En la Universidad Nacional de La Matanza, docentes y estudiantes denuncian más de cien despidos en distintas áreas de la casa de estudios. En enero la universidad ya había echado a 21 docentes (catorce de los cuales formaban parte de la comisión directiva del sindicato); y durante este mes volvió a hacer lo mismo con otros 45 profesores, muchos de los cuales habían denunciado, justamente, los despidos de principios de año. Entre los estudiantes, los damnificados fueron 75, que se desempeñaban en un call center dependiente de la UnLaM –atiende reclamos del Ministerio de Energía– y que tenían contrato hasta el 31 de agosto. Las autoridades de la universidad –encabezadas desde 1997 por el rector Daniel Martínez– sostienen que los 75 estudiantes “empezaron a ser dados de baja en un proceso paulatino, porque las tareas se han reducido” por decisión Ministerio de Energía, y prometen que 66 volverán a sus puestos. Sobre los docentes cesanteados esgrimen que estos habían “abandonado sus funciones”.
El 30 de diciembre del 2016, vía mail y sin argumentos, la universidad despidió a 21 docentes de la carrera de Medicina, que nunca fueron reincorporados. Los docentes esgrimían que el trasfondo era político, ya que catorce eran parte activa del sindicato Sidunlam (Conadu). En repudio por esos despidos, 64 docentes realizaron paros o no asistieron a las reuniones convocadas por los coordinadores de asignaturas. “Todos esos docentes, hasta la fecha, no pudieron volver a entrar al aula. Rápidamente las autoridades consiguieron reemplazos con gente que no tenía nada que ver con las materias y, mediante el personal de seguridad de la universidad, se aseguraron que no pudieran dar clases”, dijo a este diario Gabriela Lacarta, una de las despedidas, quien formaba parte de la comisión interna del gremio y dirigía la asignatura Salud mental. Lacarta aclaró que los docentes reclamaron que se les dieran otras tareas, pero las autoridades –dijo– no respondieron y nunca les informaron formalmente que no podían dar más clases. Si bien durante los meses que pasaron sin dar clases –contra su voluntad– siguieron percibiendo sus salarios, en mayo empezaron a llegar los telegramas de despido.
“En acción plena de sus facultades y amparado en el Estatuto Universitario, el Departamento de Ciencias de la Salud (DCS) se vio obligado a no renovar las designaciones de una nómina de docentes por haber hecho abandono de sus funciones”, argumentó Fabiana Lartigue, vicedecana del DCS, y dijo que en el primer cuatrimestre de 2017 “los docentes no se presentaron a mesas de exámenes finales y/o tampoco lo hicieron a las asignaturas del curso de verano, ni a los llamados de exámenes finales correspondientes; tampoco a las reuniones de planificación”.
Luciana Manildo, socióloga y docente de Aprendizaje basado en problemas, dijo que no realizaron esas tareas porque estaban haciendo “paro por tiempo indeterminado en rechazo a los injustificados 21 despidos. Estábamos en huelga, es nuestro derecho”.
Sobre el intento de los profesores de asistir a dictar sus materias, la decana Lartigue sostuvo que los profesores despedidos buscaron “interrumpir el normal desarrollo de las clases con arengas y distribución de panfletos”.
Call center
En febrero de 2014 empezó a operar un call center en el Centro de Atención de la Universidad, como un proyecto de Extensión Universitaria, que brinda un servicio de atención al público para ministerios, municipios y otras entidades públicas y privadas. Con el gobierno anterior oficiaron de soporte técnico de Televisión Digital Abierta, Sedronar y el CCK. A partir del cambio de gobierno, mantuvieron las tareas para el Ministerio de Energía, en las áreas de Tarifa social y Corte de suministro.
“Nos contrataron en marzo de este año, hasta el 31 de agosto. El martes 16 de mayo nos presentamos a trabajar normalmente y nos empezaron a llamar de a uno y nos echaron. Anunciaron que estábamos despedidos porque el call center ya no recibía llamadas, algo que es mentira, porque todo lo que refiere a tarifas sociales se atendía ahí. No hay otro centro en el país que atienda esos reclamos”, contó Juan, estudiante de Derecho, quien prefiere resguardar su apellido por miedo a represalias. También cuestionó al centro de estudiantes, “porque nunca se acercó a los afectados”.
“El contrato de servicio profesional que se firmó, que cada uno de los estudiantes aceptó, estipula que ‘cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el contrato notificando por escrito a la otra parte con cinco días de anticipación’”, justificó los despidos Víctor Riera, coordinador del sector. Desde la universidad afirman que 66 de los 75 estudiantes volverán a trabajar en el call center.
Natalia, estudiante de Económicas, recordó: “Muchas veces hicimos trabajos particulares para Riera, que no tenían nada que ver con el call, como buscar información para su vinoteca. No tiene nada de una pasantía, ningún tipo de formación, aunque desde la universidad lo ofrecen así”.
Informe: Gastón Godoy.
