“3 empanadas”, numeró levantando tres dedos Diego Rossi, asesor del diputado Pablo Carro (FdT). Lo hizo en el contexto del “Encuentro por el Cine y los Recursos desde el Estado”, convocado por la Academia de Cine de la Argentina y celebrado en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados. “3 empanadas. Sólo el 2 % es el porcentaje del Presupuesto Nacional que representan los fondos que se destinan para fomentar todas las industrias culturales, en todo el país”. Los expositores fueron el realizador y productor Hernán Findling (actuar director de la Academia), en carácter de anfitrión, y el propio Rossi (Carro no pudo asistir debido a un episodio de hipotensión), Vanessa Ragone (productora de El secreto de sus ojos) en representación de la asociación de productores CAIC, el Presidente del Enacom, Gustavo López, y el ex Presidente del Incaa y actual Director del Polo Audiovisual de la provincia de Córdoba, Jorge Álvarez, como expositores.

Se plantearon dos ejes: 1) el desarrollo de la industria y soberanía cultural en la encrucijada; 2) la caducidad del fondo de Fomento cinematográfico como urgencia. Para decirlo en sencillo, de lo que se habló (punto 2) fue del hecho de que, por una jugarreta del macrismo, el 6 de diciembre de 2017 las cámaras aprobaron (27 votos a 21) que a partir del próximo 31 de diciembre caduquen los fondos que se asignan en forma directa a los organismos de la cultura. Entre ellos el Incaa. Éstos pasarían a manos de la Jefatura de Gabinete, que repartiría la suma en forma discrecional. “Ése es el tema más urgente”, intervino Gustavo López, “pero la cuestión de fondo es la modificación de la Ley de Cine, que quedó vieja”. A eso refiere el primer punto, que hace mención al desarrollo de la industria y soberanía cultural.

Ragone detalló con pelos y señales qué es lo que amenaza la soberanía cultural. “Se está filmando más que nada para las plataformas de streaming y está dejando de producirse cine argentino independiente, que es nuestro semillero. Cuando uno filma para las plataformas filma por encargo aquello que ellas deciden, y hasta se reservan los derechos de copyright. No es que esté mal, es una alternativa provechosa en términos económicos, pero si no se estimula la producción propia dejamos de generar cine propio, y con ello desaparece la cultura propia”. Ragone, que dado su carácter de productora va directo a los números, contó que por la exitosa serie de Netflix Carmel: ¿Quién mató a María Marta? recibe un royalty anual que equivale al total de los beneficios que le reportó su última producción nacional. En cuanto a la pérdida de soberanía, también pegó directo al plexo: "¿De quién es la historia de Maradona? De Netflix. Y la de Bilardo, de HBO Max. Si yo le propongo a Netflix, pongámosle, la historia de Alfredo Distéfano (aquí Ragone lució una cultura futbolera de primer agua), no se la voy a poder vender a ninguna plataforma.”

Que sea ley

Lo que se busca con la modificación de la Ley de Cine --una propuesta que viene dando vueltas desde hace meses en el medio, sin haber logrado hasta el momento el consenso que permita presentarla como proyecto-- es entre otras cosas gravar a las plataformas, “algo que están analizando también en Brasil, Chile y Paraguay”, se informó durante el encuentro. Ante una pregunta de Víctor Bassuk, ex asesor en temas culturales en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, Rossi abrió una ventanita a la secretísima interna de Diputados donde el proyecto de anulación de la caducidad –presentado por el diputado Carro-- duerme por el momento el sueño de los injustos. “En la última compulsa que pudimos hacer, habría 117 diputados en favor del Sí y 116 por el No. Pero esto es extraoficial. Necesitamos 130 votos a favor, y se sabe que al momento de votar hay diputados que pueden cambiar su voto. Por lo cual no hay nada seguro”.

Rossi llamó al activismo por parte de todos los sectores, cuestión de “mover” el proyecto en la Cámara. En verdad los distintos sectores del cine vienen activando desde hace rato, y no de a uno. Tiempo atrás se conformó una Multisectorial del Sector Audiovisual, en nombre de la cual intervino, desde el público, uno de sus miembros, Pablo Echarri. Se ocupó de aclarar que forman parte de la Multisectorial todas las asociaciones profesionales, “menos la DAC”. La DAC es el más importante agrupamiento de directores, y el director del Incaa, Luis Puenzo, es miembro de ella.

El asesor del diputado Carro instó también, primero en forma indirecta y luego con nombre y apellido, a “una fuerza política que siempre apoyó el tensionamiento con los factores de poder, y que no se entiende cómo puede ser que no adhiera a un proyecto como éste. Sabemos que hay sectores del radicalismo y la Coalición Cívica que están conscientes del peligro que representaría el desvío de los fondos.” Para ayudar a convencer a los diputados remisos, los autores del proyecto decidieron bajar de la anulación lisa y llana del decreto macrista a una suspensión durante 50 años. Lo cual es, obviamente, patear la pelota para adelante, diría tal vez Ragone. Ni aun así se pudo ampliar el número de diputados a favor, por lo cual el plazo se redujo a 10 años. ¿Y dentro de diez años qué pasará, qué partido tendrá la mayoría? Del PRO no salió ni un solo sí. En caso de que el proyecto se vote a favor tal como está formulado, ¿se tratará de otro “mal menor” por el que habrá que levantar la mano tapándose la nariz?

Distender tensiones

Gustavo López, que en tanto Presidente del organismo oficial Enacom tiene acceso a las más altas esferas, dio el dato más preocupante del debate. “El tema no está en el centro de los intereses del Poder Ejecutivo”. Glup. “Sabemos que las políticas ultraliberales ganan terreno, aquí y en el mundo entero. Lo cual genera un contexto que dificulta las cosas. Pero hay que tener en cuenta que la Ley vigente en Argentina, en su momento una de las más avanzadas del mundo, se sancionó en 1994, en pleno menemismo. Así que es de suponer que ahora debería ser más posible cambiar esa ley por una más actualizada.”

Este encuentro tiene lugar una semana después de que el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, recibiera a seis representantes de Unidxs por la Cultura, otra agrupación de constitución más o menos reciente, que también viene bregando por los temas tratados en el auditorio del anexo de la Cámara. En ese cónclave el ministro estuvo acompañado por Mariano Adessi, director de comunicación del estamento cultural, y Lila Pesce, productora delegada del área audiovisual. Lo de Bauer es un gesto fuerte, en tanto uno de los reclamos permanentes de todo el medio cinematográfico es la política llevada adelante por Luis Puenzo, presidente del Incaa, ente autárquico que funciona en la órbita de ese ministerio. Se han denunciado reiteradamente falta de diálogo e incluso maltratos verbales, así como inacción ante temas urgentes. “[Funcionamiento del] Consejo Asesor, costo medio [de rodaje], plan de fomento, Cinemateca [Nacional], ENERC, violencias de género”, detalla el informe producido por Unidxs por la Cultura a posteriori de la reunión. 

El ministro sostuvo que no puede intervenir dada la autarquía del Incaa, pero dijo que tomaba nota de todo lo compartido y que iba a llamar a Puenzo para que recibiera a la gente del medio como asociaciones y trabajadores. En otras palabras, “andá y hacelo”. Bauer caracterizó en ese meeting que hoy Luis Puenzo es un aliado estratégico para sumar apoyos para el proyecto de Carro. Las asistentes a la reunión (todas directoras y productoras) contrapusieron “que no ha demostrado en acciones esa voluntad política de cuidar y fortalecer al cine”. En lo que hace a la ley de caducidad de los fondos, el ministro manifestó que su anulación es de urgencia, y que apoya el proyecto de Carro. Otro gesto de peso, viniendo de un funcionario del más alto rango. Bauer dice confiar plenamente en las estrategias que los diputados comprometidos con el tema (hay representantes del FdT que no lo están) proponen desde el ámbito legislativo.

Cuestión de idiomas

Volviendo al encuentro llevado a cabo en el anexo de Diputados, la exposición de Jorge Álvarez estuvo enteramente dedicada a reseñar los logros del Polo Audiovisual Córdoba, tan modélicos que convendrá tratarlos en una nota aparte. A su turno, Gustavo López dio una clase magistral sobre el tema de la soberanía y diversidad culturales. Se remontó de modo sorpresivo hasta el Imperio Romano y su imposición del latín por sobre los antiguos idiomas hablados en España. Imposición que derivó en la pérdida de aquellos idiomas y la adopción en la península del idioma español, hijo del latín. Así como más tarde España anuló, a su vez y para siempre, los idiomas que se hablaban en América durante la era precolombina, imponiendo el español por sobre todos ellos. El cronista se atreve a sugerir que el idioma que puede llegar a hablar el cine argentino, en caso de suspenderse la protección por parte del Estado, sería el Netflix (y Disney, y Amazon, y HBO, y etcétera).

La otra línea maestra que trazó López estuvo vinculada con el tema del gravamen a las plataformas. “La Argentina tiene una larga tradición en ese sentido. Hace exactamente medio siglo, en 1972, se creó en Argentina el impuesto a la emisión radiofónica. Más tarde se promulgaron la ley de Cine y la de Teatro, así como una provisión de fondos para la actividad musical.” La exposición de López, que fue sellada con aplausos por parte de sus compañeros, incluyó otra referencia rotunda. “Yo fui Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y puedo decir que Caba tiene subsidios a la cultura. Proteatro y Promúsica, respectivamente.”

A propósito de eso cabe consignar un dato poco conocido y muy importante: la caducidad de los fondos impuesta por el macro-radical-lilismo no corre sólo para el cine, ni mucho menos. En caso de no llegar a tiempo, la quita de fondos directos incluiría también, a partir del 1º de enero de 2023, al Instituto Nacional de Música, el de Teatro, las bibliotecas populares ¡y hasta la Defensoría del Pueblo! El objetivo es, claramente, la privatización de la cultura, así como el gobierno anterior aspiró a privatizar la educación. Una pregunta con gusto a rabia: ¿el gobierno del Frente de Todos, y sus representantes, no harán nada para frenar esta privatización?

Como sintetizó Bassuk, en ese caso “el Estado podría subsistir. Lo que no podría subsistir es la Nación, y la Patria.” De eso se trata. Ni más ni menos.