"En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 por ciento, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 por ciento, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales", adelantaba Rodolfo Walsh en la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar que le hizo llegar a Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti un día antes de su secuestro y desaparición, el 25 de marzo de 1977.

Había pasado un año del inicio del gobierno de facto y los números ya dejaban al descubierto la miseria planificada de la política económica y social del gobierno de facto. Pasados los años, la situación se agravó: el sector asalariado pasó de tener una participación del 45 al 22 por ciento en el ingreso nacional entre 1974 y 1982. Esta disminución, consigna Eduardo Basualdo en sus Estudios de Historia Económica Argentina, se explica por una doble vía. Por un lado, la disminución drástica del salario - en 1983 el salario medio era 40 por ciento más bajo que en 1974 - y en consecuencia un aumento de las ganancias empresarias que llegaban, en muchos casos, a ser extraordinarias.

"Con la particularidad", agrega  la contadora y licenciada en Economía Judith König en su trabajo El aspecto económico más relevante de los delitos de lesa humanidad en Argentina: el despojo sufrido por los asalariados, "que durante este período el nivel salarial fue establecido a sangre y fuego, a través de la represión ilegal". 

Judith König es sinónimo de prócer en los pasillos de tribunales. Asistió, desde 1985 hasta su muerte en febrero de este año, a fiscales de todo el país para encontrar pruebas contables, financieras y económicas en las causas judiciales. Trabajó en causas icónicas desde el Juicio a las Juntas hasta la de Mauricio Macri y el Correo Argentino, pasando por el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray y la Tragedia de Once. Siempre vinculando aspectos económicos con sociales a través de cálculos contables y financieros.

Cuando entrados los 2000 el gobierno de Néstor Kirchner posibilitó la apertura de causas por delitos de lesa humanidad que habían quedado enterradas junto con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las investigaciones hicieron foco en un nuevo cómplice de la represión: la sociedad civil y, dentro de ella, la elite empresaria. 

Fue en este punto donde König, junto con el equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y financiero del Ministerio Público Fiscal, se concentró y analizó los balances de Papel Prensa, Ledesma, La Nueva Provincia, Molinos Río de la Plata y Loma Negra para cuantificar el daño económico sufrido por los trabajadores y, en consecuencia, las ganancias de los empresarios como un elemento más para la investigación de crímenes de lesa humanidad. En el aniversario número 46 del inicio de la última dictadura militar, PáginaI12 recupera algunos de estos aportes.

Otro enfoque

"Hay una fuerte correlación entre la abrupta caída en la participación de los asalariados en el total del ingreso nacional y la cantidad de personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas o desaparecidas por las fuerzas represivas durante ese período", determina König en el informe mencionado y corrobora mediante datos que la caída más escandalosa en el ingreso de los asalariados (-40 por ciento) se da en 1976, año en el que las autoridades militares cometen la mayor cantidad de crímenes de todo el período dictatorial, pasando de 1.000 a más de 5.000 personas detenidas-desaparecidas.

Bajo esta premisa, König propuso dar un nuevo enfoque judicial a los juicios que condenaban a quienes ejecutaron las persecuciones a la clase trabajadora, demostrando la motivación económica subyacente a esos crímenes, cuantificando el perjuicio sufrido por los trabajadores y el consecuente beneficio obtenido por los empresarios.

Judith König, la investigadora especializada en delitos económicos que trabajó en las causas de la dictadura y la del Correo Argentino.

Para ello, analizó los estados contables y la documentación societaria en la que se encuentra registrado el pago de salarios, la distribución de los ingresos de la empresa entre capital y trabajo y la política salarial y de recursos humanos implementada para los casos de secuestro y desaparición de trabajadores, representantes o abogados que reclamaban sus derechos. 

Entre la documentación contable analizó la existencia de determinados rubros - como por ejemplo la previsión en concepto de indemnizaciones en el caso de que la empresa tuviese que aplicar la Ley de Contrato de Trabajo- para medir y comprobar en cada caso la correlación existente entre el tipo de represión ilegal sufrida por los trabajadores o sus abogados y la ganancia obtenida por la empresa.

El caso Loma Negra

La productora de cemento Loma Negra fue el primer caso abordado desde este enfoque por la justicia argentina. König descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72 por ciento.

En el juicio por el secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno, el abogado laboralista que litigaba contra la empresa en representación de los trabajadores por el pago de indemnizaciones por enfermedades ocupacionales y reclamos por la implementación de medidas de seguridad e higiene, el análisis contable visibilizó una clara motivación económica por parte de los dueños de la empresa en el crimen.

La firma tuvo resultado negativo únicamente en el balance que cerró el 31 de marzo de 1976 - correspondiente al año fiscal anterior-. Pasó de soportar pérdidas por más de 100 millones de pesos en 1976 a obtener ganancias que se incrementan a lo largo del período, logrando un pico máximo de casi 150 millones de pesos durante el ejercicio contable que cerró el 31 de marzo de 1981. En el mismo periodo el costo laboral, que representaba un 19 por ciento de los ingresos totales en el ejercicio 1974/1975 , disminuyó hasta representar un 9 por ciento en 1981. 

Estas cifras, que de por sí solas son un crimen, se dan en el contexto de persecución gremial, que incluyó el secuestro y  asesinato del abogado laboralista que presentaba las demandas judiciales contra la empresa y al que, luego de su muerte, los trabajadores no pudieron reemplazar porque no consiguieron que un abogado los representara en sus reclamos contra la empresa. 

El principal hallazgo en este caso lo encontró König y su equipo en uno de los rubros contables de los libros de la empresa: Previsión Ley 20.744. Allí se agrupaban los importes que la firma pensaba que iba a erogar en materia de indemnizaciones. 

"No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos: vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho sucedió en el ’77, y para el año siguiente el importe bajaba. Eso está ubicado en Pasivos no Corrientes. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. No se extinguió, pero disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período", explicaba la abogada en una entrevista con este diario en 2014. 

Cada caso estudiado por Judith König y su equipo es un microejemplo de esto que a nivel macroeconómico se constata con la distribución inequitativa de la riqueza, eso que Rodolfo Walsh advertía a tan solo un año de iniciada la última dictadura militar argentina.