Carabineros, la policía de Chile, firmó un acuerdo con el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas (AIPG), con el fin de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de derechos humanos. El director de Carabineros, el general Ricardo Yañez, dijo que el convenio permitirá dotar a cada efectivo de las herramientas para poder cumplir sus funciones "sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos". El gobierno de Gabriel Boric había ratificado días atrás su decisión de impulsar un cambio "de fondo y estructural" en la fuerza policial chilena, luego de que se multiplicaran las críticas por un nuevo accionar represivo de sus agentes y se difundiera que escuchaban conversaciones de un dirigente mapuche luego asesinado.
Yañez destacó que el acuerdo da cuenta de la responsabilidad de Carabineros de "generar una cultura de respeto a los derechos humanos, hoy día muy presente" en los "procesos formativos" de la fuerza. El convenio fue firmado por Yañez y la directora de Programas para América Latina de AIPG, María Eugenia Carbone. "Es un tremendo hito en este camino de reforma que hemos emprendido", dijo el general al noticiero 24 Horas.
El acuerdo fue suscripto en la misma semana en la que hubo diversas acusaciones a Yañez y organizaciones de derechos humanos pidieron su renuncia. Incluso para este viernes está convocada una protesta para solicitarle al presidente Gabriel Boric la destitución del oficial, a quien responsabilizan por la violación de derechos humanos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.
El gobierno de Boric anunció días atrás una reforma profunda de Carabineros. "Es un cambio de fondo y estructural, porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego irrestricto a los derechos humanos", explicó la vocera del gobierno, Camila Vallejo. La funcionaria dijo que el ministerio del Interior ya tiene en análisis “algunas medidas para adoptar a corto plazo”, entre ellas la prohibición del uso de balines, mientras trabaja en la "modificación de los protocolos para permitir y resguardar el derecho a la manifestación".
