Organizaciones encabezadas por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niñx (Casacidn) frenaron esta semana la realización de la jornada “Impedimento vincular como forma de maltrato infantil y violencia psicológica”, en la Legislatura porteña, tras considerar que revaloriza “un inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), lo cual es gravísimo, ya que se toma al niño como objeto, no como sujeto de derecho”, se expresa en una petición de repudio. La actividad fue impulsada por la ong Infancia Compartida, que reclama una perspectiva de la infancia “no regida según género”, y la legisladora Lucía Montenegro, de La Libertad Avanza, quien en la primera sesión ordinaria del año dijo que “los vientos del feminismo condicionan a los molinos de la Justicia a favor de la mujer, muchas veces en perjuicio de los niños”, para argumentar su apoyo a la división de la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que será reemplazada por las de Mujeres, Géneros y Diversidades, y de Niñez, Adolescencia y Juventud.

“Para mí es muy importante diferenciar los temas de mujer de los temas de niñez, porque dentro de la lucha que tiene la mujer están las cuestiones de género, que muchas veces terminan perjudicando a la niñez”, insistió Montenegro. "Y siguiendo los impulsos de mi corazón”, enfatizaba, en línea con lo que iría a canalizarse este martes, en la jornada que finalmente no fue.

“Con la pretensión de naturalizar vinculaciones forzadas, se invalida el derecho del niñx a ser oídx y que su opinión sea tenida en cuenta, sin respetar el derecho superior del niñx ante cualquier adulto”, sostuvo Nora Schulman, presidenta de Casacidn, consultada por Las12, y manifestó su preocupación frente a la posibilidad de que esos sectores lleguen a ganar voces y votos legislativos. "Tenemos que impedir estos embates, que recrudecieron por el avance de los feminismos, que hacen red, y las mujeres sienten que ya no están solas"

“Estas personas no son pobrecitos papás a quienes no dejan ver a sus hijxs, son varones adultos abusadores, acusados de violencias graves en perjuicio de sus hijos o hijas menores de edad; son violentos con las madres, no pasan cuota alimentaria, arremeten con revinculaciones a toda costa. En realidad se trata de violencia vicaria”, advirtió Schulman, que expuso en la punta del hilo la Ley 24.270, un proyecto de la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi) sancionado en 1993, que tipifica como delito penal el impedimento de contacto de hijxs con su progenitor no conviviente. La iniciativa fue rechazada de plano por la entonces diputada del ARI, Marcela Rodríguez, que había presentado un proyecto de modificación, pero recibió fuerte apoyo de su compañero de bancada, Carlos Raimundi, que también proponía ampliar los alcances de la ley para criminalizar el impedimento de contacto de lxs niñxs con abuelos y otros familiares. “La idea de criminalizar este tipo de conductas es inadecuado”, expresaba Rodríguez a este diario.

“La ley de Impedimento de contacto produjo muchos problemas”, recordó Schulman, para alertar sobre los atajos de normativas a favor del SAP que se enquistan en varias provincias. “Si esto se generaliza sería muy peligroso, porque en efecto la Justicia aplica el SAP y la situación de las madres es cada vez peor: sufren multas, van presas, las niñas y los niños no son escuchadxs y sus opiniones no son tenidas en cuenta en los ámbitos judiciales, que lxs revictimiza y violenta.”

El Gobierno fijó una posición oficial crítica al SAP, al que califica de “falacia carente de rigor científico”, en un pronunciamiento firmado por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, la propia Schulman, especialistas en niñez de Unicef, organizaciones de la sociedad civil, de ámbitos académicos y de investigación. “Cuando el SAP inspira las pericias técnicas o las decisiones de las y los funcionarios o jueces, se violenta ostensiblemente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, como lo prescriben la Convención de los Derechos del Niñx y la Ley 26.061, se los estigmatiza como ´fabuladores´, y se niega su condición de sujetos de derecho. Pero, además, se los y las priva de medidas de protección contra el abuso y las violencias, se los expone a ser revictimizados/as, y se los fuerza a revinculaciones forzosas”, establece el documento, a partir del abordaje del tema en el programa “Fantino a la tarde” (2020), donde el conductor Alejandro Fantino anunciaba que por la cuarentena por coronavirus, había más casos de Síndrome de Alienación Parental. "Consecuentemente, además, la recurrencia al SAP amplía las posibilidades de que los autores de graves delitos aseguren su impunidad. Y las madres de esxs chicxs son demonizadas. No hay motivo, causa o fundamento para dejar de escuchar atenta y cuidadamente el decir de niños, niñas y adolescentes.”

Schulman consideró que la puesta en escena de la jornada a punto de celebrarse en la Legislatura forma parte de una avanzada de sectores de la sociedad civil, de peritxs, funcionarixs judiciales, magristradxs y camaristas con un arraigo ideológico y teórico antiderechos de las infancias, que ejercen un poder estigmatizante y de castigo hacia las madres protectoras, y toman a lxs niñxs como objetos, lo que habilita a violentar su derecho a ser escuchadxs, para disponer acciones administrativas y judiciales inspiradas en el SAP. “Debemos hacer algo urgente por esxs niñxs", reclamó. "Tenemos que pensar juntxs una ley que prohíba el SAP y ponga un freno en los juzgados de todo el país, que rijan multas sobre lxs juecxs y lxs funcionarixs judiciales que lo apliquen, o que sean destituidxs. Ya tenemos demasiadas leyes vigentes, es hora de proteger a lxs chicxs.”