El Congreso Nacional acaba de aprobar el refinanciamiento del Stand By de 2018 y resulta necesario hacer algunas consideraciones sobre los argumentos esgrimidos en estas dos semanas.

Desde Juntos por el Cambio (JxC) se escuchó decir que se votó el crédito para evitar el default, “porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas” (dichos de una exgobernadora). De estar comprometidos con estas ideas, no deberían haber llevado al país a una situación de cesación de pagos (o reperfilamiento, como lo llamaron). Ahora, con el problema de la deuda impagable acechando, lo importante no es quedar bien honrando la deuda, sino evitar los graves problemas económicos y sociales que conllevaría un default.

También se señaló que este Gobierno se endeuda con el FMI, cuando en ningún momento se buscó más financiamiento: sólo se renegoció el Stand By acordado en 2018, cuyos plazos de pago eran imposibles de cumplir. Los DEG que ahora se recuperarán se usaron para los pagos de los vencimientos del acuerdo de 2018, imprescindibles para continuar con la negociación y para los cuales se aplicaron los DEG entregados por el FMI a todos sus países miembros. No habrá necesidad de realizar pagos netos hasta el segundo semestre de 2026, un oxígeno vital. No obstante, no se resuelve el problema del endeudamiento, el mismo es enorme, pero se consigue una postergación de los desembolsos, esencial para ganar tiempo y seguir creciendo con equidad.

En cuanto a dejar en claro que el Stand By de 2018 era de ajuste, recordemos que en la primera Carta de Intención se incluía la promesa de reducir "el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017". También se hablaba de continuar con los "esfuerzos para racionalizar el empleo público".

Ahora, en cambio, la baja del déficit primario será gradual y se basará en un incremento de los recursos producto de una mayor actividad, de la mejora en la gestión tributaria y del fortalecimiento de la progresividad impositiva. En paralelo, se mantendrá un crecimiento moderado del gasto en términos reales.

Respecto del financiamiento del sector privado al Tesoro Nacional será de alrededor de 2 por ciento del PIB por año durante 2022-2024, con lo cual los valores crecerían junto con el PIB. Lejos de la "bomba fiscal" que plantean los principales referentes económicos de la oposición.

En 2018, las autoridades argentinas de aquel entonces decían: "Nos hemos comprometido a finalizar inmediatamente todas las nuevas transferencias directas o indirectas del Banco Central al Ministerio de Hacienda", y más tarde congelarían la Base Monetaria. Ese plan hoy no existe, y mucho menos es deseado por el Gobierno.

El principal argumento de legisladores y legisladoras de JxC para rechazar el programa económico fue que el Gobierno quiere aumentar impuestos, algo que no aparece en el texto del actual acuerdo con el FMI. Sin embargo, en octubre de 2018, en una segunda negociación con el Fondo, el anterior gobierno se comprometía a que: "Bajo nuestro programa pretendemos introducir un impuesto sobre la riqueza sobre los hogares, para asegurar una contribución significativa a nuestros esfuerzos por parte de quienes se encuentran en el segmento superior de la distribución del ingreso". También se señalaba: "Hemos establecido derechos sobre las exportaciones, tomando en cuenta que los exportadores se han beneficiado por la reciente depreciación de la moneda". Una contradicción inocultable entre el discurso actual y las políticas que firmaron.

¿El FMI se volvió bueno? Para nada, pero ha hecho concesiones importantes, aceptando niveles de inflación y una desaceleración lógicos para Argentina, las ya comentadas características de la baja gradual del déficit fiscal primario, y no se exigen las habituales reformas estructurales, como la laboral o la previsional. Esto se ha logrado por la fuerte negociación que el Gobierno llevó a cabo hasta llegar a este punto.

En definitiva, se logró refinanciar los vencimientos, que no haya reformas ni condicionalidades que impidan el desarrollo, ni que se afecte el salario, el empleo ni las inversiones prioritarias que el país necesita. No nos gustan los condicionamientos pero estamos ante el FMI (por decisión de Mauricio Macri). Con este entendimiento podemos aspirar a tener un camino de salida.

* Diputado Nacional del Frente de Todos. Presidente del Partido Solidario.