Una de las causas contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, volvió a su curso luego de unos meses de impasse debido a que el juez Nelso Aramayo había considerado que el fiscal penal Armando Cazón había incurrido en errores administrativos y de fecha para imputarlo y, por ello, había dictado la nulidad del proceso.

El 13 de octubre de 2021, Cazón requirió la elevación a juicio de la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos del ex jefe comunal en una de las causas en su contra. En este caso por denuncia del Concejo Deliberante del pueblo del norte provincial realizada en 2020 a través de quien por entonces era su presidente, Vladimir Villalba, quien exhibió pruebas de que el intendente ahora depuesto no presentaba ni los presupuestos anuales ni los balances, así como desoía constantemente las ordenanzas y la Carta Orgánica Municipal.

Luego de una audiencia fracasada en diciembre de 2020, a pedido del denunciado, recién en febrero de 2021 se pudo concretar la audiencia de imputación, en la que Méndez se negó a declarar y adujo que su descargo lo presentaría por escrito. Siete meses después, recién en octubre, ya vencidos los plazos para que el intendente realizara su descargo, el fiscal notificó al juez del decreto de imputación y el pedido de elevación a juicio.

Sin embargo, el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, dispuso la nulidad absoluta del pedido de Cazón unos días antes de ingresar en la feria judicial de diciembre de 2021, con un argumento que dejó en claro que había confundido causas y expedientes quizá influido por el defensor de Méndez, Juan Carlos Sánchez.

Es que un día antes del requerimiento de Cazón, habían sucedido los allanamientos y el megaoperativo de seguridad ordenados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos y la Fiscalía Penal de Tartagal, compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot. En dichos operativos secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, tanto de moneda extranjera como nacional, además de 4 vehículos de alta gama, joyas de oro y otros bienes que culminaron con la imputación del ex intendente por enriquecimiento ilícito y la posterior intervención municipal por parte de la Legislatura provincial.

En sus argumentos para anular los requerimientos del fiscal penal de Salvador Mazza, Aramayo tomó consideraciones que el abogado de Méndez expuso en un recurso que interpuso en noviembre, asegurando que Cazón “le recepcionó (al imputado) declaración indagatoria siete meses antes de haber efectuado el decreto de audiencia de imputación”. Además, le recordó que debe entenderse que “el decreto de audiencia de imputación resulta ser un acto inicial del proceso con la formalización de la imputación fiscal. Formulado el decreto de citación a una audiencia de imputación, el fiscal debe llamar al acusado a audiencia, a fin de poner en su conocimiento, con la presencia de su defensa técnica”.

Esa decisión fue rápidamente apelada por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien adujo que el juez mal interpretó la fecha del decreto de imputación. Según se desprende del escrito de Aramayo, habría entendido que el fiscal citó a declarar a Méndez siete meses antes de haber efectuado el decreto. El fiscal afirmó que el juez confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez.

La apelación de la fiscalía la recibió la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que hace unos días hizo lugar a este recurso, dejando así sin efecto la resolución del juez.

Prevaricato

Una vez conocida la decisión del Tribunal de Impugnación, el fiscal Cazón anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Aramayo porque está “cansado” de los fallos arbitrarios.

“No dejan de sorprenderme algunas actuaciones de la justicia, y en este caso específicamente del doctor Aramayo”, sostuvo y recordó que cuando se hizo el requerimiento de elevación a juicio en octubre del año pasado, se siguieron todos los pasos formales de notificar a la otra parte para que interponga su descargo, “pero él (por el juez) puso un montón de cosas que desde mi punto de vista están totalmente fuera de lugar y son arbitrarias”.

“Pero ahora no nos deja de sorprender”, agregó Cazón, quien relató que con la resolución a su favor del Tribunal de Impugnación, el juez emitió otra nota en la que “dice que atento al fallo del Tribunal, ahora se va a poner a determinar sobre el tema de la nulidad del requerimiento, cuando eso ya lo hizo”. “Quiere resolver algo que ya está resuelto”, resaltó.

Cazón anunció que debido a eso presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio “dándole a conocer que él ya perdió la jurisdicción y que eso ya lo resolvió el Tribunal de Impugnación”. “Si existe algo de imparcialidad, tendrá que reconocer que se equivocó y que deja sin efecto lo anterior y elevar el trámite para que vaya a juicio”, explicó el funcionario del Ministerio Público. Añadió que en caso de que el juez vuelva a la nulidad, deberá recurrir a otro tribunal en Salta "en donde, obviamente ¿qué van a decir?, si ya está resuelto, lo van a volver acá”, insistió.

El fiscal afirmó que ya lleva ocho años en sus funciones y que está “cansado de estas situaciones”, por lo que lo único que le queda es hacer reserva de presentar una denuncia por “prevaricato”, una denuncia penal, “porque me tienen harto de que lo que es derecho es derecho, y quien tiene la razón la tiene, y no se puede seguir sosteniendo este tipo de cosas”, culminó.