A inicios de la semana se llevó adelante un nuevo encuentro entre funcionarios provinciales de la Dirección de Vialidad y autoridades de comunidades indígenas del Chaco salteño para continuar el diálogo respecto a la construcción de la nueva ruta que uniría Orán y Embarcación. Las comunidades insisten en que no se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada.
A fines del año pasado representantes de la comunidad wichí Misión La Loma, de Embarcación, supieron del proyecto vial que conectaría ambas localidades, novedad que les llegó por sorpresa cuando reclamaban la mejora del servicio de agua potable en la zona. De concretarse, la ruta afectará a más de 200 familias de los pueblos Wichí, Chorote y Guaraní, ya que el trazado pasaría por territorio indígena relevado de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 26160, de emergencia territorial indígena.
Después de confirmar que efectivamente el proyecto estaba en marcha, las comunidades empezaron a manifestar su rechazo debido a que se verían afectadas principalmente las tierras que utilizan para la subsistencia alimentaria y medicinal. Esto derivó en que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), convocara a un encuentro entre las partes, subrayando que el proyecto es llevado adelante por Vialidad de la Provincia con fondos de laNación.
De los dos encuentros que se van manteniendo, Mirco Jonathan Neuenschwander, secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma, contó que lo único que se hace es "informar" el avance del proyecto. El referente interpretó que no hay intención de cumplir con la consulta previa, libre e informada, derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Neuenschwander afirmó que estos encuentros "no" hacen las veces de "una consulta porque ellos sólo vienen y nos dan una charla informativa", y acentuó que la presencia de los funcionarios se debió a las quejas que se empezaron a presentar ante Vialidad provincial. En este segundo encuentro, los funcionarios de Vialidad les aseguraron que "faltaban muchas cosas y que el proyecto presentado por la empresa ganadora de la licitación estaba incompleto".
A cargo de la obra quedó la empresa Vicente Moncho Construcciones SRL, que curiosamente fue la que tuvo la iniciativa de presentar el proyecto de la nueva ruta y en 2018 entregó un informe de impacto ambiental y social. En ese mismo tiempo, el gobierno provincial, bajo el mando de Juan Manuel Urtubey, destacó esta acción bajo el decreto 1274/17, por considerarlo una política de integración y desarrollo.
Ese informe aún no fue aprobado porque Vialidad y la Secretaría de Ambiente hicieron observaciones, dijeron que debía tener en cuenta los territorios de las comunidades y su inclusión en las consultas libres, previas e informadas.
El INAI indicó que al menos 18 comunidades serán afectadas por la realización de la obra. De ese número, 15 comunidades acordaron tener un territorio común y es el que figura en el relevamiento territorial que se realizó en 2015, en cumplimiento de la Ley 26.160.
Si bien ahora se les informó que los desmontes que iban a llevarse a cabo serían menores, las comunidades sostienen que se debe cambiar el camino de la nueva ruta. En ese sentido, el secretario comunal dijo que los territorios señalados para el nuevo camino son utilizados por las comunidades para la subsistencia, y sobre todo para uso medicinal. "Todo eso se va a perder con el desmonte sólo porque para ellos es un simple yuyo y para aquí, no lo es", expresó.
Aún así, desde la Dirección de Vialidad de la provincia se les informó que hoy y mañana realizarían estudios de prefactibilidad ambiental en cinco puntos, además de un estudio social en todas las comunidades involucradas. "Todo eso se tendría que haber hecho antes, pero no se hizo", cuestionó Neuenschwander.
En efecto, funcionarios provinciales dieron a conocer la nueva ruta sin anunciar primero a las comunidades que iban a estar afectadas. A fines del año pasado el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, presentó el mapa con el nuevo camino y dijo que la obra estaba contemplada en el Plan de Conectividad Vial de la provincia. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $3.200 millones de pesos otorgados por Vialidad Nacional.
Por eso, el secretario comunal insistió en que los trabajadores estatales llegan al territorio para hacer "pasar" los encuentros como consultas, pero "nosotros sabemos que no se están cumpliendo los pasos que hacen a una verdadera consulta".
A modo de ejemplo, aseguró que los avisos de los encuentros se dan de un día para otro, en este caso, fue del domingo al lunes, lo que les impidió avisar a todos los referentes. También dijo que desde el Estado no se consideró la presencia de intérpretes de sus lenguas para que puedan transmitir la información en los idiomas allí presentes, como el wichí o guaraní.
"No nos brindan los recursos necesarios para que nosotros podamos interpretar todo este proyecto", manifestó, recordando que si se cumple protocolo establecido para la consulta, se debería contratar a técnicos capacitados en la temática intercultural. "Te caen sólo con palabras técnicas y si no estás al tanto, no entendés", cuestionó.
Para Neuenschwander, lo que se emprenderá hoy en la zona sólo representa un estudio "simple" para que puedan cumplir con los requerimientos y seguir el proyecto. "Tendría que ser un estudio más profundo, pero no nos quieren dar participación a la gente", lamentó.
El secretario comunal insistió en que el territorio de su comunidad está relevado en el marco de las previsiones de la Ley 26.160. Este relevamiento se hizo entre entre 2006 y 2010, pero aún no les entregaron las carpetas técnicas. Esta ley que declara la emergencia territorial indígena ordena un relevamiento jurídico, catastral y de la ocupación territorial ancestral de las comunidades que habitan el territorio argentino; y ordena que, mientras se termina este relevamiento, se suspenden los desalojos de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
"En el mapa se puede observar claramente que la ruta pasa por nuestros territorios relevados por el INAI", sostuvo Neuenschwander, quien recordó que en su comunidad ya sufrieron "las consecuencias por los desmontes ilegales que se vienen realizando desde hace tiempo".
