La Cámara Federal porteña ordenó al juez Rodolfo Canicoba Corral que le exija al Gobierno y al Congreso Nacional que “faciliten la información vinculada” al atentado a la AMIA, sucedido hace más de dos décadas, con el objetivo de concretar medidas de prueba aún sin respuesta que dependen de su exclusivo accionar. Tal fue la condición que los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia plantearon a Canicoba Corral al concederle una nueva prórroga de seis meses en la investigación que había solicitado.
La de la Sala I del tribunal fue una advertencia al juez a cargo de la investigación que busca encontrar a los responsables de la colocación y la detonación de la bomba que hizo volar en pedazos al edificio en donde funciona la institución de la comunidad judía y que produjo la muerte de 85 personas. En su resolución, Canicoba Corral fue instado a intimar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo “a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias, extremen los esfuerzos para concretar las diligencias cuya realización depende de su exclusiva intervención”, según plantea el fallo en el que enumeraron algunas.
Dirigiéndose al Poder Ejecutivo, los camaristas aludieron a “la instrucción dirigida a todas las áreas de la administración pública nacional, con el objeto de que faciliten la información vinculada al atentado y/o su encubrimiento en los términos de los artículos 4 y 5 del decreto 395/15”. Esa medida implica que “el Presidente de la Nación releve en forma definitiva el secreto, reserva o confidencialidad respecto de ella y evalúe, en su caso, requerir a los gobernadores la concreción del mismo procedimiento en sus respectivas provincias”. La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) deben respuestas a medidas pedidas por la fiscalía del caso AMIA hace un año; Ballestero y Bruglia instaron al juez que pidió prórroga a que les insista.
Pero el fallo no solo indica faltantes de información. Además, los jueces manifiestan “preocupación” por el hecho de que en el marco de la visita que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó al Líbano en mayo de 2016 “no abordó la temática relativa a la cooperación penal en torno al atentado perpetrado en la sede de la AMIA”.
En cuanto a la “cierta intensificación de los esfuerzos”, que los camaristas notaron tras el nombramiento de las nuevas autoridades de la Unidad Fiscal AMIA luego de la muerte de Alberto Nisman –el organismo quedó a cargo de Roberto Salum y Leonardo Filippini–, Ballesteros y Bruglia advirtieron que “de la lectura del dictamen –elaborado por los nuevos fiscales hace un año– aquí analizado se desprenden datos de extrema relevancia vinculados a medidas de prueba cuyos resultados aún resultan desconocidos”. “Pero, además, tampoco fueron ofrecidas mayores explicaciones relativas a las razones en las que se funda ese desconocimiento y, aún más, cuáles serían las probabilidades que muchas de ellas podrían conllevar para el esclarecimiento de la acción criminal ocurrida hace más de dos décadas en la sede de la AMIA”, advirtió en su voto el camarista Ballestero.
La Cámara aludió además a las notificaciones rojas de Interpol con pedidos de captura de ciudadanos iraníes renovadas la semana pasada contra Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rezai y advirtió sobre otras pendientes. “Resta aún encomendar que se extremen los esfuerzos dirigidos a reiterar la petición”, insistieron y señalaron que “reviste suma relevancia se requiera, de manera urgente, la información relativa al procedimiento dirigido a relevar de secreto los tramos de la actividad estatal cuya confidencialidad a la actualidad ya no se encuentra justificada”.
Respecto del silencio que los fiscales recibieron de las solicitudes realizadas a la AFI, la Sala I de la Cámara Federal le ordenó a Canicoba Corral exhortar “al Director General (de la agencia de inteligencia) con el objeto de que informe a la mayor brevedad posible el plan diagramado con la finalidad de poner a disposición de la UFI AMIA el material indicado en el decreto 395/2015, acorde con la petición que en tal sentido formularan los acusadores públicos el 3 de noviembre último, y que a la actualidad se encuentra pendiente de respuesta”. Lo mismo dispusieron para con el titular de la Unidad Especial de Investigación Amia, Mario Cimadevilla, “en punto a la compulsa y desclasificación de materiales en poder de la Gendarmería Nacional”. La Cámara consideró que debe procurarse “alcanzar un pronunciamiento definitivo, aventando mayores dilaciones en la búsqueda de la verdad y la justicia” sobre el atentado terrorista que aún permanece impune.
