El exinterventor ultramacrista de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, terminó las dos jornadas que llevó su declaración testimonial sosteniendo acusaciones que ya fueron demolidas en los dos años y medio de audiencias del juicio oral por las obras viales de Santa Cruz. Iguacel dijo que una empresa de la misma provincia -como la de Lázaro Báez- no tenía ninguna ventaja sobre las demás, mientras que la mayoría de los empresarios y funcionarios sostuvieron lo contrario: Báez ganaba la mayoría de las licitaciones porque era una enorme ventaja tener los empleados y la maquinaria en Santa Cruz y no tener que llevar el personal y las máquinas a dos mil kilómetros de distancia. Iguacel sostuvo que las licitaciones fueron amañadas; los empresarios de la construcción afirmaron que no vieron irregularidades ni las denunciaron. 

Iguacel señaló un grupo constructor que hacía de sparring de Báez, o sea que las ofertas eran truchas y era un grupo económico cómplice, pero nunca presentó una denuncia. Sostuvo que expropiar terrenos o mover oleoductos para que una ruta pase por el lugar era algo sencillo, contradiciendo a todos los empresarios y funcionarios que declararon que esos obstáculos demoraban largamente las obras. Habló de sobreprecios pero sin poner ningún ejemplo concreto y en las diez horas que duró su testimonio no mencionó a Cristina Fernández de Kirchner ni la vinculó con ningún delito o irregularidad.

El objetivo de Javier Iguacel: el kirchnerismo

Iguacel, uno de los más feroces funcionarios del macrismo, asumió en Vialidad Nacional el 18 de enero de 2016. Al día siguiente ordenó una auditoría, pero no en todo el país sino en un único distrito: Santa Cruz. Su objetivo de entrada fue el kirchnerismo y en especial CFK. 

Pese a que la auditoría concluyó en que no se pagaron obras que no se hicieron, que las obras estaban bien hechas y que tenían el mismo atraso que en otras provincias, Iguacel hizo la denuncia originaria que derivó en el juicio que se inició en mayo de 2019. En el juicio, ante una pregunta de Juan Villanueva, defensor de Báez, reconoció que fue la única auditoría que se hizo y que esas fueron las conclusiones. 

¿Cuál es la denuncia contra Lázaro Báez?

La causa judicial se centra en que las empresas de Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones que se hicieron en Santa Cruz por tramos de distintas rutas. “Los empresarios me dijeron que las licitaciones estaban amañadas”, sostuvo Iguacel el primer día de su declaración.

Por el juicio pasaron numerosos empresarios: ninguno dijo bajo juramento lo que afirmó Iguacel. Tampoco se presentaron denuncias en su momento, pese a que Báez era un adversario de los empresarios integrantes de la Cámara de la Construcción. Tampoco Iguacel pudo presentar ninguna prueba.

En algún momento, el exfuncionario dijo que otro grupo, Petersen, jugaba de sparring, es decir que simulaba competir, pero le hacía el juego a Báez. No se entiende por qué uno de las empresas más grandes del país haría eso y, sobre todo, por qué no presentó ninguna denuncia al respecto.

Sin ventajas

Este lunes el exinterventor afirmó que una empresa local de cada provincia -en este caso Santa Cruz- no tiene ventajas sobre otras empresas de otros distritos. Hasta se mencionó que una constructora del Chaco no estaría en desventaja con una santacruceña en una obra vial del sur.

Los empresarios y hasta los propios funcionarios macristas afirmaron lo contrario: la empresa que tiene a los trabajadores y las maquinarias en el lugar cuenta con una enorme ventaja y puede hacer ofertas mejores que las constructoras que vienen de otros distritos. El exinterventor en Vialidad, Nelson Periotti, mostró al principio del juicio el predominio de las empresas regionales en sus propias zonas.

Uno de los empresarios ejemplificó que eso es así porque si una máquina se rompe, no es lo mismo tener el mecánico en el lugar, que mandar la pieza para repararla a talleres que están a dos mil kilómetros. Se pierde dinero y muchos días de tener una máquina parada. Y así sucede con la mayoría de los costos: no es igual tener los trabajadores e ingenieros en el mismo distrito, que moverlos desde el Gran Buenos Aires hacia el sur, donde además hay varios meses en los que no se puede trabajar por el viento y el frío. 

Los adelantos

Uno de los puntos clave de la postura de Iguacel es que existía un sistema por el cual Báez era el único constructor que cobraba adelantos. El exfuncionario dijo que eso se lo contó el exgerente de Vialidad, Sergio Passacantando, quien también le reveló que el secretario de Obras Públicas, José López -el de los millones de dólares en el convento- le mandaba papelitos para que le pague a Báez hasta los domingos. Passacantando no declaró en el juicio porque está imputado en una segunda tanda de exfuncionarios, de manera que no hay forma de comprobar lo que dijo Iguacel.

Los empresarios que declararon en el juicio sostuvieron que los adelantos eran un mecanismo común, muy habitual en casi todas las obras. Además está permitido por la ley y figura en los pliegos licitatorios.

Un dato impactante es que Iguacel se refirió a un listado de empresas que tenían privilegios. Cuando le preguntaron de dónde salió esa nómina, contestó que era un adjunto de un mail, pero no exhibió el correo porque no lo tenía y no pudo explicar por qué. Esa lista tiene apuntes escritos a mano e Iguacel admitió que la letra corresponde a un ladero suyo, del PRO, el ingeniero Alejandro Mon. Todo esto fue ocultado durante todos estos años, como si todo proviniera de los funcionarios del gobierno de Cristina.

La cuestión de los sobreprecios

Iguacel repitió una y otra vez que las rutas de Santa Cruz tenían sobreprecios hasta del 50 por ciento. No lo pudo fundamentar. Hizo hincapié en la obra clave de Santa Cruz, la transformación de un tramo de la ruta 3 en una autopista. Sin embargo, sus comparaciones hicieron agua en toda la parte técnica, comparando pavimentación con asfalto especial con pavimentación con asfalto común y otras diferencias similares.

Cuando el macrismo e Iguacel llegaron a Vialidad Nacional, contra lo que ahora esgrimen, pusieron en marcha una readecuación de precios mucho más favorable a los empresarios que la fórmula que existía durante el gobierno de CFK. Como en casi todo, beneficiaron a las empresas y perjudicaron al Estado.

La cuestión de los sobreprecios será debatida en el juicio por los peritos, que van a declarar en forma de coloquio, casi seguro en abril.

Como Fidel Pintos

A pesar de que la declaración de Iguacel tuvo una marcada orientación política, no mencionó a CFK, supuestamente la principal imputada. Ante una pregunta del abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro, Iguacel admitió que no encontró ningún reclamo hecho ante De Vido ni que el exministro haya intervenido en la cuestión de las rutas de Santa Cruz.

Al menos hasta ahora, después de la enorme publicidad de los grandes medios y de tapas y más tapas de diarios, en dos años y medio de juicio ni Cristina Kirchner ni Julio De Vido aparecen mencionados o señalados por algún delito.

Algún defensor memorioso hizo alusión a Fidel Pintos, aquel capocómico que sentado a la mesa de Polémica en el bar hablaba y hablaba sin probar nada, en base a lo que decían otros y sin que se pudiera constatar ni una sola afirmación. 

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