En agosto de 2020, tras una serie de asentamientos violentamente reprimidos en la ciudad de Salta y alrededores, y ante una crisis habitacional inocultable, el gobernador Gustavo Sáenz lanzó el Plan Mi Lote, que prometía entregar entre 10.000 y 12.000 terrenos y con ellos al menos reducir la brecha entre quienes no tienen dónde vivir, que en aquel momento se calculaba en unas 70.000.

Transcurridos casi dos años, la medida que venía a poner paños fríos a la situación para que muchas familias desistan de permanecer en lotes tomados, bajo la amenaza de no prmitirles recibir un terreno de manera legal, no logró dar solución al problema de fondo. Hasta el momento, sólo se entregaron 500 lotes en el interior provincial, mientras que en la ciudad capital quedó suspendido por falta de terrenos.

El primero que reconoció la situación fue el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo, quien confirmó que lograron avanzar con la inscripción de las familias que necesitaban un terreno, pero que luego no lograron conseguir ningún espacio en la ciudad.

En donde sí pudieron avanzar, aunque muy alejados de lo que en un principio se había prometido, fue en el interior provincial. Allí, se lograron licitar y entregar unos 500 terrenos. Para despegarse un poco de las críticas, Carrizo recordó que el IPV no es el único que se ocupa de esa temática, ya que también está a cargo la Secretaría de Tierra y de Bienes y el Ministerio de Infraestructura.

En diálogo con Salta/12, el ministro de Infraestructura salteño, Sergio Camacho, confirmó que ya no hay terrenos disponibles en la ciudad más poblada de la provincia, y que por ello están buscando en el área metropolitana. Aunque relativizó los números y el poco avance del plan al aclarar que se está culminando recién con la primera etapa del plan que “arrancó con la regularización dominial de asentamientos”, y que este año se está avanzando con la segunda, que es la incorporación de nuevas tierras con infraestructura para sumarlas a los sorteos.

En ese sentido dijo que son más de 3.000 los lotes que recibieron la regularización en asentamientos preexistentes y que requerían de obras de infraestructura “o de algún tipo de trabajo en términos dominiales”.

Entre los posibles lotes a utilizar en las afueras de la ciudad, nombró las 42 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Cerrillos, que se encuentran sobre la recta de Cánepa y que el gobierno se encuentra tramitando para construir allí viviendas. “Y si no, comenzaremos a trabajar con la adquisición o expropiación de tierras en toda el área metropolitana”, detalló.

Para explicar por qué no se encuentran terrenos en Salta, recordó que uno de los últimos fue el de Pereyra Rozas, que fue expropiado durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, y que parte de sus lotes incluyeron el “último plan de 1700 viviendas” que tuvo la provincia, allá por 2017.

Acentuó que el déficit habitacional “crece día a día”, por lo que, según el ministro, para este año se prevé construir 3.300 viviendas nuevas, 2.500 pertenecientes al Plan Mi Casa y 800 que lograron recuperar después del parate nacional de obras de construcción que impuso la gestión de Mauricio Macri. Entre esas viviendas, se encuentran las 295 que la semana pasada entregó el presidente Alberto Fernández en Pereyra Rozas y que integran un total de 55.000 que quedaron inconclusas y que se retomaron bajo el Programa Nacional Reconstruir.

“El objetivo es encadenar un esquema en el que todos los años se incorpore una cantidad de viviendas que vaya disminuyendo esa brecha habitacional, y no que se incorpore un plan y recién a los cinco años otro”, manifestó Camacho.

Añadió que se ejecutaron “en el interior y el interior profundo”, unas 2.000 soluciones habitacionales como núcleos húmedos, o viviendas de una habitación que se emplazan en los terrenos de las comunidades. Aunque todas estas obras no son parte de lo que ellos anunciaron como el Plan Mi Lote, sino que son aportes nacionales para otros programas específicos, o soluciones habitacionales de emergencia en zonas desfavorables como el Chaco salteño.

El titular de Infraestructura se mostró optimista en que en esta segunda etapa del Plan provincial se cumplirá el cometido de llegar a las 10.000 regularizaciones y entregas de lotes a través de terrenos provinciales ubicados en localidades como Gaona, El Quebrachal (ubicados en el departamento Anta), o Metán. Sumados a los 3.700 lotes que podrían conseguir si es que el INTA cede esas 42 hectáreas de su pertenencia en Cerrillos, aunque ya este organismo manifestó su oposición. “Y si no, procederemos a la expropiación o adquisición de terrenos como lo estipula la ley”, reiteró.

Posteriormente, el presidente del IPV aclaró que tienen previsto construir 5.000 viviendas durante este año en Salta, y recordó que el presupuesto para la construcción creció de los $1.600 millones a los $25.000 millones de pesos en esta gestión.

En diálogo con Radio Salta, el funcionario aceptó que el déficit habitacional es altísimo en la provincia y puso énfasis en la necesidad de que el sistema financiero y bancario tengan un papel más activo en la construcción de viviendas y soluciones para los sectores más vulnerables.

Pero repitió que en Salta capital el problema sigue siendo grave por la escasez de terrenos, por ello subrayó que los proyectos serán de “media densidad”. “Ya no podemos darnos el lujo de construir una sola vivienda por lote”, explicó.

Hoy Diputados deberá dar sanción a un proyecto que ya llega con el visto bueno del Senado para expropiar un inmueble (matrícula 1.258) del departamento La Candelaria para ser destinado “exclusivamente” a la construcción de viviendas.