La asamblea extraordinaria de los accionistas de Sancor aprobó por unanimidad la "reestructuración" de la empresa, condición del Gobierno de Mauricio Macri para habilitar el pago de la segunda parte del fideicomiso de 450 millones acordado para restablecer la operatividad de la histórica firma de lácteos. Los accionistas, reunidos en la sede central de Sunchales, estructuraron un plan de acción a tono con las condiciones puestas por Cambiemos para acceder al crédito de salvataje, que el gremio Atilra venía denunciado como una "extorsión" para iniciar un plan de despidos y el posible cierre de 4 plantas tildadas de "ineficientes".
Productores, síndicos y directivos levantaron la mano en la sede central de la empresa láctea para dar el sí al "Plan Sancor" que, en lo formal, le otorga el poder al Consejo de Administración para que "negocien las condiciones, contrataciones y cláusulas contractuales" y constituir el fideicomiso. El primer paso será la "reestructuración" denunciado por el gremio lechero y el posible avance sobre las fábricas consideradas "ineficientes".
La firma espera conseguir de esta manera el ingreso del socio privado que aporte capitales para retomar la totalidad de la producción en las 12 plantas que quedarían en pie, si se confirma el cierre pronosticado de las 4 que están paralizadas desde hace meses: Brinkmann y Coronel Moldes (en Córdoba), y Coronel Charlone, en Buenos Aires son las que presentan peores perspectivas. Una cuarta planta ubicada en Centeno, Santa Fe, tiene posibilidades de ser adquirida por otra empresa láctea o avanzar en un "Plan B" que el secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, señaló como la posibilidad de conformar una cooperativa entre los operarios y que Sancor entregue la planta en pago de las indemnizaciones.
Por su parte, el gobierno nacional consiguió enviar un mensaje flexibilizador a todo el sector en crisis. A principios de mes, Macri marcó las condiciones para realizar el préstamo de salvataje: exigió que los trabajadores resignen un 15 por ciento de sus salarios y luego avanzó sobre el bono extraordinario que las empresas pagan por cada trabajador desde 2009, destinado al fondeo de la obra social gremial. Además, el Gobierno logró que el gremio aceptara discutir puntos centrales del convenio colectivo como regímenes de licencia, accidentes y enfermedades, polifuncionalidad o multitareas y presentismo.
Con esas condiciones, el Gobierno acordó bajar los primeros 200 millones del préstamo de 450 millones. Como publicó hoy PáginaI12, la aprobación del plan de acción de hoy va más allá: “El Gobierno quiere que SanCor haga una reestructuración para darle los 250 millones restantes. Están exigiendo que echen gente”, sostienen desde Atilra.
El gobierno de Santa Fe, encabezado por Miguel Lifschitz, fue crítico de la ayuda de Cambiemos hacia el sector lechero en la provincia. La semana pasada, el ministro de la Producción Luis Contigiani calificó de "relato duranbarbista" la asistencia del Estado nacional para el sector por las inundaciones sufridas en el verano y defendió la administración cooperativa frente al "desprestigio" y la "mirada privatista" impuesta desde el Gobierno nacional.
"El mundo maneja la lechería en entornos cooperativos y la Argentina está penando en un camino inverso", advirtió Contigiani y recordó que a mediados del año pasado había entregado junto a Lifschitz una propuesta "nacida del diálogo con todos los productores" al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.