La Justicia revirtió el rumbo favorable que los empresarios Sergio Taselli y Matías Gallegos habían encontrado para zafar de la acusación penal como dueños de la empresa Petroquímica Bermúdez y responsables del delito de alta gravedad de contaminación ambiental. Una resolución de la Cámara de Apelaciones derribó el fallo del ex juez sanlorencino Juan José Tutau que había suprimido la acción penal contra los empresarios, y mandó a reactivar el expediente, camino a la imputación penal de los mismos. El delito depara una pena de 3 a 10 años de prisión.

El núcleo del litigio judicial es la contaminación denunciada hace un lustro, en un predio de la firma bermudence, que sigue inactiva desde 2015. Allí había depositados sin cuidado alguno tanques con cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. La acusación inicial atribuyó a Taselli y a Gallegos “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”. 

Con la resolución de Cámara, quedó firme el fallo de primera instancia del juez sanlorencino Carlos Gazza, quien el año pasado había imputado al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución penal. Ahora el panorama se torna sombrío sobre los dueños de la ex Electroclor. Pero el fallo de Alzada limita su alcance hasta lo que concierne a Serjal y Luzzini. El dictamen desincrimina a ambos ex funcionarios. "No hubo delito ni irregularidad alguna en la instrucción de Serjal. La investigación penal solo proseguirá respecto de los titulares de la firma", señaló ayer el abogado Gustavo Feldman.

La resolución que sí compromete a los empresarios alcanzó para que en el ambientalismo celebren. "Esto marca un camino de esperanza sobre la situación de la disposición de los residuos tóxicos, que en Argentina existen muchos en formato pasivo y sin tratamiento alguno", dijo la ambientalista Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista.

Pero el problema, reclamó, requiere de una solución de fondo. Ya en el comienzo de la causa, el fiscal Luis Schiappa Pietra había expresado pesimismo acerca de poder sanear los terrenos donde la petroquímica depositó residuos y que ocasionaron el foco contaminante. "La mala praxis de la empresa deja residuos para varias generaciones, en las napas de agua, por ejemplo", advirtió Bianco.

Hacia 2017, Miguel Lifschitz como gobernador ordenó a Fiscalía de Estado que investigara un escape de gas cloro desde el predio abandonado de Petroquímica. La orden había sobrevenido luego de conocerse trastornos en la salud de alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y en trabajadores de la planta de Celulosa Argentina. 

El ex fiscal de Estado Adjunto, Luzzini, intervino de una manera que le valió la reprimenda del fiscal Schiappa Pietra: "Fue patética", diría luego, al pedir la acusación penal. Dos años después de aquella orden del Ejecutivo, el entonces juez Tutau –hoy, jubilado– cerró la causa porque el fiscal sanlorencino Juan Carlos Ledesma desistió de investigar y preparar una acusación. Así extinguieron la acción penal contra Sergio Taselli, su hijo Máximo, y Matías Gallegos.

A su turno, Ledesma declaró que había sido su superior, Patricio Serjal, quien le había dado la orden de archivar la causa contra la ex Electroclor. Serjal sería destituido luego tras quedar al descubierto en una acusación por coimas y tráfico de influencias a favor del capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti. 

Con el viento a favor que hallaron los dueños de Petroquímica Bermúdez en los tribunales de San Lorenzo ganaron un par de años de alivio. Pero los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acudieron a la Cámara Penal. La sala integrada por las juezas Georgina Depetris, Carolina Hernández y Alfredo Ivaldi Artacho, les dio la razón y reabrieron la causa.

En el tiempo transcurrido Fiscalía continuó recabando pruebas, como muestras de agua y tierra en el predio fabril, y constan en la causa alimentada por una nueva denuncia de organizaciones ambientalistas radicada a fines del año pasado.

Taselli había adquirido Electroclor tal como había hecho antes con otras empresas a las que desinvirtió y dejó caer. Cuando Celulosa Argentina dejó de comprarle cloro para su proceso de blanqueo de papel, la compañía –ya con la razón social Petroquímica Bermúdez– empezó la senda cuesta abajo, y en ese proceso de decadencia hasta su cierre, en 2015, se propició ese desmanejo de sustancias que derivó en la grave contaminación ambiental del suelo y las napas subterráneas.