El juez porteño Norberto Circo concluyó que el ataque al Congreso el día de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Diputados debe ser investigado por la justicia federal y por eso decidió inhibirse y mandar la causa a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien le había reclamado ya el expediente. La resolución  dice que es claro que se trató de un hecho único, más amplio que lo que abarca la pesquisa de la ciudad, y que pudo haber tenido una organización previa "con el propósito de afectar la función legislativa". 

En la causa a cargo de Circo hay tres detenidos, a quienes el Ministerio Público Fiscal vinculó con el Movimiento Teresa Rodríguez, aunque no todos pertenecen a esa organización. En la de Capuchetti, que ya tomó dos indagatorias y este miércoles toma una tercera, no hay nadie en prisión y sobre las personas identificadas arrojando piedras hasta ahora no se determinó una vinculación con esa u otras organizaciones. 

"Resulta necesario que sea un único Juzgado que intervenga en la presente pesquisa, pues de lo contrario, además de resultar un dispendio jurisdiccional mantener dos investigaciones sobre hechos que se encuentran íntimamente vinculados entre sí; también podría resquebrajar garantías constitucionales, tales como el debido proceso y el juez natural", dice la resolución del juez Circo. 

Por lo pronto, todo indica que las defensas de Oscar Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero y Julián Lazarte --los tres detenidos-- consentirán el pase de la causa a los tribunales de Retiro. Existe la posibilidad de que el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Camblong, se oponga, lo que demoraría el trámite. 

Para el juez porteño ya está "debidamente probado" lo que atañe a su competencia, que es que "el accionar contra el Congreso de la Nación, derivó en el ataque a la Policía de esta Ciudad de Buenos Aires y a los posteriores desmanes, provocando un daño a su erario público". Pero, aclara, existe vinculación con lo que investiga Capuchetti:  "Podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, con el fin de provocar el estado de alarma (delito de intimidación pública) con el propósito de afectar la función legislativa. Tampoco puede soslayarse que los integrantes de la Policía de la Ciudad que fueron agredidos en el curso de estos mismos sucesos se encontraban cumpliendo funciones de seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional". 

Las piedras arrojadas al Congreso rompieron la ventana del despacho de Cristina Fernández de Kirchner. También afectaron a los despachos de José Mayans y Claudia Abdala, al frente.  

Esta semana Capuchetti aceptó como querellante a la presidencia del Senado, que representa CFK. En un escrito presentado por la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos, se hizo hincapié en las pedradas dirigidas a la oficina de la vicepresidenta con ostensibles marcas de bombas de pintura roja que parecían tener la función de marcar el objetivo. Además de los daños al edificio y al despacho, señaló el peligro a que fueron sometidas las personas que estaban allí: la propia vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner, les senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti.

La causa de Capuchetti tiene por ahora 11 sospechosos de haber participado en la agresión. Dos fueron indagados, un tercero será interrogado hoy y hay cuatro pedidos de captura pendientes, sobre personas que no fueron ubicadas en sus domicilios.