Las fuerzas de seguridad de Brasil intervienen en las manifestaciones en un baile añoso donde la Justicia y el poder político estigmatizan el descontento social. En casos excepcionales como el del miércoles pasado en Brasilia se conoce el saldo de heridos que arroja el operativo policial: 49 personas lastimadas. Sin embargo, no se sabe con certeza –al menos no por los canales oficiales– cuántas balas de goma o bombas lacrimógenas se disparan ni cuántos efectivos reprimen la insatisfacción despertada por el presidente Michel Temer, obligado la semana pasada a volver sobre sus pasos, en un acto de debilidad política, en su decisión de convocar a las Fuerzas Armadas para acallar una bronca que va en aumento. A esas conclusiones arriba Camila Marques, coordinadora del Centro de Referencia Legal en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Artículo 19, institución que participó en Buenos Aires de una jornada organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales donde se debatió el derecho a la protesta en la región. 

“El dato de los 49 heridos es ocasional porque generalmente no se accede a información actualizada. La dictadura legó un funcionamiento totalmente opaco de la policía, con una falta de compromiso por discutir políticas de seguridad con la sociedad”, dice en diálogo con PáginaI12 la abogada de la Universidad Católica de San Pablo y consejera consultiva de la Auditoría General de la Defensoría Pública del Estado de San Pablo, órgano que trabaja en el fortalecimiento de la relación con los movimientos sociales.

–¿Cómo evalúa la represión en Brasilia en las protestas que reclamaron la renuncia de Michel Temer y la convocatoria de elecciones anticipadas? 

–Fue un escenario de barbarie, de violación de los derechos humanos. Brasil viene sufriendo violaciones sistemáticas del derecho a la protesta. Desafortunadamente, no es un caso aislado; hay un patrón y una tendencia de represión intensificado a partir de 2013, con sofisticación de tácticas y métodos de las fuerzas de seguridad. Lo que se vio con el uso de armas de fuego fue una ruptura del consenso internacional respecto a la utilización de armas letales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que las armas de fuego no deben usarse en manifestaciones. 

–Temer convocó a las fuerzas armadas para sofocar las manifestaciones. 

–La aplicación del decreto de garantía de ley y orden habilita el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto social. Se aplicó a partir de 2013 en casos relacionados con eventos deportivos como el Mundial 2014. En ocasiones posibilitó un incremento en las violaciones de derechos en contextos de protesta, sobre todo en las favelas de Río. En Brasilia, el decreto se usó por primera vez para contener una protesta con el Ejército. 

–¿Qué otros cambios observa en el uso del decreto durante el Mundial 2014 y las movilizaciones en Brasilia?

–La justificación nunca había sido “porque hay una manifestación, te apruebo el decreto de garantía de ley y orden que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas”. Entonces tenía que ver con mega eventos, alta concentración de personas en un contexto más amplio de seguridad. Esta semana, el decreto habilitó la participación militar basado directamente en las protestas programadas en Brasilia. No es habitual convocar a las Fuerzas Armadas en un contexto de manifestaciones.  

–La Constitución contempla la actuación de las FF.AA. en la garantía del orden público pero no define con precisión cuándo deben intervenir.

–Existe un margen de discrecionalidad política sobre el empleo del Ejército para contener situaciones de orden público. Eso es natural, lo que no se entiende es que se interprete que una manifestación rompe el orden en una sociedad democrática. Una cuestión anterior al debate sobre cuándo esas fuerzas pueden ser convocadas: hay que discutir la definición de perturbación del orden público. Comúnmente en Brasil, la represión de las protestas, la criminalización de los manifestantes y de los movimientos sociales se da sobre la justificación de mantener el orden público. Por más que ocasione inconvenientes en la dinámica cotidiana de una ciudad con el bloqueo del tránsito, desde una perspectiva de derechos la manifestación social no rompe sino que es parte de ese orden. Por otro lado, la normativa que surge en 2014 aclara que los manifestantes representan fuerzas enemigas del Estado: las manifestaciones son problemas de orden público y los individuos que protestan miembros de un grupo que potencialmente puede romper ese orden y habilitar el uso de las Fuerzas Armadas. Eso es un precedente grave. 

–¿Qué modelo de seguridad se pone en juego cuando se convoca a las fuerzas armadas para que intervengan en las manifestaciones? 

–El primer gran mensaje con la presencia de tropas en las calles es que se trata de una cuestión militar. Automáticamente aumenta la escala de violencia porque cuando se despliegan fuerzas sin preparación para lidiar con conflictos civiles, se permite un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. Eso en un contexto en el cual la policía militar es extremadamente violenta y la violencia en Brasil es institucional. Se legitima un cuadro de represión. El segundo problema es de jurisdicción. En Brasil los actos donde intervienen las fuerzas armadas son tratados por la justicia militar. Ya se ha visto, en contextos vinculados con favelas, a civiles juzgados por esos tribunales con muy pocas chances de resultar absueltos o tener garantizado el acceso al debido proceso. 

–Hay una permanencia de mecanismos y estrategias utilizados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura brasileña. 

–Sin dudas, hay una continuidad en esas prácticas. En Brasil existe la marca de una policía militar que no tiene ni un trazo de ciudadanía, que no se preocupa por dar protección; es una policía preparada para violar los derechos de los ciudadanos. Es como que las autoridades de seguridad pública están por encima de la democracia y de la sociedad. 

–¿Cuál es el rol de los medios en un contexto de criminalización de la protesta?

–Hay un escenario de concentración en Brasil donde pocas familias controlan los medios y el pueblo no puede discutir esas pautas. Hay congresistas, legisladores y gobernadores propietarios de muchos medios. Los políticos que buscan contener las demandas sociales y reprimen las protestas no transmiten en sus programaciones las manifestaciones. Eso genera un escenario de estigmatización y criminalización. Es muy raro que el fundamento de un reclamo sea publicitado. Cuando una manifestación sale en los medios es para hablar de las molestias que ocasionó en el tránsito y en la dinámica de la ciudad.