La fiscal Gisela Paolicelli dijo que “los delitos económicos tienen una vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre, que están flagelando a la provincia de Santa Fe”. Lo señaló al denunciar el caso de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack que dirigían dos pesquisas “importantísimas”. “Una fue la llamada mecacausa, un conjunto de estafas inmobiliarias y lavados de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”. Y la otra “la causa de los senadores” por el “manejo arbitrario de subsidios, desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”

“Estas causas avanzaron y comenzaron a develarse verdaderas redes criminales”, relató. “A comienzos del año 2017 fue elegido para cubrir la vacante del fiscal regional de Rosario el fiscal Patricio Serjal, que contaba con un gran apoyo de un sector político y fue puesto en ese cargo para frenar de cualquier manera el avance de estas investigaciones. Y así lo hizo: desarmó la Unidad de Delitos Económicos, apartó a los fiscales (Narvaja y Mac Cormack). En la megacausa se aplicaron criterios de oportunidad a favor de los principales acusados y en la causa contra los senadores, un archivo”.

“Mientras estuvieron a cargo de estas investigaciones, Narvaja y Mac Cormack sufrieron todo tipo de hostigamientos. El Senado provincial hizo una denuncia ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura y los acusó de haber cometido irregularidades en otras investigaciones, donde tres instancias judiciales confirmaron que los fiscales habían actuado correctamente”, precisó Paolicelli.

Pero al margen de tratarse de denuncias grotescamente falsas, en ese momento la denuncia en la Legislatura no pudo prosperar porque la Legislatura no tenía facultades disciplinarias sobre los fiscales. La ley orgánica del MPA establecía un sistema de juzgamiento disciplinario con verdaderas garantías e imparcialidad de los juzgadores”, “protegía la independencia de los fiscales y no permitía que se ejerciera indebida presión sobre ellos”.

Entonces, ¿qué hizo la Legislatura? Modificó la ley. A finales del año 2017, en forma totalmente imprevista, sin debate previo, sin reflexionar sobre lo que estaban haciendo, por unanimidad se derogó el sistema disciplinario previsto originalmente por la ley orgánica, un sistema que cumplía con los estándares previstos en las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales. Un sistema mixto donde una Auditoría investigaba y un tribunal mixto juzgaba. La Legislatura arrasó con estas directrices y se atribuyó en forma exclusiva la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales por una única causal: el ‘mal desempeño’. Desplazó al juez natural, unificó a quien investiga y juzga, eximió a los votantes de tener que dar fundamentos escritos de sus decisiones y permitió que se debatiera sin quórum. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano. El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a los fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, cerró Paolicelli.

Policelli y también Narvaja respondieron preguntas de los comisionados de la CIDH. Ella recordó que la Legislatura sancionó la ley antifiscales en noviembre de 2017, en una “forma totalmente intempestiva” y se adjudicó la “facultad exclusiva de sancionar o remover a un fiscal” con una norma que “no prevé un debido proceso, ni tiene garantías mínimas”. El hecho ocurrió “justamente cuando los senadores eran investigados” por delitos económicos. Desde entonces, “cada fiscal de la provincia” sabe que si investiga al poder tiene “una espada de Damocles en la cabeza”.

Narvaja dijo que Serjal operó como fiscal regional de Rosario para “desarmar” la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, que él integraba con Mac Cormack. “Se había consolidado un equipo técnico y una oficina con capacidad para perseguir este tipo de casos", pero "la desarmaron sin que esto prenda ninguna alarma” en Santa Fe.