Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de Oil Combustibles, no cometieron ningún delito porque estaban en su derecho de pedirle planes de financiación a la AFIP, los mismos planes que se otorgaron a muchísimos otros contribuyentes. Dos de los tres jueces que fallaron en el caso consideraron, además, que el Grupo Indalo --como muchísimas otras sociedades-- recurría a préstamos entre sus empresas para afrontar los pagos de sueldos u otras obligaciones, algo que tampoco tenía nada de ilícito y que no era obstáculo para adherirse a planes de pago impositivos. Los magistrados, en cambio, condenaron al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, pero no porque se haya llevado dinero al bolsillo ni haya dejado de cobrar impuestos, sino porque permitió que, por ejemplo, 1648 empresas y personas postergaran sus pagos adhiriéndose a largos planes de cuotas en los que de todas maneras se pagaban intereses. Los jueces sostienen que Echegaray no debió permitir la adjudicación de esos planes, que incluso tenían dictamen favorable de quince jefes de área y eran parte de la política económica del gobierno de Cristina Kirchner: facilitar el pago de impuestos para que las empresas mantuvieran o aumentaran los puestos de trabajo.

Todos los conceptos forman parte, explícita o tácitamente, de los fundamentos que se conocieron en el caso Oil Combustibles. El voto mayoritario destrozó la hipótesis de que hubo un contubernio entre López, De Sousa y Echegaray para defraudar al fisco, ya que nunca hubo una reunión ni una llamada entre ellos, apenas los mails usuales de los contribuyentes con la AFIP. En los fundamentos se transcribe el testimonio de un alto funcionario del ente recaudador en tiempos del macrismo: “No hubo evasión impositiva, sí endeudamiento”.

Opositores

El voto mayoritario estuvo a cargo de Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos que, de esa manera, dejaron al descubierto que la prisión que sufrieron durante dos años López y De Sousa fue producto esencialmente de la política de persecución contra opositores puesta en marcha por la coalición política-judicial-mediática alineada con el macrismo. El argumento usado en su momento por Comodoro Py a través del juez Julián Ercolini fue que los empresarios vendieron Oil a escondidas para eludir la acción de la justicia. Esa acusación fue demolida por la investigación que hizo la jueza María Eugenia Capuchetti, lo que también dejó al descubierto que la esencia del encarcelamiento fue la persecución.

Fugas

Aunque no lo dicen de manera tan explícita, transcribiendo algunos testimonios o alegatos, los jueces del voto mayoritario dijeron que Oil Combustibles ni se llevó el dinero al exterior ni fraguó operaciones ni terminó acogiéndose a un blanqueo como sí lo hicieron Gianfranco Macri, el hermano de Mauricio Macri, o la madre del expresidente, Alicia Blanco Villegas. Oil se endeudó con la AFIP --estrategia que tuvieron muchísimas empresas-- porque esa era la política tributaria desarrollada en tiempos de Cristina Kirchner: adjudicar planes de pago y que las empresas mantuvieran su crecimiento y los puestos de trabajo. Como los bancos daban créditos al 45 por ciento anual, muchas empresas se financiaban postergando los pagos de impuestos: no era gratis, casi al dos por ciento, se terminaba pagando algo así como el 30 por ciento anual.

Política

A Echegaray lo condenaron por aplicar esa política tributaria. La pregunta es si la adjudicación de 1648 planes particulares y decenas de miles de planes generales fue un fraude o una política. Echegaray aceptó todos los pedidos que se le hicieron, salvo dos empresas, que pidieron quitas en sus deudas. Los magistrados, en especial el voto disidente de Andrés Basso, pusieron el acento en que los trámites fueron más que laxos, poco rigurosos y que a Oil Combustibles debieron rechazarle los planes porque no probó que estaba en dificultades económicas, algo que los jueces interpretaron como esencial para que la AFIP acepte financiar las deudas impositivas. Tal vez eso ameritaba la imputación por un delito menor, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no la defraudación al Estado ya que la AFIP fue cobrando y con intereses de casi el dos por ciento mensual y además esa era la estrategia: financiar a las empresas para no ahogarlas. El razonamiento es que el Estado no tiene el objetivo de ganar plata, sino, por ejemplo, desarrollar la economía y el empleo.

Preguntas

“¿Por qué sería un delito pedir planes de financiación?", se pregunta el juez Machado Pelloni. "Esa óptica (refiriéndose a la fiscalía) es de un estado peligroso que además se basa en la hipótesis de que hubo un contubernio entre López, De Sousa y Echegaray." El magistrado demostró que los empresarios nunca se reunieron ni se comunicaron con Echegaray y, ante el argumento de la fiscalía de que hubo correos electrónicos, Machado Pelloni transcribió los testimonios de los funcionarios de la AFIP que contaron que buena parte de las empresas mandaban mails y planteaban sus dudas. El único contacto entre Cristóbal López y Echegaray fue la coincidencia en un acto de homenaje a Raúl Alfonsín, cuando les tocaron asientos contiguos.

En el voto mayoritario queda claro que Oil no recibió trato preferencial o privilegiado; no hubo evasión impositiva ni se presentó información falsa. Los planes fueron aprobados, antes que por Echegaray, por todas las gerencias que intervinieron y la misma financiación se otorgó a miles de empresas y particulares.  

Caso

El caso Oil deja planteadas cuestiones de fondo. No hay centenares de empresas a las que se les negaron planes de pago mientras se les otorgaron a unas pocas, amigas del gobierno. Ocurrió lo contrario: se otorgaron planes en forma masiva, incluso a conocidos opositores como Mirtha Legrand. No es un caso en el que se esté debatiendo si un funcionario se enriqueció a costa del Estado o en acuerdo con dueños de empresas. No es un caso en el que se juzgó si empresarios se llevaron dinero oculto al exterior o escondieron plata, bienes u operaciones. Sucedió lo contrario: todo el dinero estaba blanqueado y declarado. Tomando las propias explicaciones de los jueces, lo que subyace es el juzgamiento de una política --que puede ser buena o mala-- por la que se tendió a facilitarles el financiamiento de los impuestos a las empresas y particulares, otorgando planes sin muchas exigencias formales y hasta adjudicándolos aún cuando se incumplía alguno de los requisitos de menor importancia. 

Lo que en verdad explica esta causa es la extorsión a los empresarios para que vendieran sus empresas y sus medios, y el encarcelamiento posterior de quienes estaban en la oposición al macrismo.