La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) convocaron a un paro de 24 horas con movilización para el próximo viernes en todos los sectores que agrupan a la administración pública provincial, en reclamo por el incumplimiento de las actas paritarias acordadas en 2021 y la falta de un acuerdo salarial para este año.

La secretaria general de ATE, Mabel Alvarez, destacó ante Salta/12 la falta de acuerdo con el gobierno sobre los salarios de la administración pública y que la posibilidad de avanzar en una negociación sobre este punto se diluye más ahora que el Ejecutivo ya acordó las paritarias con las áreas de Educación y Salud. En ambos casos, además del 45 por ciento de incremento obtenido, se recompusieron ítems que son propios de estos sectores y que suman a la remuneración final en mano. Sin embargo, Alvarez afirmó que la falta de ítems específicos para el sector de la llamada “administración centralizada” (o APP), implicó que los salarios de este sector queden “más relegados”. 

En las paritarias 2021, uno de los acuerdos era la convocatoria a concursos para regularizar la situación laboral de unos 2900 trabajadores de la centralizada. Estos se encuentran con designación temporaria o contratos y esperan pasar a planta permanente. El acuerdo del año pasado indicaba que la convocatoria iba a anunciarse antes del 1 de diciembre pasado, pero nunca sucedió, dijo Alvarez.

Si bien el 8 de marzo pasado se publicó el decreto 176 que aprueba el acta de negociación con la “encomienda” a la Coordinación Administrativa de la Gobernación de acomodar los términos de ingreso a planta permanente, la reglamentación del concurso aún no llegó a manos de los gremios.

Sucede que con la reglamentación los concursos podrían generar que quienes no los superen queden en situación de precariedad. “Entendemos que si una persona está hace años desempeñándose ya es idónea”, afirmó la gremialista.

Salarialmente “nada está cerrado”, agregó. Sostuvo que uno de los puntos que se elevaron junto a la UPCN en las paritarias fueron ítems específicos de trabajadores de  la APP que siguen sin ser reconocidos según la función cumplida. Como ejemplo, puso la situación de choferes (no solo de la APP, sino también de ambulancias del área de Salud), que pese a tener un régimen laboral distinto a todos los demás, siguen cobrando en la última categoría que es la de “mantenimiento y servicios generales”.

Precarizados en dispositivos de NNyA

En el marco de los reclamos gremiales, ayer se inició una jornada de visibilización de la precariedad en los dispositivos de protección de niños, niñas y adolescentes: Centros de Primera Infancia (CPI) y Hogares de Transición. 

Gabriela Ochoa, vocal de la comisión directiva de ATE, indicó que la jornada que concluye hoy tiene por objetivo protestar por la precarización laboral de los más de 700 trabajadores que atienden a infancias y adolescencias en los CPI que funcionan durante el día mientras los tutores y tutoras legales no pueden atender a sus niñes a cargo, o de los hogares en los que se alojan a personas menores de edad por disposición judicial. 

Quienes se desempeñan en estos dispositivos tienen contratos de monotributo y reciben pagos que van de los $25 mil a los $35 mil, dependiendo de la tarea que realicen. De ese monto, entre $5 mil y $7 mil son descontados para el pago de la AFIP y Rentas. “Los trabajadores terminan pagando por trabajar”, graficó Ochoa al dar una conclusión por esta situación.

En diálogo con Radio Nacional, Ochoa afirmó que pese a que en la peor parte de la pandemia se cumplieron las guardias para que las infancias y adolescencias no quedaran desprotegidas, “no hubo reconocimiento del Estado”. Agregó que los trabajadores no pueden sacar carpetas médicas dado que, en caso de enfermarse, deben “devolver las horas” que no estuvieron presentes. Y tampoco tienen vacaciones, ni les reconocen los feriados trabajados. 

Sin embargo, consideró que están “un poco mejor” que el año pasado, momento en el que se pasó de una suerte de “voluntariado” al contrato como monotributistas. "Pero en el contrato dicen que no hay dependencia con el Estado”, afirmó.

En cuanto a la situación edilicia de estos dispositivos, detalló que no es la mejor ya que hay algunos casos en los que desde hace dos años no hay refacciones, y otros que hace un año "continúan en obras". Así fue que, al igual de lo sucedido en establecimientos educativos, algunos de estos edificios también terminaron con salas clausuradas por el ingreso de agua.