presidenta del bloque de Salta Independiente (SI), Paula Benavides, quien afirmó que el decreto 443 es una norma que "avanza sobre la legislación vigente y las facultades del Concejo Deliberante". La concejala se apoyó en la ordenanza 12.304, que dispone el régimen de funcionamiento de las audiencias públicas, y recordó que en su artículo 4, establece que serán el Ejecutivo municipal y el Concejo quienes podrán convocar a audiencias.

"No solamente están las ordenanzas específicas, sino que tenemos un régimen establecido para el procedimiento de las audiencias que han sido desconocidas", cuestionó. Para Benavides, el Ejecutivo municipal "desconoció nuevamente" ordenanzas, "por lo cual insistimos en la derogación de este decreto". 

Un día para las Madres de Malvinas

En la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza que establece el 3 de abril  como el día de las Madres de Malvinas. La iniciativa se dio de la mano del concejal Eduardo Virgili, del bloque Propuesta Salteña, quien recordó que en esa fecha ocurrió la muerte del primer salteño en la Guerra de Malvinas, el cabo primero Alfredo Guanca. Fueron en total 34 los salteños fallecidos en ese conflicto bélico.

"Creo que no hace falta que tenga que expresar el dolor que puede significar para un padre haber perdido un hijo, así que me parece muy importante" la conmemoración de la fecha, dijo. Dado que este año se cumplirán 40 años de aquellos sucesos, y que una gran parte de los familiares de los caídos han fallecido, Virgili dijo que "es el momento" de "honrar su memoria y la entrega que tuvieron con la patria". 

Además, el concejal contó que la propuesta surgió tras una reunión que mantuvo con veteranos y ex combatientes de Malvinas en la que se enteró "tristemente" que la gran mayoría "no tienen la cobertura médica". "Sabemos que ellos necesitan particularmente una cobertura especial, teniendo en cuenta que la psicología es una parte muy importante para ellos", expresó el edil. 

En el recinto también se solicitó la reglamentación e implementación del Derecho a la Información Pública, pues el año pasado ya se había dado la adhesión a la ley nacional N° 27.275. Con ello se pretente promover la participación ciudadana y que exista mayor transparencia en la gestión municipal.