La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionó por primera vez en el año y dio media sanción a la ley que busca declarar la emergencia económica para empresas recuperadas por el término de dos años.

La iniciativa, originada en el Poder Ejecutivo, intenta responder a las demandas del sector y propone suspender la ejecución de sentencias de desalojo y cortes de servicios públicos por falta de pago para esas firmas que hoy son alrededor de 170.

En la propuesta enviada por Axel Kicillof se destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con posibilidad de extenderlo si fuera necesario. De sancionarse, se suspenderán también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia. Ahora bien, las empresas que se declaren en situación de emergencia económica, financiera y tarifaria accederán a un plan de facilidades de pago para cancelar las deudas.

2001

El surgimiento de la mayor cantidad de empresas recuperadas, a partir de la conformación de cooperativas de trabajo, ocurre en el inicio de la década de los 2000, en un momento de fuerte crisis económica y social que decantó en el estallido de 2001. Por el carácter conflictivo de su surgimiento, "su desarrollo como empresas productoras de bienes y servicios, generadoras de fuentes de trabajo, ha sido accidentado por no ser integradas al sistema productivo en las mismas condiciones que otras empresas -recibiendo siempre un tratamiento desfavorable-, y por los cambios continuos de las condiciones del contexto", comenta Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y quien participó activamente en el armado de la ley.

Luego de la crisis de 2001 se multiplicaron las empresas manejadas por sus trabajadores hasta llegar al día de hoy a 403 empresas, responsables de más de 18.000 puestos de trabajo, según el Registro Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social (Renacer).

Bembi cuenta que las empresas recuperadas han logrado superar las desfavorables condiciones continuando con la producción de bienes y servicios para el mercado local e internacional, manteniendo y/o incrementando los puestos de trabajo en diversas áreas: metalúrgica, autopartista, calzado, cuero, alimentación, madera, plástico, carne, educación, entre otras. "En este proceso han evidenciado una gran capacidad de adaptación, diversificación, a partir de la recuperación de saberes organizacionales, fomentando los valores cooperativos y el compromiso con la comunidad".

Cambiemos

Durante el gobierno de Mauricio Macri las empresas recuperadas fueron golpeadas por los tarifazos y su capacidad de competencia se vio gravemente afectada sin el respaldo del Estado.

“La crisis económica que atravesó el país provocada por medidas que redujeron la demanda, incrementaron la competencia de productos importados con los que las empresas locales no podían competir; aumentaron los costos -principalmente de los servicios públicos, con los que la mayoría acumuló importantes deudas que llevaron al corte del servicio en algunos casos-; subieron las tasas de interés agravando la dificultad de acceso al crédito; colocó a estas empresas en una situación crítica, de la que les resulta muy difícil salir sin el apoyo y acompañamiento del Estado", explica Bembi.

La pandemia

Durante el momento más álgido de la pandemia donde el sector tuvo que cerrar las puertas, las asociadas y los asociados pudieron recibir ingresos por los programas del Estado que les permitierion sostener su economía.

En esos meses, las empresas recuperadas consumieron el capital con el que contaban y luego los stocks de productos terminados y materias primas para sostener los retiros de las asociadas y asociados, además de sumar deudas con proveedores y los servicios públicos. “Todo esto les dificulta enormemente la reactivación de su actividad a los niveles con los que venían trabajando o incluso el aprovechamiento de los incrementos de demanda actuales”, menciona la subsecretaria.

La inaccesibilidad a ciertas herramientas que ayudan a fomentar la producción entorpece el crecimiento de las empresas. Bembi remarca que esta dificultad se debe a que “la gran mayoría de las empresas del sector aún no han logrado resolver la titularidad de los bienes que utilizan en su proceso productivo, hecho que perjudica su actividad diaria -por ejemplo limitando el acceso al financiamiento o la inversión en activos fijos- y también la tranquilidad de asociados y asociadas sobre su continuidad de trabajo”.

Este proyecto de ley viene a proponer una medida paliativa para el sector con el objetivo de que pueda recuperarse y volver a competir tanto en el mercado local como en el internacional y así devolverles seguridad a sus trabajadores.