Con la presencia de la mamá y el papá de Micaela García, diputadas de distintos bloques de la oposición presentarán hoy un paquete de proyectos de ley que apuntan a prevenir la violencia de género y  los femicidios, a cuatro días de la tercera marcha Ni Una Menos, convocada para el próximo sábado 3 de junio. “Pretendemos que el Congreso tenga una participación responsable en el debate acerca de los femicidios y la violencia contra las mujeres, priorizando una mirada integral y preventiva acerca de la problemática, frente al abordaje exclusivamente punitivista que plantea el Gobierno. Si solamente se discute el castigo, seguimos llegando tarde”, señaló a PáginaI12 la diputada del Peronismo para la Victoria (PPV) Lucila De Ponti, militante del Movimiento Evita, igual que la joven asesinada en Gualeguay, y una de las impulsoras de la convocatoria. Entre los proyectos, figuran dos del PPV, que crean programas nacionales con el nombre de Micaela García: uno de Capacitación Institucional en Género y Violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública, incluido el Presidente;  y otro Social y Deportivo, para promover el deporte como “práctica de inclusión e integración de los sectores juveniles en condiciones de vulnerabilidad”. En lo que va del año, hubo 133 femicidios: cada 26 horas una mujer fue asesinada por ser mujer, según el registro que lleva adelante la organización Mumalá. El 61 por ciento de los casos fue perpetrado por la pareja (43 por ciento) o ex pareja (18 por ciento) de la víctima, 14 por ciento por hombres conocidos de su círculo íntimo, 11 por ciento por otro familiar, en 9 por ciento de los hechos no se obtuvieron datos sobre el vínculo entre la víctima y el agresor y solo en el 5 por ciento, fue cometido por un desconocido, sin vínculo ni relación. 

“Hay que apuntar a la prevención. Lo que se está discutiendo en el Congreso tiene que ver con qué se hace con la persona una vez que cometió el delito. Pero hay muy pocas acciones para evitar que ocurra la violencia de género. Por eso apoyamos la presentación de estos proyectos, que son de lo más variados”, dijo ayer a este diario Néstor “Yuyo” García, padre de la joven asesinada por Sebastián Wagner, quien había estado preso por dos ataques sexuales. Micaela desapareció a la salida de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue encontrado en un descampado una semana después, a principios de abril (ver aparte). Después del femicidio de la joven, el macrismo apuró el debate de una reforma a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que busca aumentar la cantidad de tiempo que una persona condenada tiene que estar detenida para acceder a las salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales y en algunos delitos busca prohibirlas. La iniciativa fue criticada por distintas voces, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, por no apuntar a la prevención de la violencia machista y por quitar cualquier incentivo para el estudio, la capacitación o el trabajo dentro de la cárcel, mientras el Estado se desentiende de sus obligaciones de cumplir con políticas específicas dentro de los penales para evitar la reincidencia, por ejemplo, en los casos de condenados por violación y otros delitos contra la integridad sexual. 

La agenda parlamentaria que se presentará hoy a las 13 en el Salón Delia Parodi, incluye 13 proyectos presentados este año por diputadas del Frente Renovador, Libres del Sur, Frente para la Victoria, Partido Socialista, Frente de Izquierda y el PPV. Legisladoras de esos bloques participarán de la conferencia de prensa junto a Néstor García y Andrea Lescano, padres de Micaela, y referentes de organizaciones feministas. 

“Creemos que hay que darle mayor jerarquía a las leyes que ya existen como la 26.485, de Protección Integral de la violencia de género o la Educación Sexual Integral, que está siendo debilitada. El Congreso debe tener un rol central para que se discutan las causas de la violencia contra las mujeres y las formas para erradicarla. Por esa razón presentamos una serie de proyectos que tienen eje en la prevención. Esa es nuestra responsabilidad con Micaela y con todas las mujeres víctimas de femicidio”, agregó De Ponti. 

Entre los proyectos, figura uno del PPV que crea un Programa Nacional de Capacitación de Promotores y Promotoras Territoriales en Género, dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La iniciativa busca darle estatus de ley a una propuesta que viene desarrollando la Procuración General de la Nación en las villas 31 y 21.24, de la ciudad de Buenos Aires, para que se replique en todo el territorio del país. El objetivo es que referentes barriales formados en la temática de género puedan incidir “en la prevención de la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, en zonas de alta vulnerabilidad social”, detectar casos y articular con instituciones estatales. 

Otro de los proyectos del PPV crea el Programa Nacional Social y Deportivo “Micaela García”, en el ámbito de la Secretaria de Deporte, Educación Física y Recreación del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Tiene como objetivo general “la promoción de actividades de formación e inclusión deportiva, orientadas a la eliminación de las desigualdades y discriminación entre mujeres y varones en cualquiera de sus manifestaciones y a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias”. Prevé que cada 9 de agosto, día del nacimiento de Micaela, se realice una jornada de encuentro y competencia de carácter nacional en la cual participaran representantes de todas las provincias, en homenaje a la joven militante social y política. 

Dos de las iniciativas son muy similares: la presentada por el bloque del PPV y otra por la diputada Analía Ranch Quiroga, del FPV, que crean un Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres para todos los agentes estatales. La propuesta del PPV es que también esta ley también lleve el nombre de Micaela García. El proyecto establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado nacional, “deben cursar y aprobar todos los años una capacitación en gestión con perspectiva de género conforme a contenidos curriculares mínimos que, en carácter de directrices, establece el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con la sociedad civil y sus organizaciones”. El Ministerio de Modernización, en su carácter de autoridad competente en el diseño e implementación de las políticas de capacitación para personal y funcionarios de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada elaborará “el contenido y la modalidad  de las capacitaciones a desarrollarse en el Poder Ejecutivo nacional, conforme las directrices elaboradas por el CNM y con las adaptaciones que cada organismo requiera conforme las incumbencias que le son propias”. La capacitación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial estará a cargo del CNM. 

La diputada Victoria Donda, de Libres de Sur, presentó dos proyectos, uno que incluye la temática de la violencia contra la mujer y los contenidos que contribuyan a eliminar estereotipos de género y los criterios discriminatorias, en la Ley de Educación Nacional; el segundo, apunta a penalizar el acoso sexual callejero. 

En el paquete de iniciativas hay una de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del FPV, que establecen una reparación económica para hijas e hijos de madres asesinadas por violencia de género y otro, de Graciela Camaño, del Frente Renovador, que incorpora la licencia por violencia de género en la Ley de Contrato de Trabajo. Carla Pitiot y otras legisladoras del FR presentaron un proyecto que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales el inciso, y le incorpora una artículo que crea una plataforma de comunicación digital para brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.