El 22 de enero de 2021, Alejandro Bravo huía de dos personas de las fuerzas de seguridad que estaban de civil. Conocido en la ciudad de La Rioja como “Caniska”, el tatuador venía tocando las puertas de los vecinos del barrio Nueva Esperanza solicitando auxilio ante la persecución policial. 

A estas dos personas, se sumaron dos policías más que lo detienen y lo trasladan a la Alcaidía. Bravo salió de ese lugar y murió camino al hospital Enrique Vera Barros. La primera información fue que había muerto por un infarto, pero la autopsia determinó que falleció por golpes en la cabeza y además tenía “pérdida de piel y marcas de arrastre”. 

La causa caratulada de “Homicidio Simple” estuvo a cargo del ex juez de Instrucción Nº 3, Gustavo Farías que ahora forma parte de la Cámara Tercera y en su lugar asumió la jueza transitoria María Eugenia Torres. Fueron imputados Nicolás Ochoa, Matías Contreras, José Oviedo y Oscar Ríos (militar superior del regimiento 15). Tres, de los cuatro acusados fueron beneficiados por la excarcelación por falta de mérito. La resolución judicial fue apelada ante la Cámara porque no se tomaron en cuenta las pruebas y la medida del Juzgado de Instrucción quedó revocada.

En esta semana se viralizaron audios del 911, en los que se escucha el pedido de ayuda de los vecinos ante la desesperación de Bravo por la persecución. Esos audios figuran en el expediente judicial desde el año pasado junto a los videos de cámaras de seguridad. Recién ahora la jueza Torres determinó el acto procesal para poder escucharlos. 

Lo confirmó a La Rioja 12, el abogado de la familia, Sergio Gómez y afirmó que existen dilaciones en el proceso judicial cuando existen pruebas que comprueban que a Bravo “lo mataron funcionarios de la fuerza de seguridad”. “Estos audios contrarrestan la hipótesis de la defensa que argumenta una persecución a un individuo que intentaba robar en los domicilios, cuando en realidad Alejandro procura resguardarse ante el peligro”, explicó.

Además de los audios, aportaron las imágenes de cámaras de seguridad y figuran los resultados de la autopsia del médico forense José Luis Díaz Brizuela. Gómez, no solo apunto al retardo de juez anterior, sino que además mencionó otra novedad en la causa. La jueza solicitó enviar a Córdoba la autopsia para tener otra opinión sobre los resultados acreditados por el médico forense tanto en el informe como en su declaración testimonial. “La causa de la muerte está clara y para el médico no hay dudas que murió por un golpe en la cabeza. Mandar a Córdoba es un absurdo y doloroso porque revictimiza”, aseveró Gómez. Explicó a este diario que serían enviadas a COPRAMESAB, -Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas y sanitarias en Bioética-, que depende del Poder Judicial y que tiene acuerdo con la Función Judicial local.

“Su familia está mal, angustiada y esto no debe pasar más y no es el único caso sobre los abusos policiales que deben ser investigados para llegar a la verdad real de los hechos”, expresó el letrado.