El 17 de este mes, un equipo de la Defensoría General de Salta, acompañado por dos trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se reunió con mujeres indígenas que a finales de febrero último reclamaron por primera vez, formalmente, por los abusos sexuales que cometen hombres "criollos" en perjuicio de niñas y mujeres de los pueblos originarios y pidieron que se los obligue a reconocer su paternidad biológica sobre los niños y niñas nacides de estas prácticas.
Estas acciones criminales fueron contadas por una treintena de mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, cercana a la localidad de Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia, en una carta dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, bajo el influjo del femicidio, cometido a mediados de enero último de Pamela Julia Flores, una nena de 12 años de edad, integrante de la comunidad del Pueblo Wichí.
Tras esa presentación, la cartera de Seguridad informó de la denuncia colectiva al Ministerio Público de la provincia. En el caso del Ministerio Público Fiscal, para que "determine si existió la comisión de delitos penales y especialmente aquellos que atentan contra la integridad sexual". En el caso de la Asesoría General, "porque interviene en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, tanto en procesos extrajudiciales como jujdiciales", y a la Defensoría General, porque "le compete el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos".
En este marco se concretó la visita del defensor oficial de la localidad de Embarcación, Luis Véliz, e integrantes del Gabinete de Consultores Técnicos de la Defensa, la psicóloga Ana Evangelina Sandoval y la trabajadora social Paola Vargas. Tras interactuar con las mujeres este equipo elevó un informe al defensor General, Gabriel Chibán; propuso continuar acompañando el proceso judicial que se avecina, por las demandas de filiación y por los delitos sexuales cometidos, “garantizando el acceso a la justicia en su propio contexto, para no generar nuevas situaciones de vulnerabilidad”.
Respecto de la investigación penal, el equipo consideró que "ante la magnitud de la situación, es imprescindible que las mujeres puedan realizar las denuncias en su propia comunidad” y que sean recibidas por un equipo interdisciplinario. En la carta al ministro de Seguridad y Justicia las mujeres pidieron que se resguarde su seguridad y privacidad así como la de sus hijos e hijas.
En lo que corresponde a la Defensoría, el equipo propuso presentar las demandas de filiación, reconocimiento, guarda y todos los demás aspectos que los padres biológicos vienen negando hasta ahora a sus hijos e hijas nacidos de uniones (no consensuadas la gran mayoría de ellas) con mujeres de pueblos originarios. Y también propuso que se mantenga el acompañamiento psicosocial del equipo del gabinete de consultores técnicos de la Defensoría General.
Véliz, Sandoval y Vargas fueron acompañados por la mujer wichí Octorina Zamora, a quien las mujeres de esta comunidad pidieron ayuda para denunciar los abusos, y por el intérprete Jorge López, coordinador del área de la Juventud del INAI.
Una campaña de miedo
La Defensoría informó que los y las visitantes fueron primero al Anexo de la Escuela N° 5041, que está en la comunidad, tal como se había acordado con referentes comunitarios y la dirección de la escuela, pero como fueron pocas de las convocadas, decidieron ir a la comunidad misma, donde primero se hizo una reunión informativa para explicar los motivos de su presencia en el lugar.
Entonces el equipo entrevistó a diez mujeres wichí que “presentan como denominador común la demanda por filiación paterna de sus hijos”. Las mujeres recibieron asesoramiento y fueron informadas sobre los “requisitos a presentar para iniciar el trámite” formal de filiación. Se acordó que el 13 de abril el equipo volverá a la comunidad para colectar la documentación necesaria.
El equipo destacó la baja asistencia de mujeres a la reunión, indicó que Zamora averiguó las razones y supieron que hubo una campaña para tergiversar la información con el objetivo de infundir miedo y que las mujeres desistieran de iniciar los trámites formales de filiación paterna de sus hijos e hijas.
Zamora contó, informó el equipo de la Defensoría, que entre los argumentos que recibió al hablar con las mujeres es que “todos los hombres irían presos si ellas denunciaban”, “que todo iba a quedar en la nada”, “que los hombres del pueblo de Morillo (como también se llama al pueblo de Coronel Juan Solá) se iban a vengar”.
En el informe el equipo consideró que esta información tiene respaldo, “atento a que varias de las entrevistadas refieren que los posibles ‘padres’ a quienes se le podría iniciar demanda de filiación viven en las localidades aledañas". Y entre ellos hay comerciantes conocidos de Coronel Juan Solá, y hasta el esposo de una docente de la propia comunidad.
Con los datos recabados el equipo hizo un diagnóstico de la situación en el que resaltaron la predisposición de las mujeres a ser entrevistadas. Aclaró, sin embargo, que estas mujeres “están atravesadas por varios factores que las convierten en sujetos vulnerables, entre ellos, escasos ingresos económicos, la escasa instrucción formal, lo que determina que no tengan acceso a algún trabajo", además de "la inaccesibilidad e inexistencia de las instituciones públicas en el lugar, y la distancia entre pueblos aledaños”.
A propósito, en las entrevistas surgieron demandas de trámites judiciales por otras cuestiones, lo que para el equipo de la Defensoría da cuenta de la necesidad de que se incluya a Pluma de Pato dentro del cronograma del asesor itinerante, que actualmente solo va hasta Morillo. Esta falta de llegada de la Defensoría se convierte, señaló el equipo, “en otro impedimento de acceso a la justicia, debido a las distancias, por lo que implica pagar el traslado”, de $2000 aproximadamente por persona, un monto prohibitivo para las menguadas economías de las familias de pueblos indígenas.
