Excombatientes de Malvinas se movilizaron a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que se pronuncie en la causa por torturas de militares argentinos contra soldados de su propia tropa ocurridas durante la guerra de 1982, que hiberna en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. “El Poder Judicial ha decidido hacer carne el mandato de la dictadura y hoy perpetúa la lógica de vulneración de los derechos humanos”, enfatizó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que actúa como querellante.

“No puede haber 40 años de impunidad en la Argentina y decimos enfáticamente que las torturas en Malvinas son delitos de lesa humanidad. Si no se redime esta situación, nunca tendremos una Argentina que pueda consagrar una democracia soberana, representativa, que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos”, expresó Rodolfo Carrizo, presidente del Cecim, que encabezó el reclamo junto con miembros de la Comisión Provincial por la Memoria –también querellante–, la CTA Autónoma bonaerense, el Grupo por la Soberanía, el Centro Veteranos y Ex Combatiente Islas Malvinas (Cevecim) de Berisso y el centro de estudiantes del Normal 1 de La Plata.

A 15 años del inicio de la causa, en la que declararon más de 170 víctimas y que tiene a 130 militares imputados (incluidos tres procesados y 20 citados a indagatoria), la Corte debe resolver si considera que estaqueamientos a la intemperie, enterramientos, golpizas y demás vejámenes propinados por militares contra subordinados son delitos de lesa humanidad –por ende imprescriptibles– o bien delitos comunes.

En mayo de 2021, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y disidencia de Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció a favor de no investigar las graves violaciones de derechos humanos en Malvinas. Contra la opinión de la Justicia Federal de Tierra del Fuego, de la Cámara de Comodoro Rivadavia y del Ministerio Público Fiscal, Petrone y Barroetaveña se limitaron a reeditar un fallo de Casación de 2009, sin analizar el caudal de pruebas y argumentos aportados por el Estado durante los once años siguientes, y dictaron el virtual sobreseimiento del militar Jorge Oscar Ferrante, procesado por apremios ilegales, por entender que no se trata de delitos de lesa humanidad. Los recursos extraordinarios contra ese fallo fueron presentados por el fiscal general Javier de Luca, por el Cecim, la Comisión por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la querella que representa a cuatro víctimas.

“A mí y a toda la guardia nos estaquearon siete horas seguidas debajo de la nieve y nos pegaron. También nos metieron adentro de pozos de agua congelada”, recordó ante el Palacio de Justicia Eduardo José Ortuondo, del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3, quien combatió en las afueras de Puerto Argentino y ya declaró como víctima. “Pedimos que lo declaren de lesa humanidad para que las torturas y el maltrato no tengan prescripción”, dijo, y añadió que “los 2 de abril no son fechas felices, siempre nos viene esto a la memoria”. “El mejor regalo para los 40 años (del inicio de la guerra) sería la justicia”, planteó.

“Aquí en la Corte hay soldados estaqueados. Nos permitimos decirlo porque la tortura sigue ocurriendo en la psiquis y la subjetividad de cada uno de los soldados que se animó a denunciarla e ir contra la imposición de silencio de la dictadura”, explicó Guerrero Iraola. “Hoy el Poder Judicial de la Nación viola derechos humanos”, afirmó, y recordó que “los soldados torturados en Malvinas sufrieron al menos tres momentos de vulneración de sus derechos elementales: el primero fue la tortura, el segundo la configuración de una lógica de Estado para que esto quede impune y el tercero es el obrar del Poder Judicial”.

“Con el 10 por ciento de la prueba que hay en este expediente, que cuenta los relatos de las víctimas y documentos oficiales que respaldan aquello que soldados torturados han expuesto, tendríamos a los victimarios condenados, pero no sucede porque el Poder Judicial ha decidido hacer carne el mandato de la dictadura, y hoy perpetúa la lógica de vulneración de los derechos humanos”, enfatizó el abogado del Cecim.

Durante la manifestación se escucharon canciones de León Gieco como “La Memoria”, mientras los ex combatientes sostenían una bandera con la leyenda “Malvinas, 40 años de impunidad. Memoria, verdad, justicia, soberanía, paz”. También colocaron sobre el piso y el vallado del ingreso a la Corte figuras humanas hechas en cartulina negra en representación de los soldados estaqueados, con mensajes de denuncia como “Soldado estaqueado por el Estado genocida”, “A 40 años esperamos justicia” y “Malvinas también fue la dictadura”.

Ernesto Alonso, otro ex combatiente del Cecim La Plata, recordó que entre los militares que participaron en la guerra “vamos a encontrar apropiadores de bebés, pilotos de los vuelos de la muerte y a aquellos que torturaron en los distintos campos de exterminio”. Denunció que “las Fuerzas Armadas durante 40 años vienen sosteniendo en los certificados de defunción de muchos compañeros que sus muertes se dieron 'en combate' y nosotros fuimos testigos de que lamentablemente muchos de nuestros compañeros murieron en manos de estos genocidas”.

El abogado Pablo Vassel, quien como subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes recolectó testimonios de ex conscriptos entre 2004 y 2008 y presentó la denuncia por torturas que dio inicio a la causa, recordó que los ex combatientes “son un colectivo que fue silenciado por la ‘desmalvinización’ y la impunidad, y se sienten motivados a contar su historia a partir de que todas las víctimas de la dictadura militar empezaban a hacer públicos sus testimonios en sede judicial”.

Roberto Cipriano, de la Comisión por la Memoria, expresó que la dilación de la causa sobre la que debe pronunciarse la Corte “atroz, y da vergüenza tener que venir a explicar esto”. Señaló que esos hechos han sido “inadvertidos por el Poder Judicial, consagrando la impunidad hasta la fecha”, y que “revictimizan una y otra vez a esos jóvenes que dejaron los mejores años de su vida para nuestro país”.

Los ex combatientes realizaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “está bajo análisis y en cualquier momento tendremos novedades al respecto”, adelantó Guerrero Iraola. El abogado entregó un petitorio de pronto despacho a la Corte junto a Cipriano. “Exigimos al tribunal que esté a la altura de la historia y produzca el fallo a la mayor brevedad posible”, reclamó.