A diez años de la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, se presentó ayer el tercer informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que cuenta con el apoyo de UNICEF Argentina. "En términos políticos, económicos y sociales la pandemia acentuó la posición relegada de las infancias y adolescencias, siendo sus derechos gestionados desde una perspectiva estrictamente sanitaria —más allá de los distintos momentos atravesados de mayor y menor restricción de las actividades— y adultocéntrica, lo cual relativiza entonces los alcances y efectos de la garantía de derechos destinados a esta franja de la población", se lee en la página 22. El diagnóstico es sombrío también en cuanto al sistema penal juvenil.
La actividad se enmarcó en los diez años del organismo encargado de proteger, monitorear y promover los derechos de las infancias y juventudes dentro del Sistema Provincial de Protección Integral de Santa Fe y en el tramo final del segundo mandato de la Defensora, Analía Colombo. Además del informe del Observatorio se presentó la publicación "Gramática de los derechos. Piezas para crear nuevas y más defensorías de niñas, niños y adolescentes”. Colombo inició su primer mandato al frente de la institución, una de las primeras defensorías específicas del país, el 8 de marzo de 2012 y lo renovó en 2017 hasta mayo de 2022.
“Nos constituimos a lo largo de estos diez años como un organismo público, político y específico de garantía, promoción y monitoreo de derechos de infancias y juventudes. Lo clave no son solo las misiones y funciones que nos da la ley, sino también una de las cualidades que el Sistema requiere para que funcione que es la receptividad. Porque la receptividad es una definición política. Y es esa habilidad para conseguir que las voces de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas”, señaló Colombo.
El rol de la Defensoría (de acuerdo a la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) es supervisar y controlar las políticas públicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo a nivel provincial y a las entidades privadas que se dedican a la atención de niñas, niños y adolescentes.
Proporcionar asesoramiento y recibir reclamos por parte de la población y de otras instituciones del Sistema, elevar proyectos de ley y reformas legislativas a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, interponer acciones judiciales contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos de la niñez y la adolescencia.
En ese marco, el informe se refiere a los efectos de la pandemia en niñas, niños y adolescentes institucionalizados. "Los relevamientos realizados por la Defensoría arrojaron que las instituciones no recibieron refuerzos económicos por parte del gobierno provincial, a excepción de las instituciones oficiales al inicio del confinamiento, por única vez. Las instituciones conveniadas incluso han sufrido atrasos desmedidos en la renovación de convenios y el subsecuente depósito de fondos en el momento más arduo de las restricciones anunciadas", plantea el informe.
Acompañaron a la Defensora Colombo, la representante adjunta de UNICEF Argentina, Olga Isaza, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais, y la ex ministra de Innovación y Cultura de la provincia, María de los Ángeles “Chiqui” González.
Colombo planteó: “Como Estado aún tenemos una gran deuda con las niñas, los niños y los jóvenes en lo que hace a garantizar el acceso a sus derechos, a protegerlos, a cuidarlos, a darles respeto, especialidad, compromiso, memoria e imaginación. Llegamos hasta acá con la idea de trabajar incansablemente hasta que ya no hagan falta más Defensorías. Suena a una utopía, pero que queremos que sea posible. Y hacia allí seguiremos caminando como lo hicimos estos diez años”.
