Los próximos días podrían ser claves para definir si Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de Ledesma SA, deberá estar en el banquillo por la responsabilidad de la empresa en secuestros y desapariciones ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio en la provincia de Jujuy. El tribunal oral federal jujeño a cargo del juicio fijó fecha para el próximo lunes para escuchar a dos integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF) que ya habían dicho que el empresario de 94 años no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal.

En diciembre pasado, se conoció que el CMF había dicho que las capacidades mentales de Blaquier estaban alteradas, lo que lo volvía inhábil para sentarse en el banquillo. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) informó que sus peritos coincidían con el diagnóstico de los integrantes del Cuerpo Médico. Sin embargo, peritos del Ministerio Público y de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) afirmaron que Blaquier simulaba no comprender qué le preguntaban y que incluso había rechazado colaborar con el peritaje.

En esa línea, la fiscalía pidió que se realizaran nuevos estudios sobre Blaquier en una institución pública. La presidenta del tribunal, Alejandra Cataldi, estuvo de acuerdo y así lo ordenó el 9 de febrero pasado. Sin embargo, la defensa de Blaquier –que encabeza el excamarista Jorge Valerga Aráoz– impugnó esa resolución y logró que el tribunal le diera la razón.

Los jueces dejaron sin efecto la realización de los nuevos estudios y decidieron convocar a dos expertos del CMF a que expliquen sus conclusiones ante el tribunal. La audiencia será el próximo lunes a las 9 de la mañana por Zoom. Están citados Marcelo Rudelir, psiquiatra forense que habló del deterioro cognitivo de Blaquier, y la psicóloga Mónica Herrán, que también se expresó en la misma línea.

En la discusión sobre si correspondía realizar nuevos estudios quedó en claro que uno de los jueces considera que Blaquier no debe afrontar el proceso. Abel Fleming dijo que se ha acreditado en grado suficiente la inhabilidad de Blaquier para estar en juicio oral y público y rechazó que se le hicieran nuevos estudios médicos diciendo que podía ser un “atentado a los derechos humanos” del imputado. “Habilitar la reiteración de peritaciones con el propósito de lograr llevar a juicio a quien claramente no está en condiciones de hacerlo creo que solo provocaría un efecto deslegitimador sobre lo que bien ha actuado la justicia argentina en pro del juzgamiento de los crímenes perpetrados por el apartado de Estado durante la dictadura militar”, escribió Fleming.

Su colega Gabriela Catalano, por su parte, sostuvo que el planteo de la fiscalía era genérico y no se entendían cuáles eran las falencias que sus peritos observaban. Cataldi afirmó que, pese a creer que debían hacerse sus análisis nuevamente, estaba de acuerdo con Catalano en convocar a los expertos del CMF para que explicaran por qué entienden que Blaquier no puede ir a juicio. Se esperan definiciones sobre la suerte de Blaquier después de la audiencia del lunes.

El poder de dilatar

La denuncia sobre el rol de Ledesma en la represión lleva décadas y es un triste emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Olga Márquez de Aredez fue el ícono de la denuncia contra el ingenio al que el propio Blaquier definía como un “mini Estado”. 

Recién en 2012, un juez que no era de la jurisdicción, Fernando Poviña, se atrevió a procesar a Blaquier. Lo hizo en dos causas. La primera incluyó tres secuestros ocurridos en los primeros días del golpe. Uno de los secuestrados fue el médico y exintendente Luis Arédez, esposo de Olga. La segunda causa estuvo centrada en lo sucedido con 20 personas que fueron secuestradas entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches de los Apagones, cuando el corte de suministro eléctrico permitió que las fuerzas de seguridad –que usaban los transportes que proveyó la empresa– se llevaran a decenas de personas. Los secuestrados pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunos desaparecieron, otros fueron liberados y otros incluso pasaron a prisiones remotas del lugar, como la Unidad 9 de La Plata.

Después de que la Cámara Federal de Salta confirmara los procesamientos en 2013, Blaquier debió seguir su camino hacia el juicio oral. Sin embargo, hizo su entrada en escena la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los procesamientos en marzo de 2015, cuando ya soplaban vientos de cambio. Lo hicieron los casadores Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Al dictarle una falta de mérito, la Casación logró impedir que Blaquier se sentara en el banquillo y dilatar las definiciones para que el paso del tiempo jugara a favor de la impunidad.

La Corte hizo su propio aporte a la demora. Tuvo en un cajón durante otros seis años la resolución de la causa. En julio del año pasado, los cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco anularon el fallo de la Casación, a la que acusaron de haber obstaculizado indebidamente el proceso. Carlos Rosenkrantz votó en sintonía con los intereses de Blaquier y Ricardo Lorenzetti no participó de la deliberación. Fueron casi diez años en los que se estiró la definición de una causa cuyo principal imputado ya superaba los 80 años al momento de ser procesado.

Tras la resolución de la Corte, el juez federal Esteban Hansen lo elevó a juicio. Sin embargo, Blaquier llevó la queja a la Cámara Federal de Casación Penal. Esta semana, los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron esos planteos de Blaquier y de Alberto Lemos, el administrador general de Ledesma. Con esa resolución queda claro que el juicio por la responsabilidad de Ledesma deberá hacerse: si Blaquier es desvinculado, Lemos tendrá un lugar en el banquillo de los acusados esperándolo.