La premisa que guió desde un principio la negociación con el Fondo Monetario Internacional fue evitar una devaluación descontrolada. Los argentinos comprobaron por última vez los efectos demoledores de esa situación durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, 2018 y 2019 los saltos cambiarios arrojaron el valor de la divisa a 63 pesos, desde los 9,85 iniciales, una suba del 540 por ciento que dejó un tendal de inflación record, estampida de la pobreza y caos económico.
Para salir de la crisis que generó Cambiemos, desde la campaña electoral de 2019 hasta el presente el Gobierno identificó como primera condición asegurar que el dólar no se dispare. Lo consideró un requisito indispensable no solo para el ordenamiento de la economía, sino también para la gobernabilidad. Con reservas exiguas en el Banco Central y un nivel de deuda externa monstruoso, el Frente de Todos descartó llevar la confrontación con el FMI al punto de ruptura, como hubiera sido repudiar los préstamos tomados, frente al riesgo de desestabilización que ello implicaba para el tipo de cambio.
Por el contrario, con el acuerdo de refinanciación de esa deuda, el gabinete económico asegura que este año el país dispondrá de 12 mil millones a 15 mil millones de dólares adicionales, en comparación con 2021, para impulsar el crecimiento y combatir la inflación. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, enumeró esas fuentes de financiamiento cruciales para la estrategia oficial.
- Aumento de las exportaciones. En 2019 las ventas al exterior totalizaron 65 mil millones de dólares, en 2020, con la pandemia, bajaron a 55 mil millones y en 2021, con la suba de precios de las materias primas, las exportaciones llegaron a 78 mil millones. “Este año esperamos superar los 80 mil millones de dólares y en uno o dos años llegar a los 100 mil millones. Eso generará un alivio legítimo de nuestra balanza de pagos y cambiaria”, analizó el funcionario, en declaraciones al programa Toma y Daca, en la AM 750.
- Crédito comercial. “La desconfianza que había generado entre los actores económicos el precipicio de vencimientos que teníamos con el FMI contrajo el crédito comercial. La Argentina habitualmente tiene un stock de crédito comercial de 25 mil millones de dólares y el año pasado bajó a 19 mil millones”, indicó. Serían unos 6 mil millones de dólares extra. En relación a este punto, el Ministerio de Economía, el de Desarrollo Productivo y el propio Banco Central le están advirtiendo a grandes empresas que participaron activamente de la fuga de divisas durante el macrismo que utilicen esos fondos y aumenten el crédito comercial si es que necesitan elevar el caudal de importaciones. “Les estamos diciendo a las empresas que busquen crédito en el sector privado porque después del acuerdo con el Fondo Monetario seguramente lo van a conseguir. Eso mejorará también el perfil de nuestras reservas”, explicó Pesce.
- Banco Mundial, BID y bancos de desarrollo. “Esperamos un aumento importante del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. En 2021 la balanza con ellos fue negativa, pero proyectamos que este año será positiva en al menos 2200 millones de dólares, y que eso se sostenga los próximos años”, detalló.
- Inversión Extranjera Directa: Los años record de ingreso de divisas por inversiones de empresas extranjeras fueron 2007, 2010 y 2011, en un rango de 3500 millones de dólares. Fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a los que la aposición acusaba de aislar a la Argentina del mundo. En 2021, la combinación del descalabro económico del gobierno de Cambiemos y el cataclismo de la pandemia hundieron la inversión extranjera directa a un piso de 700 millones de dólares. “Este año esperamos que crezca hasta 2500 millones y, en los años siguientes, seguir recuperando”, indicó el presidente del BCRA.
La necesidad de obtener esas divisas se hizo más acuciante a partir de la guerra en Ucrania. El aumento del precio del gas, del petróleo y los combustibles, que Argentina necesita importar para complementar su oferta energética, supone gastos extra que podrían llegar a los 8 mil millones de dólares. Sin acuerdo con el FMI, la situación se hubiera tornado poco menos que inmanejable.
La economía hubiera tenido que hacer un enorme ajuste frente a los desafíos del nuevo escenario internacional. Y, otra vez, la cuestión cambiaria habría echado nafta al fuego de la inflación.
“No necesariamente los actores económicos piensan o razonan de la misma manera que lo hacemos nosotros. Los inversores privados, los organismos multilaterales, los países que tienen líneas de financiamiento bilateral con Argentina miran lo que pasa con el Fondo Monetario y tienen formas de interpretar la economía que muchas veces está en sintonía con el FMI”, argumentó Pesce, en referencia a la mirada ortodoxa del organismo. Como el país necesita acceder al financiamiento que proveen esos actores, concluyó, el gobierno eligió acordar con el Fondo.
Alberto Fernández y Martín Guzmán, responsables directos del entendimiento con el FMI, aseguran que el arreglo es razonable en un contexto de marcada debilidad para el país. Sostienen que haber despejado primero la deuda con los acreedores privados y ahora con ese organismo era el camino apropiado para superar la crisis heredada, la que causó la pandemia y la que ahora genera la guerra en Europa.
Desde la otra vereda del Frente de Todos, en cambio, se visualiza el acuerdo como un plan de ajuste y un cepo al crecimiento económico, que provocará exclusión y sufrimiento para millones de argentinos.
El tiempo demostrará cuál de las posiciones era la correcta. Mientras tanto, para la guerra contra la inflación, el Gobierno entiende que el punto de partida era el control del dólar y, para eso, había que arreglar con el FMI. El camino a recorrer desde esa línea de largada es complejo. Las marchas y contramarchas evidenciadas en los dos años de gestión no son un buen antecedente antes de empezar a transitarlo.