Una vez más, el asesinato de la comerciante y pequeña productora rural Liliana Ledesma ocupó el centro de la atención en el juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta se sigue en contra de siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita narcocriminal. Esta vez el fiscal federal Carlos Amad pidió que la causa por esta muerte, cometida en septiembre de 2006 en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, se sume a este proceso, por entender que fue "consecuencia directa del narcotráfico". 

En su pedido el fiscal se anticipó a la oposición de las defensas. Aseguró que su petición no era "antojadiza", sino que había surgido de las pruebas y datos aportados en lo que va de este proceso oral contra Delfín Reinaldo Castedo; su hermano, Raúl Amadeo; su ex pareja, Melba del Carmen Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi, y el martillero público Eduardo Torino. "Nunca se probó una relación tan estrecha entre ambas causas", sostuvo Amad. 

Liliana Ledesma fue asesinada a cuchilladas el atardecer del 21 de septiembre de 2006, luego de que denunciara públicamente el cerramiento de caminos vecinales en la finca El Pajeal, que limita con Bolivia, con el propósito de liberar la zona para el contrabando de sustancias lícitas y de las otras. La joven acusaba por ello al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio (f) y a los hermanos Castedo, que terminaron imputados como autores intelectuales de esta muerte, por escuchas surgidas en una causa federal sobre el Clan Castedo. En su momento la fiscalía federal había pedido que el asesinato se investigara en la justicia federal, pero esa posición no prosperó. 

Ahora el fiscal reeditó el pedido, afirmando que en este proceso se aportaron todavía más elementos, y citó en este sentido los testimonios dados por familiares de Liliana Ledesma (https://www.pagina12.com.ar/381217-en-el-megajuicio-por-narcotrafico-se-analizo-el-homicidio-de) , productores rurales de la zona y gendarmes que investigaron al Clan Castedo. 

Amad aseguró que esos testimonios confirman que Aparicio (fallecido en 2013 sin haber sido citado a indagatoria por este hecho) "desde su cargo de diputado dirigía una mafia del narcotráfico", era, dijo, "una banda transnacional dirigida por un político". Y aseguró que la denuncia de Ledesma sobre los pasos no habilitados a Bolivia "fue el móvil" de su asesinato. "Ella era un escollo para la organización criminal que estamos juzgando aquí", sostuvo. 

Recordó que el hermano de Liliana, Jesús Ledesma, contó que los Castedo le dijeron que tenían 10 mil dólares para hacer desaparecer a su familia. Jesús y su padre, Eugenio Ledesma, tienen puestos detrás de El Pajeal y deben pasar por el camino vecinal que entonces había sido cerrado. "El Clan Castedo amenazaba a esta familia", insistió el fiscal. Y como Liliana Ledesma denunciaba estas amenazas, el cierre de caminos y los vínculos con la droga, "los molestaba, por eso la mandaron matar".  

"Una sola mujer enfrentó a un clan de narcotraficantes", insistió el fiscal, recordó que un comandante de Gendarmería que declaró en este proceso contó que Liliana proporcionaba información sobre el narcotráfico, y recriminó: "Aquí también hay una falla del Estado" que debió proteger a esta mujer. 

El fiscal aseguró que en lo que va de este juicio "se terminó de descubrir el velo" y quedó claro que Ledesma fue asesinada por el narcotráfico. "La matan porque ella era la única voz del pueblo que decía 'estos señores trafican'", aseveró. 

Para demostrar que los Castedo se dedican al narcotráfico, reseñó: el crecimiento patrimonial que tuvo el sindicado jefe de este Clan, Delfín, que pasó de ser un empleado de un comercio a "ser un potentado"; el hecho de que esté involucrado en las principales causas por narcotráfico que hay en el país; el hecho de que estuviera casi diez años prófugo, y que tuviera "ayuda estatal", un juez federal, un diputado provincial, policías de la provincia y concejales. 

"No es solo Castedo", advirtió antes de citar la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, aprobada en el poaís en 2002, por la Ley 25632, y señaló que la descripción de los gruppos de narcotráfico se ajusta al Clan Castedo. "El Clan Castedo, con el señor Delfín Castedo a la cabeza, tiene el dominio del hecho" y fue "la cabeza de esta estructura criminal" la que ordenó el asesinato de Ledesma, aseguró. 

Por otro lado, el fiscal sostuvo que la acumulación de la causa por el crimen de Ledesma, que desde antes de la pandemia está a la espera de que se haga el juicio oral en el Tribunal de Juicio de Orán, no vulnera garantías constitucionales de las personas que están siendo juzgadas en este proceso. 

Por el crimen de Ledesma en 2010 la Cámara en lo Criminal de Orán condenó a prisión perpetua a les autores materiales del hecho María Gabriela Aparicio (hermana de Ernesto Aparicio), Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, mientras que Patricia Guerra fue condenada a 10 años por encubrimiento, y Juan Moreno (f) recibió una pena de 4 años, también por encubrimiento. 

Los hermanos Castedo, ya entonces señalados como los autores intelectuales del asesinato, no fueron juzgados en ese proceso porque ambos estaban prófugos y recién fueron indagados en 2016, cuando Hula Castedo fue extraditado de Bolivia, donde fue detenido cuando estaba prófugo de la justicia salteña y cumplió una condena por narcotráfico, y Delfín fue apresado en la provincia de Buenos Aires. Tanto la extradicción como la detención de Delfín fueron resultado del impulso que dieron los fiscales federales de Salta y la Procunar, no de la justicia provincial salteña, que hasta ahora no tiene fecha para la realización del juicio por el crimen de Ledesma. 

Extemporánea

Como era de esperar, las defensas se opusieron al planteo fiscal, calificándolo de extemporáneo y sostuvieron que afectaría el derecho de defensa; y también se opuso la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por la abogada Emilia Figueroa, con los mismos argumentos. 

El abogado de los Castedo, Mariano Alvarez, adhirió a la posición de la querella y recordó que la competencia ya se discutió y la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, se expidió por la competencia de la justicia provincial en el asesinato. Señaló que en relación a Ledesma solo están acusados los hermanos, y, de aceptarse la acumulación, se afectarían derechos de les otres acusades. 

Las otras defensas argumentaron en sentido parecido, y recriminaron a la fiscalía que haya planteado la competencia federal en el crimen recién ahora, a pesar de que los testimonios referidos a este hecho se escucharon en las primeras audiencias de este juicio. 

Tras una deliberación, el Tribunal coincidió en que no es el momento para declarar la competencia federal sobre el asesinato, y en la posible afectación de la garantía constitucional de la defensa porque una hipotética discusión sobre si corresponde que actúe la justicia federal o la ordinaria provincial podría redundar en una demora en este juicio, que se inició el 3 de noviembre último. 

El presidente del Tribunal, Federico Díaz, y la jueza Marta Liliana Snopek, que están en la sala de audiencia dieron los fundamentos de sus votos; por videoconferencia, el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, adhirió.