"Exigimos a los gobernantes que gestionen para el bienestar y prosperidad del pueblo"

A 46 años del golpe cívico, eclesiástico y militar, en la provincia de Salta se vivieron múltiples manifestaciones e intervenciones. Aún así, la convocatoria que se realizó en la mañana de ayer desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta junto a la Liga Argentina de Derechos Humanos logró reunir al mayor número de personas que se vieron en las más de 10 cuadras de marcha. Los abrazos fueron la característica principal de la movilización capitalina. 

A lo largo de todo su recorrido, y en la lectura final del documento único, los presentes reafirmaron que los sucesos del terrorismo de Estado en Salta se iniciaron antes de aquel 24 de marzo de 1796. Ya en 1975, la cárcel de Villa Las Rosas, ubicada en la capital salteña, contaba con sus primeros detenidos, como fue el caso de los 11 acribillados de La Masacre de Palomitas. También "el secuestro del gobernador Miguel Ragone ocurrió unos días antes del golpe de Estado", agregaron, precisamente fue el 11 de marzo de 1976, cuando salía de su casa y se dirigía a cumplir su labor de médico. De hecho, la justicia ya ha dicho que en la provincia la represión comenzó el 23 de noviembre de 1974, con la inteervención al gobierno de Ragone. 

Si bien ya hay condenados por la desaparación de Ragone, como es el caso del ex jefe del Ejército en la provincia, Carlos Alberto Mulhall (fallecido en 2014); el ex jefe de Policía Miguel Raúl Gentil (fallecido en 2020) y el comisario retirado Joaquín Guil, que recibieron prisión perpetua; aún resta que la Justicia haga lo mismo con otras causas. Por eso, en la marcha se recordó que aún esperan "el juicio y castigo (al ex juez federal) Ricardo Lona por las víctimas de Palomitas y por todas las denuncias en las que no investigó". 

"Nuestros compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de estado fueron hombres y mujeres que lucharon por una patria más justa libre y soberana", expresaron durante la lectura del documento en el Portal de la Memoria. En esa línea, repudióaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues aseguraron que las "políticas públicas, nuestra soberanía, los precios de los alimentos, los planes habitacionales, la salud y la educación pública van a estar atados por mucho tiempo a las condiciones y exigencias" del Fondo. 

Para los organismos, precisamente, los detenidos desaparecidos se enfrentaron a esos grandes poderes de las corporaciones internacionales y transnacionales. Además, sostuvieron que "no fue casual que las fuerzas represivas del país fueran entrenadas y subvencionadas por la escuela de las Américas antes del Golpe de 1976".

Tampoco dejaron de lado las críticas al gobierno local de Gustavo Sáenz, sobre el que recordaron el incumplimiento de distintas políticas anunciadas como el programa “Mi Lote”. "La crisis habitacional sigue creciendo al igual que las penalidades, a quienes intentan, por necesidad, ocupar un terreno", manifestaron, agregando que nada pasa con las promesas de generación de nuevos puestos de trabajo. 

Para la Mesa de Derechos Humanos de Salta, sólo crece la represión y la intolerancia hacia las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. En el reclamo expresaron una similitud con el gobierno municipal de Bettina Romero, quien lanzó la campaña “Puso Orden”, luego de los conflictos que afectaron a los trabajadores manteros, que terminaron siendo expulsados de los principales circuitos del centro salteño. 

"Exigimos a los gobernantes que gestionen para el bienestar y prosperidad del pueblo y no para sus mezquinos intereses y sus ambiciones personales. El pueblo ya no puede esperar más", sentenciaron al tiempo que indicaron que aún quedan leyes de la dictadura vigentes en la provincia, como la N° 5298, sancionada el 3 de julio de 1978, y que establece el Código de procedimiento laboral. 

Por primera vez, la marcha contó con una columna de trabajadores de deliverys, quienes acompañaron toda la movilización desde sus motocicletas. Quienes volvieron a decir presente fueron el grupo de tambores autoconvocados junto a la murga Rompiendo Esquemas, que suelen darle ritmo y canto a la caminata. 

Al pedido por los trabajadores de la economía popular, sumaron la situación crítica que viven los pueblos originarios de la provincia, sobre todo, en el Chaco salteño. Aseguraron que las medidas que se toman desde el Ejecutivo provincial, "siempre son de emergencia e insuficientes", dejando de lado la cosmovisión indígena. 

Y denunciaron la existencia de una crisis humanitaria en las comunidades. Aseguraron que existe una acción reiterada de desmontes, fumigaciones, contaminación de ríos con agrotóxicos, escasez de alimentos y fallidas políticas públicas provinciales alimentarias y sanitarias, que "provocan año tras año la muerte de niñas, niños y ancianos por desnutrición y deshidratación". 

Por eso instaron a que también se instalen políticas educativas que permitan revalorizar la cultura de los pueblos originarios. Sumaron la demanda de urgentes políticas públicas con perspectiva de género, y que se dejen de "justificar los femicidios y violaciones (a mujeres indígenas) con pautas culturales. Ninguna cultura puede apoderarse de los cuerpos de las mujeres". En Salta, en lo que va del año, se cometieron dos femicidios en comunidades indígenas, en los que fueron asesinadas las niñas Pamela Flores (12) y Florencia Torres (14). 

Al grito de "Nunca Más", los manifestantes pidieron el cese del gatillo fácil, de la criminalización de la pobreza; que no haya más familias desalojadas; el cese de la discriminación a las identidades sexuales y de la persecución a los pueblos originarios "despojados de sus territorios de sus tierras, de su agua y de su cultura". "Nunca más femicidios que el estado pudo evitar con la atención temprana de las denuncias de las víctimas", manifestaron, añadiendo el pedido de liberación a Milagro Sala y el sobreseimiento a la medica Miranda Ruiz, quien es perseguida judicialmente por haber garantizado el derecho de la interrupción legal del embarazo en Tartagal. 

Homenajes para la memoria 

Además de la marcha de la mañana, se vivieron otras intervenciones emotivas en el marco del Día de la Memoria. Una de las primeras ocurrió el día previo al 24, cuando el Colegio de Psicólogos de Salta, rindió homenaje a Beatriz Perosio, psicóloga desaparecida por el terrorismo de Estado, colocando su nombre a una de las salas del edificio. Perosio fue también militante de la Vanguardia Comunista, hoy Partido de la Liberación, y era presidenta de la Federación de Psicólogos de Argentina al momento de su desaparición. 

A la cero hora del mismo 24, en la ciudad de Orán, se rendió homenaje a René Russo, empleado municipal dirigente del SOEM y músico trombonista de la Banda Municipal de Música, que fue secuestrado por Gendarmería Nacional el 24 de marzo de 1976. También era parte de la Federación Juvenil Comunista. 

Russo fue desaparecido el 24 de diciembre de ese año, desde el penal de Villa Las Rosas. La actividad en aquella ciudad contó con la participación del colectivo de Artistas Autoconvocados de Orán, con el reconocido cantautor "Ricky" Zarra, también participaron integrantes de organizaciones de derechos humanos de esa localidad y, por primera vez, la Banda Municipal de Música. 

Las actividades de memoria contaron con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la provincia, que sumó actividades en Metán, donde se restauró un mural en el Paseo de la Memoria junto a artistas locales y organizaciones de derechos humanos. 

También hubo una manifestación artística en las inmediaciones del Dique Cabra Corral, en Coronel Moldes, donde se intervino el puente de la mano de las artistas Tatiana Castillo y Tatiana Papi, que pintaron la palabra "Memoria".  

Con estas acciones desde el organismo provincial se intenta ir ubicando "Lugares de memoria”. "A partir de estas intervenciones, la Secretaría de Cultura propone impulsar el ejercicio de la memoria como tarea fundamental para garantizar la vigencia del respeto por la vida y la justicia", precisaron. 

En la capital salteña, y por la tarde, se realizó una segunda marcha convocada por la Red de Derechos Humanos junto a organizaciones y partidos de izquierda.