Desde Santa Fe
El Tribunal Oral de Santa Fe clausuró esta semana la etapa de pruebas en el cuarto juicio a Víctor Brusa y en el primer alegato, la querella le pidió que condene al ex juez federal de Santa Fe a 15 años de prisión por “tormentos agravados” a tres militantes peronistas “en el contexto del genocidio”. En el “entramado criminal” de la dictadura, “el Poder Judicial no era ajeno, no era ni siquiera cómplice, era parte integrante y fundamental” del terrorismo de estado para “la legitimación de esos crímenes y garantía de impunidad de sus perpetradores”, dijo la abogada querellante Lucía Tejera. La “patota de saco y corbata” –como la llamó uno de los denunciantes de Brusa, Francisco Klaric- formó parte del “plan sistemático de la represión ilegal”. Tejera solicitó también al Tribunal que Brusa cumpla la condena en “cárcel común” y no en su casa, como hasta ahora, donde convive con una sentencia unificada a 23 años de prisión por “apremios ilegales” a nueve perseguidos políticos y “asociación ilícita”, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le anuló el beneficio de la “prisión domiciliaria” en octubre de 2021.
En el juicio, están imputados también dos policías: la ex carcelera del Area 212 que operaba en la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aevi y un oficial del Comando Radioelectrico, Juan Eduardo González. El miércoles, el Tribunal indagó a González, cerró la etapa de pruebas y escuchó el alegato de la querella que representa a Klaric. El miércoles próximo están previstos los alegatos de la fiscal Jimena Caula y de la defensa. El veredicto del Tribunal, integrado por los jueces de Rosario Mario Gambacorta, Germán Sutter Schneider y Eugenio Martínez Ferrero, se conocería el 30 de marzo.
En el debate, volvió a quedar a la vista que el Juzgado Federal de Santa Fe operaba como “parte integrante y fundamental” del terrorismo de estado, dijo Tejera. El juez era Fernando Mántaras, un orgánico de la dictadura. Una de las secretarías estaba a cargo de Víctor Montti, quien después ascendió a juez y a la otra escaló Brusa. Los denunciantes señalan a otro empleado: Jorge Ciriaco Nuñez, ya fallecido. El único que llegó a juicio fue Brusa. A Montti lo volvieron a denunciar nuevamente en este juicio tres testigos: Klaric, Orlando Barquín y Carlos Raviolo. Pero ya se sabe, que en 2011 zafó con una falta de mérito de la Cámara Federal de Rosario, por los mismos casos; en 2015 y 2016, los fiscales Walter Rodríguez y Martín Suárez Faisal pidieron su indagatoria y detención, pero eso no ocurrió.
Klaric fue secuestrado el 20 de noviembre de 1975, en la calle, junto con su compañero Orlando Barquín. De la cárcel de Coronda lo sacaron “en numerosas oportunidades para ser sometido a interrogatorio bajo torturas y en esas condiciones obligarlo a firmar declaraciones que luego sería utilizadas en su contra”, relató Tejera.
En abril de 1977, el juez Mántaras le arma una causa. “Qué podía decir yo si hacía dos años que estaba preso, nuestra organización casi destruida, la mayoría de los compañeros que no estaban en la cárcel estaban muertos, desaparecidos o en el exilio. Era la tortura por la tortura misma”, dijo Klaric en el juicio. “La maquinaria criminal estaba en marcha y era necesario blanquearla a través de expedientes judiciales”, agregó Tejera en el alegato. “Por eso, Klaric y tantos testigos hablan de la patota judicial, de un grupo de funcionarios y empleados del Poder Judicial dispuestos a encontrar justificativos aparentes para dar legitimidad judicial, de manera sistemática, a esa privación de la libertad”. “El Juzgado Federal de Santa Fe era un engranaje más de esa maquinaria”, señaló la abogada.
En su relato, Klaric dijo que Montti y Brusa tramitaban los expedientes. "Brusa se encargaba de un grupo de detenidos y Montti de otro”. Por eso, en diciembre de 1983, junto con Barquín, denunciaron a ambos secretarios porque “esa división de tareas” formaba parte del mismo operativo. “No actuaban separadamente, sino todo lo contrario”, explicó Tejera.
Brusa operaba en la cárcel de Coronda y en comisarías. “En los interrogatorios, presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores para que ratifiquen las declaraciones donde las víctimas ‘confesaban’ determinados hechos que eran utilizados para fundar las condenas”. “Lo dijo Klaric, que en una piecita de la cárcel de Coronda, Brusa le anunció: ‘Con vos, lo vamos a arreglar de otro modo’. Y días después, fue sacado del penal para someterlo a interrogatorio bajo tortura”, recordó la abogada. En el chupadero, “lo ataron a un elástico de una cama con las manos muy extendidas y las piernas atadas en la punta y comenzaron a torturarlo con picana y golpes. Reconoce a una persona que leía una ayuda memoria o una declaración ya escrita que tenía que firmar”. “Esa persona tenía una voz aflautada que leía mientras me torturaban y estaba acompañado de otra, que luego identifica con Nuñez, empleado del Juzgado Federal y el doctor Castiglioni”.
“Brusa, como representante del Juzgado Federal de Santa Fe era parte de los mecanismos de poder que reproducían el terror fuera del campo de concentración”. Su tarea, “como las del juez Mántaras, Montti, Nuñez, Castiglioti y el resto del aparato judicial a disposición del plan criminal era obtener las firmas necesarias para utilizar esas declaraciones como fundamento de una condena. No sólo se negaba a tomar las denuncias de torturas de las víctimas, que en muchos casos eran evidentes, sino que las amenazaba con volver a ellas. Y se burlaba de la situación que detentaba, lo que de por sí ya era degradante, presentándose en nombre del Poder Judicial, violando principios jurídicos y de humanidad básicos, actuando convencido de sus hechos y sabiendo que gozaba de plena impunidad”, concluyó Tejera.
