Desde Tegucigalpa.
Fuegos artificiales y gritos de júbilo sonaron en varias regiones de Honduras el miércoles por la noche, cuando el vocero de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el juez designado aceptaba el pedido de extradición que Estados Unidos había hecho un mes atrás que llevó a la detención al ex presidente Juan Orlando Hernández, acusado de conspiración y narcotráfico a gran escala por la Corte Sur de Nueva York, la misma que condenó hace exactamente un año a su hermano Tony Hernández a cadena perpetua más treinta años, por los mismos crímenes que ahora le imputan al ex mandatario.
Cambio de bando
Minutos más tarde de que conociera el fallo, los abogados que defienden a quien gobernó el país hasta fines de enero de este año aclararon que apelarán la decisión, que recaerá en el pleno de la Corte Suprema. Misma que fue conformada cuando Hernández era presidente y que validó su reelección ilegal en 2017, pero que hace menos de un mes y de forma unánime -como ratas saltando de un barco que se hunde- no aceptó el pedido para que éste cumpliera prisión domiciliaria mientras se esperaba el dictamen del miércoles.
El jueves por la mañana se difundía un video que Hernández había grabado minutos antes de conocer la aprobación de su extradición, donde sostenía que su situación actual era “producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas”, asesinos confesos que se vieron perjudicados por el combate al narcotráfico que se desarrolló desde su administración, cuando se deportaron a varios delincuentes que -por lo visto- resultaron ser competencia para su clan.
Narcos
Quien es probable que también viaje pronto al norte -y sin necesidad de visa- es Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, ex Director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, quien se encontraba prófugo desde hace dos años y fue detenido la semana pasada a unos treinta kilómetros de Tegucigalpa. Según los fiscales norteamericanos, Bonilla se aprovechó de sus cargos para “facilitar el tráfico de cocaína utilizando la violencia, incluido el asesinato” de un narco oriundo de Copán que no quería que los Hernández usaran su departamento fronterizo con Guatemala para el paso de la droga. Hoy está a la espera de que en abril se conozca el resultado de su audiencia de extradición.
Hace poco más de un mes fue condenado en Estados Unidos Geovanny Fuentes -también a cadena perpetua más treinta años-, quien estuvo involucrado en el envío de más de 21 mil kilos de droga. Según un testigo que declaró en el juicio, Fuentes se había asociado con Hernández para “meterles la droga por la narices a los gringos”. Al ex presidente se lo acusa de haber conspirado para meter más de 500 mil kilos de estupefacientes.
Golpe y después
Comienza a ser cada vez más evidente cómo, posterior al Golpe de Estado sufrido por el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales en 2009, lo que se instaló en Honduras fue un narco gobierno que cooptó todas las esferas de la administración pública para desarrollar sin inconvenientes sus actividades ilícitas a la vez que militarizaban a la sociedad con la excusa de combatir al narcotráfico, aumentando los presupuestos de defensa y seguridad en detrimento de otras carteras como salud y educación.
Lo que causaría que miles de hondureños comenzaran a escapar del país en las caravanas migrantes que empezaron a salir de San Pedro Sula en octubre de 2018. Honduras ya no sería más un país bananero exportador de alimentos, sino que se convertiría en un país exportador de cocaína y de mano de obra precarizada, con las remesas -los dólares enviados por los migrantes a sus familiares- alcanzando el equivalente al veinte por ciento del Producto Bruto Interno.
Regresos
Paradójicamente, el mismo día que confirmaban la extradición del ex presidente Juan Orlando Hérnandez, regresaba al país el líder estudiantil Eduardo Urbina, quien se encontraba exiliado en Costa Rica luego de haber sido detenido en una Nicaragua supuestamente sandinista y de izquierda, por un pedido que el entonces narco gobierno hondureño le había hecho a Interpol, donde se lo acusaba de haber incendiado un camión militar durante las protestas por el fraude electoral de 2017.
Posterior a las elecciones de noviembre del año pasado en las que Xiomara Castro se convertiría en la primera mujer en comandar el ejecutivo en Honduras, había también retornado al país el General Ramón Sabillón, quien había tenido que escapar en 2014 después de detener a los narcotraficantes Valle Valle sin avisarle al entonces presidente Hernández, quien lo destituyó de su cargo como Director de la Policía Nacional.
No habían corrido con la misma suerte Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, ambos coordinadores de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y asesinados por descubrir los nexos que existían entre los delincuentes y quienes gobernaron al país después del Golpe de Estado. “Todos sabemos qué personalidades de los partidos políticos se reúnen con los jefes del crimen”, había dicho Landaverde en la televisión nacional pocos días antes de su ejecución.
