Representantes del gobierno nacional y del gobierno porteño se reunieron en Casa Rosada para dialogar por la disputa de los fondos correspondientes al traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de CABA y acordaron un "cronograma de trabajo semanal" para avanzar en el tema, luego de que la Corte Suprema estableciera la semana pasada un plazo de 30 días hábiles para que las partes arriben a un acuerdo sobre el diferendo económico.
"Fue una primera reunión y lo importante es que se estableció una mecánica para reunirse semanalmente para ver si se puede llegar a un acuerdo. Se pusieron los primeros números sobre la mesa y creemos que hay una voluntad de negociar de ambas partes", señaló una fuente de Casa Rosada a PáginaI12.
En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Martín Mura, sostuvo que la reunión se desarrolló cordialmente "para cumplir con lo ordenado" por la Justicia.
De encuentro en el Ministerio de Interior participaron por la administración nacional equipos técnicos de la cartera anfitriona y de Economía; y por la Ciudad encabezó la delegación el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. Otros actores podrían sumarse la semana que viene a la próxima reunión acordada.
Fue la primera reunión luego de la audiencia celebrada la semana pasada en la Corte Suprema, en la que el tribunal llamó a las partes a encontrar una solución al diferendo a través del diálogo y les dio un plazo de 30 días hábiles.
El conflicto tiene su origen en dos decretos con que el ex presidente Mauricio Macri aumentó los fondos destinados a la Ciudad con el argumento de la transferencia de la Policía al distrito. Tras señalar los excesivos recursos transferidos, en septiembre de 2020 Alberto Fernández anunció el redireccionamiento de parte esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires en medio del conflicto salarial con la sublevada Policía bonaerense. A fines de ese año, el Congreso sancionó la ley 27.606 que ordenó que los montos a transferirse por la delegación de funciones de Seguridad hacia la Ciudad debían definirse de manera acordada entre las partes y que ese dinero no se deriva de la coparticipación sino de partidas especiales.
"Si yo digo 20 y vos decís 100, lo lógico es que de una negociación salga algo distinto a un 20 y a un 100. El problema es que la Ciudad no trae su número por el servicio de Seguridad, sino que pide que le devuelvan un punto de coparticipación", comentaron fuentes del gobierno nacional.
“La Constitución Nacional es taxativa sobre ese tema. (Un decreto) no es el vehículo de transferencia a ninguno de los 24 distritos. Y nuestra propuesta es no violar la ley”, afirmó a este diario un funcionario nacional que participa de las negociaciones con la Ciudad.
