La falta de un protocolo para someter a los empleadores de las empresas que prestan el servicio de transporte masivo de pasajeros a evaluar a los y las choferes que tuvieron siniestros, impide conocer si estos últimos están en condiciones psicológicas de continuar manejando.

Esa fue la explicación de Luciano Romano, abogado de la colectivera que está imputada en la Justicia por dos siniestros. El primero terminó con el fallecimiento de una pasajera del corredor 7B (de la empresa Alto Molino), el 7 de marzo pasado, y el segundo hecho culminó en lesiones leves a una persona que manejaba una moto el 14 de marzo pasado.

Las consultas que se hicieron desde Salta/12 apuntaron a las razones por las cuales la colectivera no estaba de licencia pese a haber sido parte de un accidente que terminó con un deceso. “A los dos o tres días siguientes (del 7 de marzo) ella no trabajó porque no se sentía emocionalmente estable”, afirmó el letrado. Contó que su representada le dijo que estaba en estado de shock y sin poder dormir.

Cuando se hizo presente en la empresa “le solicitaron que siga trabajando si es que ella se sentía estable. Y ella pensó que sí, que podía llevar esto adelante”, por lo que volvió a manejar.

Días después se produjo el segundo accidente, sobre el que Romano afirmó, “no fue culpa de ella”. En este punto, el abogado dijo que un informe de la Dirección de Tránsito Municipal denota que “la moto quiso ganarle al colectivo”, por las marcas que aparecen del lado derecho delantero del vehículo. Tras el segundo accidente la trabajadora continuó con los trámites para pedir una licencia y actualmente está con carpeta psiquiátrica.

Prohibición de manejar

El jueves último el juez de Garantías Ignacio Colombo hizo lugar a la solicitud de la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke y ordenó a la acusada la prohibición provisoria para la conducción de vehículos. La fiscala afirmó que la colectivera incurrió en una conducta imprudente y negligente, y la que acusó de conducir “un transporte público con la licencia habilitante vencida en el mes de octubre de 2021”. Sin embargo, según se corroboró desde la Municipalidad de Salta, a raíz de la pandemia los vencimientos de las licencias están prorrogados según la fecha de vencimiento. En el caso de las vencidas 2021, la prórroga es de 18 meses, es decir que en rigor la licencia estaba vigente.

Romano afirmó que su defendida “tiene que volver a trabajar porque es mamá soltera de una nena de 5 años y es una de la preocupaciones más grandes que tuvo y tiene, y no tiene a quien recurrir”. Añadió que por el accidente acontecido “recibió escraches de muchas personas por redes sociales, por lo que suspendió su cuenta, porque se sentía muy presionada con todo esto”. El abogado añadió que la mujer no quiso hacer ninguna denuncia sobre esto para evitar agregar motivos para ser escrachada, aunque sí retiró de las redes sociales sus cuentas y fotos de perfil.

Con respecto al avance en las investigaciones de los dos siniestros, Romano afirmó que se esperan las pericias criminalísticas por el primero de ellos. Por el segundo, ya se encuentra el relevamiento municipal y dos testigos que afirman que la moto se habría adelantado.