Desde Lima

El presidente Pedro Castillo ha pedido una tregua a la oposición parlamentaria, llamándola a una concertación. Lo hizo después que la ultraderecha diera un paso adelante logrando en el Congreso el apoyo necesario para hacer aprobar un proceso para destituirlo. “Tiendo mi mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país”, le dijo Castillo a la representación parlamentaria, que un día antes a ese discurso había aprobado por 76 votos de un total de 130 llevar a Castillo ante el Congreso como acusado por “incapacidad moral”. Debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la extrema derecha y la mayor parte de los medios, pero también por sus errores, retrocesos en la agenda de cambios y sospechas de corrupción en su entorno que lo salpican, el presidente ha buscado con ese mensaje concertador una salida a la crisis de polarización e inestabilidad.

Convencer a la centro derecha

Tarea complicada para Castillo construir puentes de entendimiento con una oposición que en buena parte se ha mostrado abiertamente golpista y tiene como objetivo principal destituirlo. Con una ultraderecha obsesionada con derrocarlo y que ha dado señales de que solo podría aceptar un acuerdo si el mandatario se somete a su control y termina como su títere, la esperanza concertadora de Castillo mira a las bancadas de centro derecha, que se han plegado al pedido de destitución promovido por la extrema derecha, pero a las que el gobierno espera atraer para que tomen distancia del golpismo.

En la línea concertadora que le imprimió a su mensaje extraordinario ante el Congreso, dado a su pedido en respuesta al inicio del proceso para destituirlo, Castillo pidió terminar con la polarización entre el Congreso y el Ejecutivo, la cual, dijo, ha generado “una grave crisis”. Anunció que presentará a la representación parlamentaria una serie de propuestas de reforma política para enfrentar esa crisis, que calificó de “sistémica”, pero no dio detalles de su contenido. Reconoció errores de su gobierno, aunque no precisó cuáles eran, y dijo estar decidido a corregirlos, pero negó enfáticamente estar involucrado en actos de corrupción, como señalan quienes promueven su destitución. Para la derecha la autocrítica no fue suficiente. El tono concertador de su mensaje no evitó que Castillo denuncie que un sector político, que no mencionó, pero a todos quedó claro a quiénes se refería, no acepta su triunfo electoral y busca desestabilizar su gobierno para sacarlo de la presidencia.

Argumentos débiles

Como la cereza sobre el pastel concertador que llevó al Congreso, antes de retirarse del hemiciclo el presidente se acercó a las bancadas opositoras para darle la mano a los legisladores que han votado para iniciar un proceso sumario para sacarlo de la presidencia. El lunes 28 será el día decisivo en este proceso sumario de destitución. La acusación contra Castillo tiene argumentos muy débiles, algunos absurdos, que fuerzan hasta la ilegalidad la figura de la “incapacidad moral”. La imputación central tiene que ver con una supuesta corrupción en licitaciones, por casos que sin embargo están en investigación sin conclusiones sobre responsabilidades. En la acusación se señala insólitamente que los cuestionamientos contra algunos ministros son prueba de “incapacidad moral” del presidente por haberlos nombrado, y se afirma que el mandatario debe ser destituido por declaraciones periodísticas en las que dijo que llegó a la presidencia sin estar preparado para gobernar o se refirió a la posibilidad de ofrecer una salida al mar a Bolivia.

En su mensaje al Congreso, Castillo rechazó todos los cargos que se le hacen, pero no entró en detalles. Lo tendrá que hacer el lunes 28 cuando deba volver al Parlamento para responder en el proceso de destitución. Para destituirlo se requieren 87 votos, dos tercios del total. Los cálculos adelantan que la oposición golpista no los conseguiría, aunque el presidente se mueve con los votos justos para bloquear la aprobación de su destitución. Con su discurso concertador ante el Congreso, que terminó con un llamado a “la más amplia unidad”, busca ganar votos que le den más aire.

Cambio de ministro

Este sábado, Castillo cambió sorpresivamente a su ministro de Justicia, Angel Yldefonso Narro, cuya salida exigía la oposición. La inesperada decisión de la oposición más radical de retroceder en la censura planteada en el Congreso contra el ministro de Salud, Hernán Condori, el más cuestionado miembro del gabinete por denuncias en su contra de mala práctica médica y corrupción, lanzó las especulaciones de un probable acercamiento entre la ultraderecha parlamentaria y el Ejecutivo. Una posibilidad que sería letal para la legitimidad de Castillo, distanciándolo definitivamente de los sectores democráticos y populares que le dieron el triunfo electoral y quedando en manos de esa ultraderecha que ahora lo quiere sacar. Un acuerdo con la ultraderecha sería suicida.

Escándalo

Pero la explicación a ese retroceso de la extrema derecha parlamentaria en el caso del ministro de Salud podría tener otra explicación a la de una señal de acercamiento como algunos han visto. El escándalo mayúsculo y la multitudinaria indignación, expresada en movilizaciones en las calles, contra la decisión tomada el último jueves por el Tribunal Constitucional (TC) que ordena liberar al exdictador Alberto Fujimori, en prisión desde 2007 condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, podría explicar un repliegue temporal del fujimorismo y otros grupos de ultraderecha para no agitar más las aguas cuando tienen como prioridad consumar la ilegal liberación del exdictador. Eso podría jugar a favor de Castillo en el pedido de destitución. Sin embargo, por otro lado, la reacción del gobierno rechazando la decisión del TC de liberar a Fujimori, que ha sido criticada duramente por varios ministros, alimenta el enfrentamiento del fujimorismo y el resto de la ultraderecha contra Castillo a días de debatirse el pedido de destitución. El último viernes, Castillo recibió a las víctimas de la dictadura fujimorista, un claro gesto contra la decisión del TC a favor el exdictador y de respaldo a las demandas de justicia de las víctimas. El gobierno apoyaría una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar dejar sin efecto este fallo del TC que consagra la impunidad de Fujimori.

El escenario es complejo y la inestabilidad grande. Está por verse qué está dispuesto a ceder Castillo en nombre de la concertación que propone. Por lo pronto, ya ha dejado en segundo plano buena parte de las propuestas de cambio que despertaron las esperanzas populares y con las que ganó las elecciones. Retroceso que lo ha distanciado de los sectores populares y progresistas que fueron la base de su triunfo electoral, lo que suma a su debilitamiento. La respuesta del gobierno rechazando la restitución del indulto a Fujimori lo reencuentra con esos sectores.