La impunidad biológica salvó en las última horas a dos integrantes de fuerzas militares y de seguridad de enfrentar a la Justicia por su participación en los crímenes de lesa humanidad que tuvieron a Campo de Mayo como escenario durante la última dictadura cívico militar. Al policía y miembro del Batallón de Inteligencia 601 retirado Carlos Villanova le llegó la muerte antes que la Justicia el pasado martes. El exaviador del Ejército Horacio Alberto Conditi, que ejerció un cargo jerárquico en el Batallón de Aviación 601, quedó fuera del juicio por los vuelos de la muerte que partieron de aquella guarnición militar por que su estado de salud ya no se lo permite. Ninguno de los dos recibió nunca condena alguna por su aporte al genocidio.
El presidente del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, Walter Venditti, ordenó esta mañana al secretario que leyera la parte resolutiva de la decisión tomada por él y sus colegas Patricio Rodríguez Eggers y Matías Mancini, respecto de Conditi, uno de los cinco acusados en el juicio que siguen por los vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo con el objetivo de exterminar y desaparecer los restos de militantes detenides en los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición: “El tribunal resuelve suspender el avance del proceso penal respecto de Horacio Conditi por incapacidad sobreviniente y separarlo del juicio oral iniciado el 5 de octubre de 2020”, indica la resolución. Además, el TOF 2 ordenó “la realización de exámenes anuales a efecto de verificar la subsistencia de la situación incapacitante que lo aqueja”.
Más allá de los casos específicos que fueron eje de la acusación, el secuestro, las torturas y el asesinato de Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Novillo Corvalán y Roberto Arancibia –cuatro detenides desaparecides en El Campito, uno de los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, cuyos cuerpos aparecieron en las costas del Mar Argentino y el Río de la Plata–, el debate oral y público que tuvo a Conditi entre sus acusados hasta esta mañana revisó la partida de vuelos de la muerte desde esa guarnición militar como método de exterminio de las víctimas de la última dictadura y la desaparición de sus cuerpos.
Conditi, al igual que Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance, otros tres acusados –el titular de Institutos Militares y multicondenado Santiago Riveros completa la lista– eran aviadores y ocuparon la plana mayor del Batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército que funcionaba en Campo de Mayo. Entre tantas otras cuetiones, el Batallón gestionaba la pista de aviación que existe en esa guarnición. Numerosos testigos a lo largo del año y medio del debate –en su mayoría ex soldados conscriptos– aportaron datos que confirman que desde esa pista partieron aviones cargados de detenides desaparecides que no regresaban; que las naves volvían con manchas de sangre; que al costado de la pista se hallaron ampollas de ketalar, una droga para adormecer a las víctimas.
“Ninguno de ellos, no obstante, fueron acusados ni están siendo juzgados por manejar los aviones que trasladaron detenides desaparecides a su muerte, sino por ser la cúpula del Batallón desde donde salían los vuelos”, aportó Pablo Llonto, abogado querellante en el debate. “Como integrantes de la plana mayor del Batallón no podía desconocer que todas las semanas salían los vuelos llevando gente”, añadió. Sin ir más lejos, la acusación con la que llegó Conditi a juicio indica que su accionar “consistió en disponer de todos los medios materiales y humanos que a su alcance se encontraban" para permitir que ingresara al Batallón "un número indeterminado de personas --en distintos tipos de vehículos--, que previamente habían sido detenidas ilegalmente, y que se dirigieran directamente a la pista de aviación, donde siempre había una aeronave preparada --generalmente-- en horario nocturno, y de la forma más oculta posible las hacían subir".
El juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo ingresó la semana pasada en su fase definitoria de alegatos y se espera que la condena llegue durante la primera mitad del año. El debate era el primero que afrontaba Conditi, de 85 años, por su participación en el terrorismo de Estado. Tanto los informes del Cuerpo Médico Forense como el de peritos de parte determinaron que no está en condiciones de afrontar un proceso de estas características. Tras su apartamiento, volverá a gozar de impunidad.
Murió “Gordo 1”
La semana pasada también se conoció otra “baja” en la lista de miembros retirados de las fuerzas de Seguridad acusados de crímenes de lesa humanidad. El caso de Carlos Francisco Villanova es particular: si bien numeroses sobrevivientes de El Campito lo nombraron en sus testimonios por sus diferentes alias –”Gordo 1”, “Tordo”, “Capitán Federico”--, la imposibilidad de salir a buscarlo con la Justicia e involucrarlo en el proceso de juzgamiento a genocidas duró varias décadas ya que no se conocía su nombre.
Recién en 2014 fue identificado con su nombre real: Carlos Francisco Villanova, gracias a un trabajo que involucró el esfuerzo del Juzgado de Instrucción 2 de San Martín, a la Fiscalía y al entonces activo Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Vivía lo más campante en Vicente López, participaba de política incluso –en 2003 fue candidato a intendente dentro del espacio político del carapintada Aldo Rico–, se mofaba de su pasado como policía federal y servicio de Inteligencia.
Durante sus años de actividad genocida –se calcula que Villanova actuó en alrededor de 70 secuestros y torturas, sobre todo de militantes de la columna norte de Montoneros– usaba otra identidad, Claudio Federico Vargas; integraba el Batallón de Inteligencia 601.
Entonces, fue detenido, indagado, imputado y procesado por violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo e integró la lista de acusados en el juicio por la megacausa que se desarrolla desde principios de 2020. Fue varias veces identificado por testigos en ese debate, a partir de las fotografías que logró tomarle el fotógrafo y sobreviviente Gustavo Molfino. Falleció el martes, sin condena.