El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad informó este lunes que realizarán un paro de 24 horas en todo el país para el próximo 29 de marzo, que afectará los servicios de pasajeros y de cargas.
Según explicó el titular del gremio, Omar Maturano, será una medida "en defensa de la industria ferroviaria y el empleo, vulnerado por la decisión judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca".
La medida de fuerza se tomará, además, "en rechazo de las irregularidades producidas en la compra fantasma de pasajes en servicios ferroviarios, que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte".
También por "los ataques al ferrocarril durante el asfaltado de vías y la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades, como ocurre en Chascomús".
"Algunas comunas de forma irregular asfaltaron vías en los pasos a nivel, lo que impide que los trenes paren en las estaciones de esas localidades. Existe una embestida contra la actividad", describió el gremialista.
"El malestar también se relaciona con las conductas de algunos gobiernos provinciales que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la Nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal, que no tiene casa propia en un 60%", dijo Maturano.
En ese marco, indicó que "el capital de las propiedades ferroviarias no operativas debería impulsar a nivel económico el desarrollo de la infraestructura de la industria ferroviaria, permanentemente saqueada".
Respecto a la decisión judicial de suspender "la circulación ferroviaria entre Buenos Aires y Bahía Blanca", Maturano señaló que se trata de un "beneficio a empresas automotoras que reaparecieron en el mercado a partir de medidas tendenciosas que golpean al tren, en un contexto nacional en el que fallecen más de 5 mil personas en accidentes de tránsito carretero".
"La clausura de servicios ferroviarios en ausencia de pericias técnicas previas afecta de forma económica a los sectores populares, que utilizan el ferrocarril por sus tarifas sociales", concluyó el gremialista, quien señaló que a fin de preservar la seguridad "la justicia debería exigir a las empresas la reparación de la infraestructura y material tractivo y rodante, ajustando a derecho la responsabilidad patronal".
